La XXVII Conferencia de Presidentes, celebrada en el emblemático Palacio de la Magdalena en Santander, se presentaba como una oportunidad para abordar cuestiones apremiantes como la financiación autonómica, el acceso a la vivienda y la inmigración. Sin embargo, las expectativas de alcanzar acuerdos sustanciales eran bajas desde el inicio. A esta cita, presidida por el Rey Felipe VI, acudieron todos los líderes autonómicos, incluidas figuras clave como Isabel Díaz Ayuso, quien protagonizó su reencuentro con Pedro Sánchez tras su sonado plantón en la ronda previa de encuentros en La Moncloa.
Un foro bajo tensiones políticas
El encuentro se produjo en un contexto de alta tensión política. Los presidentes autonómicos del PP, que representan la mayoría territorial, llegaban con la clara intención de hacer un frente común contra el denominado “cupo catalán”, un acuerdo singular de financiación para Cataluña que genera malestar en otras comunidades. Por su parte, los barones socialistas y La Moncloa intentaron rebajar el tono y centrarse en puntos de consenso.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar avances en financiación autonómica. “El modelo lleva caducado desde 2014 y ni siquiera Gobiernos con mayorías absolutas lograron avanzar”, afirmó en una entrevista, subrayando que el acuerdo entre PSC y ERC complica aún más cualquier consenso.
Vivienda, un problema urgente y sin soluciones claras
El acceso a la vivienda ocupó un lugar destacado en la agenda. La Ley de Vivienda, impulsada por el Gobierno central para regular los precios del alquiler, fue duramente criticada por los presidentes del PP, quienes la califican como un obstáculo que reduce la oferta inmobiliaria. Desde el Ejecutivo, sin embargo, defienden que la norma es una herramienta clave para garantizar el derecho constitucional a la vivienda. El presidente andaluz, Juanma Moreno, denunció que en su comunidad faltan 90.000 viviendas y propuso reducir la presión fiscal y liberar suelo para construcción como soluciones.
Pese a las diferencias, el Gobierno y las comunidades encontraron cierto terreno común en la necesidad de desbloquear la Ley del Suelo para agilizar proyectos urbanísticos. Este punto, aunque de importancia práctica, tiene un impacto político limitado, ya que las formaciones habían alcanzado previamente un acuerdo en este sentido.
La financiación autonómica, el gran caballo de batalla
La financiación autonómica fue el tema más conflictivo de la jornada. Las comunidades gobernadas por el PP, junto con otros líderes como Emiliano García-Page, mostraron su rechazo al modelo singular pactado para Cataluña. Consideran que discrimina a las autonomías de régimen común, que llevan años esperando una actualización del sistema. Desde su óptica, este acuerdo rompe el principio de solidaridad territorial.
Salvador Illa, presidente de la Generalitat, defendió la medida como un mecanismo “solidario” y cargó contra lo que calificó como “deslealtad fiscal” de otras comunidades. Este enfrentamiento evidenció una vez más la dificultad de consensuar un modelo que satisfaga a todas las partes.
La inmigración y la acogida de menores no acompañados
Otro punto destacado fue la gestión de la inmigración, en particular la situación de los menores no acompañados. Las comunidades expresaron su preocupación por la saturación de los centros de acogida y la necesidad de un reparto más equitativo. Además, el PP rechazó de manera tajante cualquier modificación de la Ley de Extranjería, planteada en las negociaciones con Junts como parte de sus exigencias presupuestarias.
La sanidad y la falta de personal
La precariedad laboral del personal sanitario también se abordó en el encuentro. Aunque se trata de una competencia autonómica, las comunidades demandaron al Gobierno mayores recursos y herramientas para combatir las largas listas de espera y la fuga de profesionales. La ministra de Sanidad, Mónica García, recibió las críticas y propuestas de los representantes regionales.
El papel de Mazón y las catástrofes naturales
Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, destacó con una demanda particular: un plan nacional contra inundaciones y un fondo extraordinario para catástrofes naturales. Esta petición, motivada por los recientes daños de la DANA, buscaba una respuesta ágil y eficaz ante este tipo de emergencias. Su intervención fue uno de los pocos momentos que logró centrar el debate en cuestiones concretas y alejadas de las disputas partidistas.
Balance final: pocos acuerdos, mucho ruido
La Conferencia de Presidentes terminó sin grandes avances ni consensos destacados. El clima político, marcado por la confrontación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, dificultó cualquier posibilidad de diálogo fructífero. A pesar de ello, desde La Moncloa destacaron la importancia de haber reunido a todos los líderes autonómicos en un mismo foro.
La falta de acuerdos refleja la profunda división política y territorial que atraviesa España. Mientras las comunidades reclaman soluciones concretas para problemas urgentes como la vivienda, la financiación o la sanidad, las disputas partidistas parecen seguir siendo el principal obstáculo para el progreso. En este contexto, queda claro que la unidad territorial sigue siendo un desafío pendiente para el país.