El 13 de septiembre de 2022, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunciaba con gran pompa un paquete de medidas contra la ocupación ilegal de viviendas. La promesa de entonces incluía tratar a los afectados como "víctimas de delitos" y ofrecerles asistencia jurídica y psicológica gratuita. Ahora, casi tres años después, esas medidas vuelven a salir a la luz, pero con la misma falta de acción y efectividad que ya mostraron en su momento. La pregunta es clara: ¿por qué los madrileños tienen que costearle un abogado gratis a propietarios que ya cuentan con recursos suficientes para defenderse?
¿Una estrategia de humo?
El protocolo antiocupación, presentado nuevamente por Ayuso, parece más una estrategia de marketing político que una verdadera solución al problema. La presidenta, en su intervención reciente, repitió los mismos puntos que mencionó hace casi tres años. Las "18 Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos" que supuestamente van a ayudar a los afectados, y la promesa de proporcionar abogados gratis a las víctimas de ocupación, son medidas que carecen de base legal real. El Gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene competencias para intervenir en temas de policía ni en los tribunales, lo que convierte esta estrategia en un anuncio vacío y poco realista.
Es cierto que la ocupación ilegal de viviendas puede ser un drama para los propietarios, especialmente aquellos que se ven incapaces de recuperar sus propiedades. Sin embargo, tal y como destacan varios expertos, el problema de la ocupación no tiene la magnitud alarmante que algunos políticos quieren hacer creer. En 2022, en España hubo apenas 16.700 denuncias por ocupación, lo que representa un 0,06% del total de viviendas. En Madrid, aunque los casos de ocupación se siguen dando, la magnitud del problema es mucho menor que lo que se quiere presentar. De hecho, la propia Ayuso ha señalado que el teléfono contra la okupación ha atendido solo 246 casos en tres años, con un total de 44 desalojos realizados, lo que pone en duda la eficacia de esta medida.
¿Por qué el dinero de todos?
Una de las críticas más fuertes al protocolo de Ayuso es que los madrileños, que ya tienen a su disposición la justicia gratuita, están financiando un servicio que duplicaría lo que ya existe. Los abogados del Turno de Oficio, una red de abogados gratuitos financiados por el Estado, ya prestan asistencia legal a los afectados por la ocupación. ¿Por qué, entonces, Ayuso se empeña en crear una nueva estructura para ofrecer lo mismo? ¿Acaso se justifica este gasto con la excusa de que "es necesario" cuando los recursos del sistema ya están disponibles?
¿Realmente es necesario gastar dinero público en ello?
El Sindicato de Inquilinas de Madrid se ha mostrado especialmente crítico con esta iniciativa. Según su portavoz, Fernando de Los Santos, la medida del Gobierno de Ayuso desvía la atención de los problemas reales de la vivienda en la región. Mientras Ayuso se enfoca en la ocupación, el verdadero reto de la vivienda en Madrid sigue siendo el alto coste de los alquileres y la falta de viviendas sociales. Según sus cifras, hay más de 200.000 viviendas vacías en la región, una cifra que, para el sindicato, debería ser la verdadera prioridad del Gobierno.
El problema más grave de la vivienda en Madrid no es la ocupación
El problema más grave de la vivienda en Madrid no es la ocupación, sino el acceso a la misma. La Comunidad de Madrid sigue sin abordar de manera efectiva los altos precios de los alquileres y la falta de oferta de viviendas asequibles. Según el Banco de España, casi la mitad de los inquilinos en la región está en riesgo de pobreza, y el coste de la hipoteca ha aumentado significativamente debido a la subida del euríbor. Mientras tanto, las políticas de Ayuso continúan sin ofrecer soluciones reales a los madrileños que sufren las consecuencias de una crisis habitacional que afecta a miles de familias.
De hecho, Ayuso ha atribuido el aumento de los precios de los alquileres a la "Ley de Vivienda" aprobada por el Gobierno central. Según la presidenta madrileña, las políticas "bolivarianas" están destruyendo el mercado de la vivienda. Sin embargo, estos comentarios han sido ampliamente criticados, ya que el aumento de los precios no es responsabilidad exclusiva de la legislación estatal, sino de una combinación de factores que incluyen la especulación inmobiliaria y la falta de políticas públicas que fomenten la oferta de vivienda asequible.
La verdadera prioridad: la vivienda digna
La falta de vivienda social en Madrid es alarmante, especialmente si se compara con otros países europeos. En España, solo el 2,5% de las viviendas tienen un fin social, una cifra que está muy por debajo del promedio europeo. Sin embargo, el Gobierno de Ayuso sigue insistiendo en medidas que no abordan las causas estructurales de la crisis de vivienda. En lugar de centrarse en la ocupación, debería apostar por políticas que aumenten la oferta de viviendas asequibles y controlen los precios de los alquileres.
La presidenta de la Comunidad de Madrid debería centrarse en poner en marcha iniciativas que ayuden a los miles de madrileños que están en riesgo de quedarse sin hogar o que ya se ven obligados a vivir en condiciones precarias debido a los elevados precios del alquiler. Es fundamental que se tomen medidas que aseguren que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna, y no que se utilicen recursos públicos en medidas que solo buscan obtener réditos políticos.
Las medidas de Ayuso contra la ocupación ilegal de viviendas pueden parecer una solución a corto plazo, pero en realidad son solo una cortina de humo que desvía la atención de los problemas reales que enfrenta la región. La ocupación es un problema, pero la verdadera crisis de vivienda en Madrid es mucho más profunda y requiere un enfoque integral que aborde tanto la oferta de viviendas asequibles como el control de los precios. Mientras Ayuso siga presentando medidas que solo buscan hacer ruido, los madrileños seguirán pagando las consecuencias de una política ineficaz y desorientada.