Yolanda Díaz ha conseguido tejer, in extremis, una mayoría suficiente para sacar adelante la reforma laboral. Un tanto más en el casillero de una mujer cuya figura figura política se agranda a medida que avanza esta procelosa legislatura Sánchez. Sin duda, Díaz quedará como la ministra que fue capaz de poner de acuerdo a Gobierno, patronal y sindicatos en torno a un marco legal bastante más digno que el que instauró Mariano Rajoy en el año 2012, cuando metió la tijera sin piedad a las clases trabajadoras de este país.
La reforma laboral Díaz no es lo prometido por el Gobierno de coalición (se nos ofreció derogación completa y ese incumplimiento quedará para la historia como los 800.000 puestos de trabajo de Felipe González), pero es justo reconocer que recoge importantes avances para ir recuperando los derechos perdidos de las clases maltratadas de la sociedad. El decreto no es el ideal ni la suma perfección y sin embargo rompe con el sistema laboral cuasiesclavista implantado por el PP, trata de superar la precarización del empleo en España y supone un paso más, un avance en la secular lucha de las clases obreras contra la injusticia social. Ya dijo Eduardo Galeano que la utopía sirve para caminar, aunque el horizonte que imponen los poderosos siempre quede muy lejos.
Hoy, algunos partidos han dicho no a un decreto impregnado por el espíritu de la decencia, lo cual debería ser suficiente para optar por un voto afirmativo. Y en primera línea de los detractores está, cómo no, el PP. ¿Por qué el principal partido de la oposición rechaza un proyecto que viene avalado por los suyos, por las gentes del dinero, por los patronos de patronos? Las razones son varias y diversas. En primer lugar, están en contra, por sistema, de todo lo que venga de un Gobierno que consideran ilegítimo. Con recordar que Pablo Casado se opone a que la Unión Europea transfiera 140.000 millones en fondos de recuperación a nuestro país está dicho todo sobre la catadura moral del personaje que predica patriotismo y apuñala a los españoles en los pasillos de Bruselas.
Pero, sobre todo, y por encima de todo, están en contra porque esta reforma erosiona privilegios e intereses del gran capital y de las clases dominantes. El nuevo texto legal está muy lejos de constituir un decreto soviético, bolchevique o revolucionario, pero de alguna manera les duele, les pica, les toca la moral. Por eso Cuca Gamarra se mostraba hoy tan indignada en la tribuna de oradores de las Cortes. Por eso le temblaba el pulso cuando tomaba notas en su cuaderno mientras Yolanda Díaz le daba un soberano repaso sobre Derecho Laboral, una materia en la que la ministra es catedrática y doña Cuca una alumna repetidora que no se sabe las lecciones. A la portavoz conservadora se la veía nerviosa no solo porque hasta la patronal, tradicional aliada de la derecha, ha mostrado más responsabilidad y sentido de Estado que el Partido Popular, sino porque el decreto va contra el ADN mismo de lo que en España se entiende por ser de derechas y que consiste en defender el viejo principio caciquil de que al obrero hay que darle caña hasta que hable inglés.
La infame legislación laboral popular deja 22 millones de contratos temporales, los mayores índices de precariedad del mundo civilizado y los salarios más bajos (641 euros mensuales, un sueldo a la altura de países tercermundistas). La vergüenza de Europa, “la peor carta de presentación de un país”, como muy bien dice Yolanda Díaz. Estos días Casado se ha sacado otra matraca de la manga, la de la “mochila austríaca”, una medida que no quiere ningún país europeo y que se aplica en unas cuantas regiones de Austria y poco más. Hoy, Díaz ha desenmascarado cuáles son las verdaderas intenciones del PP al proponer ese pesado macuto a la espalda de los trabajadores: que el Estado pague los despidos caprichosos de los empresarios con cargo a 10.000 millones de euros de los fondos para la recuperación económica, un dineral que de aplicarse a ese cometido ya no podría servir para reforzar la Sanidad o la Educación. Un intolerable ejercicio de neoliberalismo salvaje que atenta contra la filosofía misma del Estado de bienestar.
La reforma Díaz no les gusta porque recupera la ultraactividad o prórroga automática de los convenios colectivos mientras se negocia un nuevo pacto entre empresa y trabajadores. Rajoy se cargó de un plumazo este blindaje de derechos adquiridos en el mayor ataque que se recuerda contra el proletariado de este país, una aberración que los abogados laboralistas conocen, en su argot del día a día en los tribunales, como la “muerte súbita” de la negociación colectiva. Tampoco les motiva esta reforma porque supone rescatar la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa, una medida que permitirá mejorar salarios (hasta 12.000 euros más para los trabajadores en algunos casos). Ya se sabe que cuando a la derecha se le habla de subir jornales es como si a un vampiro se le pusiera delante una ristra de ajos. Pese a todo, el calvario de las camareras de piso, las sufridas Kellys que trabajan de sol a sol por una misera, está más cerca de verse aliviado con este decreto.
Cuando Fátima Báñez defendió la nefasta reforma de 2012 dijo que aquello de “es lo que hay”, o sea, que era preciso elegir “entre el paro o el trabajo precario”. Y así fue como construimos un país de pobres explotados laboralmente. Millones de jóvenes tuvieron que emigrar porque en España no se podía vivir con los salarios de miseria del PP. “Movilidad exterior”, lo llamaron sus señorías de la bancada popular en un fantástico eufemismo. También eso está a punto de acabar con la nueva normativa.
Pero, más allá de debates jurídicos, lo que más miedo da del Partido Popular es que ya se haya echado definitivamente al monte de la mano de la extrema derecha de Vox. Escuchar a la portavoz Gamarra decir que la Inspección de Trabajo roza lo delictivo cuando investiga casos de fraude laboral pone los pelos de punta y da una idea de hasta dónde ha llegado este partido. No les agrada que los inspectores anden husmeando o metiendo las narices en las empresas porque se les acaba el chollo de la explotación y la trapacería, dos de los pilares en los que se asienta la reforma de 2012. La ley Díaz refuerza las sanciones y por lo visto al PP eso le provoca urticaria. Definitivamente, este partido se ha situado en el submundo antisistema. Al final de su intervención, cuando Gamarra se ha visto sin argumentos, no le ha quedado otra que tirar de demagogia barata y apelar al fantasma del comunismo encarnado en Dolores Ibárruri, la Pasionaria, una solemne estupidez porque esta reforma viene avalada por la patronal. Salvo que Garamendi sea un rojo peligroso, el argumento de la derecha que apela al miedo al trosko cae por su propio peso.
Para el recuerdo quedará la lección magistral de Derecho Laboral que ha dado Yolanda Díaz con datos, conocimientos y doctrina laboral. Si el PP considera que esta reforma es un atraco (en realidad el atraco lo dieron ellos en 2012 cuando sacaron adelante la suya aplicando el rodillo que acabó con dos huelgas generales) es que el texto legal va por buen camino. Ladran luego cabalgamos.
