El Supremo anuló el ascenso al máximo nivel de la fiscalía de la que fue ministra y fiscal general del Estado, Dolores Delgado, con una sentencia de la sala de Lo Contencioso Administrativo, en la que criticaba la decisión de Álvaro García Ortiz, su sucesor, al que llegó a acusar de “desviación de poder” para encumbrar a su antecesora. La respuesta de Delgado fue pedir amparo al Tribunal Constitucional. Y la corte de garantías se encuentra, en estos momentos, debatiendo la admisión a trámite de dicho recurso. Y este debate ha generado el primer gran enfrentamiento entre los siete magistrados progresistas y los cinco conservadores que, desde que se incorporó José María Macías, un ultraconservador que ya mostró su talante siendo vocal del CGPJ, han declarado la guerra abierta a sus compañeros. No les pasan ni una. El presidente, Cándido Conde Pumpido, quería que la admisión a trámite del amparo a Delgado se decidiese en la sala primera, tal y como se ha hecho en otras ocasiones. Y Macías se ha opuesto radicalmente.
Lo peor es que esta disposición obliga, a partir de ahora, a tener que estudiar en plenario otros recursos de amparo como es el de Francisco Martínez, exsecretario de Estado para la Seguridad, contra las conclusiones del Congreso de los diputados sobre 'Kitchen', y otros entre los cuales también figura un nuevo triunfo de los conservadores: la impugnación de la resolución por la cual no se admitió a trámite, en un primer momento, los recursos de inconstitucionalidad presentados por una docena de comunidades autónomas contra la ley de amnistía “por no estar legitimadas para ello”. No se sabe si bajo presión, pero lo cierto es que los letrados han redactado dos informes en los que dicen que las CCAA sí pueden recurrir este tipo de leyes.
Llevar al pleno la admisión a trámite del recurso de amparo de Dolores Delgado lo habían solicitado los tres magistrados conservadores de la sala primera, José María Macías, Ricardo Enríquez y Concepción Espejel, quienes se acogieron a la ley orgánica del TC que señala que, si lo piden, al menos, tres magistrados, el asunto deberá estudiarse en plenario. Según se ha podido saber, en la reunión de la sala de la semana pasada se suscitó un fuerte debate entre los tres magistrados conservadores y los tres progresistas. Oficialmente, estos decidieron aceptar la propuesta de sus compañeros “sin debate” según señalaron las fuentes oficiales de la corte de garantías. Pero circulan otras versiones. Y algo ha debido de haber cuando en la sala segunda, los miembros conservadores, otra vez Macías, que está en todas las salsas, Enrique Arnaldo y César Tolosa, volvieron a salirse con la suya y el pleno deberá estudiar también los recursos de los fiscales Esteban Rincón y José Miguel de la Rosa. El Tribunal Supremo anuló el nombramiento del primero de ellos como fiscal de menores por “falta de motivación del acto administrativo en lo específicamente atinente a la muy notable diferencia de experiencia en materia de derecho de menores”. En otras palabras, que los jueces de Lo Contencioso Administrativo estimaban que carecía de suficientes méritos para hacerse con la plaza. De la Rosa, por su parte, también competía por el puesto de fiscal de menores por lo que se convierte en parte del debate que van a emprender los magistrados.
Por lo tanto, habrá batalla en el pleno porque se va a ir mas lejos que las situaciones personales de los protagonistas de los ascensos en la fiscalía. Y ahí es donde quiere entrar la derecha judicial. Porque lo que se va a dilucidar es si la política de nombramientos que lleva a cabo la fiscalía general es constitucional. Por una parte, están las resoluciones de la sala de Lo Contencioso Administrativo del TS que han sido cuestionadas por expertos juristas. Por otra, los recursos presentados por los afectados. Y en medio la corte de garantías que, si da la razón a estos últimos volverá a situarse enfrente de sus compañeros del TS y se producirá un nuevo enfrentamiento institucional que será utilizado políticamente.
Y todo ello en la antesala de la “madre de todos los debates”, el de la constitucionalidad de la ley de amnistía, donde los jueces del Supremo piensan utilizar todos los medios a su alcance para evitar que su resolución sea rechazada por los “chicos de Conde Pumpido” como llaman los conservadores al grupo de magistrados progresistas del TC. La Sala Segunda del TS no las tiene todas consigo sobre todo porque uno de los puntos controvertidos de la ley se refiere al delito de malversación. Los jueces de la corte suprema argumentan que los condenados del procès no se llenaron los bolsillos con sus acciones, pero, al organizarlas con dinero público, malversaron. Habrá que ver lo que dicen en Doménico Scarlatti donde ya dieron un tirón de orejas a los inquilinos de la plaza de la Villa de París por su interpretación de la malversación en el caso de los Eres de Andalucía.
Además del contenido del debate, lo que quiere la derecha judicial es que este se prolongue el mayor tiempo posible. De ahí que sus representantes del TC hayan luchado a fondo para lograr que se tengan que admitir a trámite la docena de recursos presentados por las entidades territoriales, desde las Cortes de Aragón hasta la Junta de Castilla-La Mancha, esta ultima la del socialista Emiliano García Page que fue el primero en impugnar la resolución de inadmisión a trámite.
Ahora deberán estudiarse, uno a uno, estos recursos. Además, el del Partido Popular y las cuestiones planteadas por el propio Supremo y por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Los expertos calculan que el análisis jurídico de todos estos procedimientos, la elaboración de las respectivas ponencias, y el debate en el pleno llevará a la institución un año como poco. Por lo tanto, los plenos efectos de la ley de amnistía, si se llega a aprobar tal y como está redactada, no podrán hacerse visibles hasta finales del año que viene o principios de 2026 como muy pronto. Es la otra manera de cargarse esa ley. Lo de siempre. Anular por otros medios, lo que no se ha logrado con la fuerza de los votos.