Se acerca el final del plazo impuesto por el gobierno de Pedro Sánchez para que las compañías aseguradoras responsan a la imposición que se les pretende colocar para el mantenimiento del sistema de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE).
La situación se ha enquistado porque la subida de un 17% aprobada por el Consejo de Ministros queda muy por debajo de las exigencias de las aseguradoras. Sin embargo, más allá de las cuestiones económicas, que todo apunta a que se llegará a un acuerdo porque a Sánchez no le interesa ahora mismo iniciar una guerra contra los funcionarios, la realidad es que se puede crear una problemática social que puede poner en peligro la salud y la vida de cientos de miles de pensionistas, además de la sostenibilidad económica de miles de personas con discapacidad.
Hay que partir de la base de que la existencia de esas mutualidades no es ningún privilegio respecto al resto de la población, puesto que, en primer lugar, el hecho de pertenecer a las mismas no obliga a la pertenencia a una compañía privada y, en segundo término, los funcionarios adheridos a las mutualidades pagan durante su periodo activo una cuota, no todo el presupuesto de las mismas corresponde al erario público.
La adscripción a Muface, Isfas o Mugeju (estas dos últimas tendrán que renovar sus conciertos en breve) es, además, un modo de pago en especie, es una parte del salario de los funcionarios que éstos destinan a su salud.
Por otro lado, las mutualidades tienen una serie de prestaciones para, por ejemplo, la compra de gafas, prótesis, gastos odontológicos, etc. que no están incluidas en el Sistema Nacional de Salud. Más grave aún son las prestaciones por hijo a cargo que cobran las familias de funcionarios con hijos con discapacidad.
Sin embargo, hay otro problema aún más grave: los funcionarios jubilados. Estas personas llevan décadas acudiendo a determinados médicos, siguiendo tratamientos en determinados hospitales. Es decir, todo su historial médico. Ahora, si finalmente el gobierno de Pedro Sánchez provoca que las aseguradoras privadas no firmen el nuevo convenio, se producirá una situación límite en la que cientos de miles de personas mayores serán obligadas a ser tratadas en la sanidad pública, con lo que eso supone en cuestión de listas de espera. El despropósito es de tal calibre que, por ejemplo, un hombre o una mujer que se encuentre en medio de un tratamiento contra el cáncer se verá obligada a cambiar todo.
Además, la posición del gobierno de Pedro Sánchez va a derivar en un escenario de discriminación absoluta a esas personas mayores, puesto que les será imposible continuar con sus médicos. A partir de los 70 años de edad, ninguna compañía privada de salud da de alta pólizas. Por tanto, Sánchez obligará a los pensionistas de MUFACE a un escenario no elegido, sino impuesto, con la salud y la vida en juego.
Desde el sectarismo radical de una parte de la izquierda se seguirá interpretando que estas mutualidades son un privilegio. Ya hemos dicho que esto es falso. En consecuencia, el gobierno de Pedro Sánchez se verá obligado a subirles el salario y la pensión a los funcionarios para que se les devuelve la capacidad adquisitiva que pierden. Sin embargo, con los pensionistas hay un problema, dado que, por ejemplo, los funcionarios de las categorías A y B cobran la pensión máxima, no se les puede subir más. Entonces, les quitan sus médicos y, además, no les pagan el dinero que les correspondería. El despropósito va a más, aunque con un gobierno liderado por una persona de la estofa del actual, no es de extrañar que todo le dé exactamente igual. Total, si no tienen médico, menos pensiones habrá que pagar.
La diferencia entre lo que piden las aseguradoras y lo que ha aprobado el gobierno de Sánchez oscila entre los 500 y los 700 millones de euros anuales. Sin embargo, la consecuencia económica de la no renovación del convenio superará los 1.200 millones cada año.
Esa cantidad choca con lo que Pedro Sánchez ha pagado por su Presidencia: 350.000 millones de euros…, de momento. Cientos de miles de pensionistas con la salud y la vida en juego valen menos que ser el inquilino del Palacio de la Moncloa.
