En política, pocas cosas generan tanto rechazo como el engaño deliberado. Cuando un partido utiliza su mayoría absoluta para alterar de forma sustancial el contenido de una ley sin haberlo debatido abiertamente con la ciudadanía ni con el resto de fuerzas políticas, no solo está jugando sucio: está socavando las bases de la democracia. Eso es exactamente lo que ha hecho el Partido Popular en el Senado con la proposición de ley destinada a disolver asociaciones que hacen apología del franquismo.
Lo que entró por registro como una reforma legal para defender la dignidad de las víctimas de la dictadura ha sido transformado, por la vía de las enmiendas, en una propuesta que desactiva el espíritu de la ley y abre un nuevo campo de batalla: el Código Penal. Esta maniobra, lejos de ser un trámite técnico, es un cambio de calado político e ideológico que no debería pasar desapercibido.
De la memoria a la manipulación
La propuesta original buscaba algo sencillo y razonable: permitir que se disuelvan aquellas asociaciones que, desde el presente, sigan justificando crímenes del pasado, que humillen a quienes fueron víctimas de la represión franquista o que alienten discursos de odio amparándose en símbolos o mensajes de la dictadura. En ningún caso se trataba de limitar la libertad de expresión. Al contrario: se trataba de protegerla frente a quienes la utilizan para pisotear los derechos humanos y blanquear el fascismo.
Pero el Partido Popular ha decidido cambiar las reglas del juego. En lugar de respaldar la propuesta, ha presentado una batería de enmiendas que alteran completamente su finalidad. Ya no se trata de impedir la apología del franquismo, sino de limitar la acción judicial solo a casos donde haya violencia explícita. Con esta trampa semántica, el PP desactiva la capacidad del Estado para frenar discursos que, sin incitar directamente a la violencia, sí humillan, distorsionan la historia y reavivan el odio.
¿Por qué este cambiazo?
La pregunta no es solo qué ha hecho el PP, sino por qué lo ha hecho. La respuesta la dio de forma muy clara el senador socialista Toni Magdaleno: “El PP necesita al votante de Vox”. Y esa necesidad, cada vez más evidente, les lleva a asumir los marcos ideológicos de la extrema derecha sin rubor.
No es la primera vez. Ya vimos cómo, en el ámbito autonómico, el Partido Popular se dejaba arrastrar por sus socios ultras para recortar políticas de igualdad, eliminar referencias a la memoria histórica o cuestionar los derechos del colectivo LGTBI. Lo que ahora ocurre en el Senado es una versión institucional de ese mismo sometimiento.
Modificar la ley para evitar la disolución de asociaciones franquistas no es una cuestión técnica ni jurídica: es un acto político que revela con quién está dispuesto a pactar el Partido Popular y qué está dispuesto a sacrificar a cambio de unos cuantos votos más.
El precio de blanquear el pasado
España lleva décadas arrastrando una anomalía democrática: la pervivencia de organizaciones que exaltan la dictadura, desprecian a las víctimas y desfiguran el relato histórico. Mientras en países como Alemania o Italia la apología del nazismo o del fascismo es delito, aquí seguimos viendo cómo se rinde homenaje a los responsables de crímenes atroces sin que el Estado pueda actuar con firmeza.
La Ley de Memoria Democrática fue un intento —tardío pero valiente— de cerrar esa brecha. Y la proposición de ley sobre asociaciones venía a reforzar ese camino. Pero el Partido Popular, en lugar de asumir ese consenso democrático, ha optado por proteger a quienes niegan la historia y legitiman el franquismo.
Hablan de libertad, pero defienden el silencio. Hablan de democracia, pero pactan con quienes la desprecian. Hablan de reconciliación, pero siembran división con cada gesto de blanqueamiento del pasado.
El pasado 16 de junio de 2025 se celebró un acto para exigir qaue la memoria democrática es una cuestión de justicia. No se trata solo de recordar, sino de dar voz a quienes no pudieron contar su verdad en su tiempo. En el caso de la Real Casa de Correos, hoy sede de la Comunidad de Madrid, no podemos olvidar que, entre sus muros, durante más de 40 años, se gestaron algunas de las mayores atrocidades de la dictadura franquista. La Dirección General de Seguridad (DGS), que ocupaba este edificio, fue el corazón de la represión política, el lugar donde miles de luchadores y luchadoras antifranquistas fueron detenidos, torturados y, en muchos casos, asesinados.
Democracia o barbarie
La libertad de expresión no ampara el odio. No lo dice un partido, lo dice la Constitución y lo refrendan los tratados internacionales sobre derechos humanos. Quien justifica crímenes contra la humanidad o humilla a sus víctimas no está opinando: está atacando los cimientos de la convivencia democrática.
El “cambiazo” que el PP ha impulsado en el Senado no es una anécdota parlamentaria. Es una alerta democrática. Un aviso de que algunos están dispuestos a desandar el camino de la justicia, la reparación y la verdad si eso les garantiza unos cuantos escaños más.
No se puede permitir. Porque detrás de esa maniobra no hay solo una jugada legislativa: hay un modelo de país que desprecia la memoria, desprecia a las víctimas y desprecia a quienes lucharon por que hoy podamos vivir en libertad.
España no puede construir su futuro sobre el olvido ni sobre la mentira. Y menos aún sobre la complicidad con quienes quieren reinstaurar las sombras del pasado. La apología del franquismo no cabe en una democracia plena. Y quienes la toleran, aunque sea por cálculo electoral, tampoco deberían caber en ella.