El Partido Popular ha construido durante años un relato centrado en la responsabilidad fiscal, la bajada de impuestos y la buena gestión económica. Sin embargo, la realidad de sus políticas desmiente de forma contundente esa imagen. Durante el gobierno de Mariano Rajoy, lejos de aliviar la carga fiscal sobre los ciudadanos, el PP ejecutó una de las mayores subidas impositivas de la democracia. El incremento del IVA del 18% al 21% castigó directamente a las clases trabajadoras y medias, que dedican un mayor porcentaje de su renta al consumo básico.
Esa subida vino acompañada de aumentos en el IRPF, especialmente en tramos bajos y medios, y de una duplicación del IBI en muchos municipios. El llamado “impuesto al sol”, impuesto al autoconsumo energético, fue duramente criticado a nivel internacional y frenó el desarrollo de energías limpias. Estas medidas no respondían a una lógica de justicia fiscal, sino a una estrategia regresiva, donde la carga recaía sobre la mayoría mientras se blindaban los intereses de las élites.
Al mismo tiempo, el PP impulsó una amnistía fiscal para grandes fortunas, permitiendo a miles de defraudadores regularizar dinero oculto con penalizaciones irrisorias. Mientras tanto, se recortaban pensiones, se eliminaban pagas a funcionarios, se reducía el subsidio por desempleo un 25% y se congelaba la pensión de viudedad. Y todo ello con un trasfondo aún más oscuro: el rescate bancario, que costó más de 60.000 millones de euros, fue asumido por toda la ciudadanía, a pesar de prometerse que “no costaría ni un euro”.
La oposición destructiva, rechazar todo lo que beneficia a la mayoría
Desde la oposición, tanto el PP como VOX han rechazado sistemáticamente todas las medidas orientadas a proteger a la ciudadanía en los momentos más críticos. Se opusieron a los ERTE, que evitaron más de 3 millones de despidos durante la pandemia. Votaron en contra de la revalorización de las pensiones según el IPC y de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que ha beneficiado a millones de trabajadores en sectores precarios.
Tampoco apoyaron el Ingreso Mínimo Vital, que ya ayuda a más de un millón de personas en situación vulnerable. Criticaron el bono social eléctrico, las ayudas directas al sector agrícola, pesquero y del transporte, los fondos ICO para empresas y la medida de topar el precio del gas, que ha reducido significativamente la factura eléctrica gracias al acuerdo con la Unión Europea. Incluso se opusieron a la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible en pleno pico de inflación.
Esta actitud no responde solo a una diferencia ideológica legítima, sino a una estrategia de boicot sistemático. Aunque las medidas sean eficaces y necesarias, las rechazan si pueden debilitar políticamente al gobierno que las impulsa. Priman su rédito electoral sobre el bienestar colectivo, incluso en momentos de máxima emergencia social y sanitaria.
Corrupción, crispación y retroceso democrático, la agenda real de la ultraderecha
Allí donde gobiernan con VOX, el PP ha normalizado una serie de prácticas que deterioran las instituciones y profundizan en la desigualdad social. En comunidades como Madrid o Castilla y León, la sanidad pública está en una situación crítica, con cierres de centros de salud, fuga de profesionales y desvío masivo de recursos a la sanidad privada. Mientras tanto, han salido a la luz escándalos de comisiones ilegales en la compra de mascarillas en plena pandemia, sin que nadie haya asumido responsabilidades políticas.
VOX no ha venido a regenerar nada. Ha traído consigo un discurso de odio, negacionismo y confrontación, que el PP no solo no frena, sino que muchas veces asume. Allí donde ambos partidos comparten poder, se han eliminado políticas de igualdad, se ha negado la existencia de la violencia machista, se ha atacado al colectivo LGTBI y se ha bloqueado la memoria democrática. Su agenda se basa en el retroceso ideológico, el autoritarismo simbólico y la destrucción del consenso democrático básico.
La pregunta es legítima: ¿Qué aportan el PP y VOX a España? Porque lo que han demostrado no es vocación de servicio, ni sentido de Estado, ni voluntad de construir un país mejor. Lo que han demostrado es que están al servicio de los privilegios económicos, que alimentan la crispación social y que bloquean cualquier política orientada a garantizar la dignidad de la mayoría social. No defienden la libertad, sino el privilegio. No representan el futuro, sino un pasado de desigualdad y silencio. No vienen a mejorar España: vienen a fracturarla.