Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha asegurado en una entrevista concedida a La Vanguardia que tanto la patronal como los sindicatos están implicados en las reformas del mercado laboral que el Gobierno está planteando que respetan el acuerdo entre PSOE y Podemos y que se van a dar a conocer esta misma semana.
La ministra ha sido contundente cuando ha afirmado que «no nos vale volver al 1997 ni al 2006. Los problemas estructurales del mercado de trabajo estaban en el 2006, en el 2000, 2001. Por tanto, lo que vamos a hacer es una gran revolución en el empleo en España».
Las reformas en las que se está trabajando se centran en la ley de trabajo a distancia, de transparencia salarial o de los riders, de la negociación colectiva y la subcontratación o la formación, y estarán publicadas, según Díaz, en el BOE antes de fin de año. Solo se ha dejado para 2022 la ley de Empleo, el nuevo marco para políticas activas, del que ya hay un borrador.
Díaz ha señalado que la realidad del mercado laboral español escandaliza en la UE. «En Europa, nadie puede entender por qué en 2019 tuvimos más de 6 millones de contratos con una duración inferior a siete días. No es posible tejer un país con estas modalidades de contrato. Hay que cambiar también el modelo de arriba abajo […] habrá que justificar la causa por la que un contrato no tiene carácter indefinido», ha dicho Díaz.
La ministra ha destacado que «no se puede construir un país, ni recuperar, a pesar de los fondos europeos, un país con un contrato social quebrado. Hay estancamiento en las clases profesionales, en las clases medias, y hay enormes dificultades para desarrollar proyectos de vida con cierta dignidad».
Una de las claves de la reforma es compatibilizar la estabilidad del empleo con mecanismos de flexibilidad. Díaz ha anunciado siete grandes inversiones que se van a desplegar en el mercado del trabajo, pero no ha concretado la cuantía.
Sobre la posibilidad de que el Gobierno permita, como pide la patronal, los despidos tras la prórroga de los ERTE causados por la pandemia, Díaz ha declarado que «sería absurdo que un mecanismo que es de flexibilidad interna para el mantenimiento del trabajo, que supone cantidades ingentes de dinero público, permita despedir».