La Presidencia de Sánchez: 380.000 millones
Mientras se están regateando un máximo de 700 millones de euros para que los pensionistas de MUFACE puedan continuar con sus tratamientos médicos sin ningún tipo de alteración, Sánchez ha estado dispuesto a pactar transferencias y concesiones al independentismo catalán y a sus socios vascos que alcanzan los 380.000 millones.
El concierto económico pactado con Esquerra Republicana, según el análisis realizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), va a suponer trasvase de recursos económicos desde la caja común a Cataluña podría alcanzar los 13.200 millones de euros anuales, es decir, 46.200 millones hasta el final de la legislatura en el caso de que se agotara.
«Puesto que Cataluña parte de un índice de financiación homogénea por habitante ajustado de 101 en 2022 (frente a una media de 100 para el conjunto de las comunidades de régimen común), la medida la situaría, otras cosas iguales, claramente por encima de cualquier otra comunidad no foral», señala el informe.
A esto hay que sumar que el Estado perdería hasta 62.000 millones de euros anuales si las condiciones que se han pactado entre el sanchismo y ERC para Cataluña se extendieran a otras comunidades autónomas. Por tanto, otros 217.000 millones de euros.
A esa cifra hay que sumar la factura de más de 160.000 millones de euros que Sánchez estuvo dispuesto a pagar para poder ser investido presidente del gobierno. Para hacer efectivos los objetivos del secretario general del Partido Sanchista se utilizaron recursos públicos para cerrar acuerdos que, además de tener un más que dudoso encaje legal, cuentan con el rechazo de la gran mayoría de la ciudadanía española, votantes socialistas incluidos.
Además de la Ley Sánchez de Amnistía, que coloca a España en la categoría de régimen autoritario, hay cesiones económicas que afectarán directamente a la vida de todas las familias españolas.
En concreto, el precio que Pedro Sánchez estuvo dispuesto a pagar con el dinero de todos supera los 166.000 millones de euros. En términos de PIB, Sánchez cedió sólo para su investidura un 11,7% del Producto Interior Bruto.
Hay voces en la izquierda que llegaron a afirmar en privado que, con tal de que no gobierne el PP junto a la extrema derecha, les parecía barato y que si hubiera sido necesario pagar más, pues se pagaba. Todo un ejemplo de responsabilidad social y presupuestaria valga el sarcasmo.
Hubo dos cesiones clave en los acuerdos del Partido Sanchista con ERC y Junts: la condonación de un 20% de la deuda que Cataluña tiene con el Estado, es decir, 15.000 millones de euros. En el acuerdo con Esquerra se afirma que lo mismo se aplicará al resto de comunidades autónomas. Eso supone 23.034 millones de euros. Por tanto, en este punto, Pedro Sánchez pagó 38.034 millones para ser investido presidente.
Sin embargo, el golpe más duro que dará Sánchez a las arcas públicas está en la cesión de toda la recaudación tributaria a Cataluña. Aquí se incluiría el IRPF, el IVA, los impuestos especiales y, sobre todo, el Impuesto de Sociedades. En concreto, Cataluña gestionará durante los cuatro años de legislatura más de 116.000 millones de euros que no entrarán en la Agencia Tributaria de España. ¿Es eso un precio justo? Evidentemente, no, es una tragada en toda regla.
Con Cataluña no acaba la cosa, puesto que los acuerdos firmados con el PNV también incluyeron la renuncia a gestionar los ingresos que corresponden a todo el Estado. En concreto, se trata de la Seguridad Social, que suponen más de 6.500 millones de euros al año, es decir, 27.148 millones en la legislatura.
Sánchez ha cruzado demasiadas líneas rojas durante su trayectoria política. Sin embargo, son los españoles, los ciudadanos de clase media y trabajadora, los que van a pagarle la fiesta, pero sus propias reformas legales le salvan de una acusación judicial, cuanto menos, por malversación de fondos públicos. Y, mientras su sillón en la Moncloa va a costar 380.000 millones, se regatean un máximo de 700 millones anuales que están destinados a la salud y la vida de cientos de miles de pensionistas.
Escenarios así hacen que cobre sentido la frase de Robespierre «cuando la tiranía se derrumba procuremos no darle tiempo para que se levante».