Que es una persecución, un “lawfare”, cada vez parece más claro. El juez Juan Carlos Peinado empezó investigando las relaciones de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con una empresa que había conseguido ayudas de la entidad pública Red.es. La acusaba de tráfico de influencias también porque decía que gracias a sus buenos oficios el grupo Globalia, en quiebra técnica, había sido rescatado. Las actuaciones han sido limitadas por mucho que se empeñen en avalar al juez. Pero éste ha encontrado un nuevo filón para seguir llamando a declarar a Gómez para deleite de la caverna mediática. Esta vez por un lio burocrático en el que el magistrado dice que puede haber indicios de delito de apropiación indebida. Un software de la cátedra de Transformación Social Competitiva que pasó a ser registrado a nombre de la esposa del presidente del gobierno. Por supuesto, el derechizado rectorado de la Universidad Complutense de Madrid la acusa. Todo para salvarse a ellos mismos. Mas o menos lo que están haciendo últimamente las instituciones públicas controladas por la derecha.
La nueva pieza separada del titular del juzgado número 41 de Madrid procede de una nueva querella de la organización de extrema derecha Hazte Oír. La asociación ultracatólica afirma que Begoña Gómez ha redactado, sin estar capacitada para ello, los “pliegos de prescripciones técnicas” dentro del proceso de creación de una plataforma “de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa”, en el marco del máster que codirigía. Según los denunciantes, Begoña Gómez no tiene la capacitación “técnica, al objeto de conocer científicamente” las necesidades de la universidad al respecto. Por reparto, de esta demanda se hizo cargo un compañero de Peinado que estimó procedente inhibirse en favor del juez número 41 por estar instruyendo una “causa general” en la que está implicada Begoña Gómez.
En un informe elaborado por el rectorado, la Universidad Complutense declaró, en un principio, que en la investigación interna que estaban llevado a cabo no habían encontrado irregularidad o perjuicio para el centro. Pero dejaba la puerta abierta a ulteriores conclusiones. Y esas llegaron posteriormente acusando a la mujer del presidente Sánchez de apropiación indebida y de haber dificultado la investigación que estaban llevando a cabo. Es cierto que la habían requerido para que entregase la documentación y ella se comprometió. Pero una serie de circunstancias personales como el fallecimiento de su padre habían retrasado dicha entrega, lo que motivó el malestar en el rectorado que desembocó en la acusación. Otras fuentes señalan que la Universidad Complutense de Madrid depende de la Comunidad Autónoma y que había sido el gobierno regional el que habría presionado para la presentación de la acusación.
Hazte Oír achaca a Begoña Gómez haber inscrito una sociedad a su nombre bajo el título del máster, TSC, Transición Social Competitiva, y hacer lo mismo con el software, una herramienta digital que habría sido creada a través de la financiación de empresas privadas. El juez Peinado ha ordenado a la UCO de la Guardia Civil que lleve a cabo las investigaciones oportunas y elabore el correspondiente informe. Se da la paradoja de que esta unidad es la misma que hizo los informes sobre las ayudas que recibió Innova Next, la empresa de Carlos Barrabés, codirector de la cátedra de Gómez, por parte de la empresa pública Red.es. En ellos, la Unidad Central Operativa señala la inexistencia de irregularidades en las subvenciones recibidas por Innova.
A pesar de este informe, Peinado continuó con las diligencias que llevan, ya, tramitándose algo más de seis meses. Y ahora con la nueva vía abierta por la querella de Hazte Oír la investigación se puede dilatar por lo menos un año más. Será entonces cuando el juez tenga que decidir si convierte las piezas en procedimientos abreviados y procede a la apertura de juicio oral, o si, por el contrario, decide prorrogar las diligencias por seis meses para lo cual deberá justificar “la complejidad” de las actuaciones que lleva a cabo.
Complejidad toda la que quiera el juez Peinado que se siente apoyado por sus superiores de la Audiencia de Madrid. De ahí que haya ordenado a Begoña Gómez que se persone en su juzgado dos veces: una para que se la comunique los nuevos delitos, y la segunda para proceder al interrogatorio sobre los mismos. Se puede hacer así, pero no se sabe bien por qué si podía haber unificado los trámites en un solo día. Pero, claro, a Peinado le encanta toda la parafernalia que se monta cuando tiene que ir a declarar la mujer del presidente, con escolta, servicio de seguridad, y una montaña de periodistas casi todos ellos pertenecientes a la caverna mediática que intentarán hacer una foto de la mujer de Sánchez entrando en el juzgado. Esa foto que anda buscando desesperadamente la extrema derecha para desgastar todo lo que se pueda al gobierno progresista.
Porque la gran mayoría de expertos jurídicos están convencidos de que esta nueva acusación de apropiación indebida tiene menos recorrido, todavía, que la de tráfico de influencias en las ayudas a Innova o a Globalia, sobre esta última ni siquiera Peinado está facultado para investigar por orden de sus superiores. Pero está claro que hay alguien, por supuesto perteneciente a la derecha judicial, empeñado en que el juez número 41 de Madrid prolongue todo lo que pueda la instrucción de este sumario para que se utilice políticamente. Peinado se jubilará dentro de dos años. Para entonces, estarán cercanas las nuevas elecciones al Congreso y Senado y ya no hará falta seguir instrumentalizando este asunto. Apuesten lo que quieran que esta “causa general”, que en otras circunstancias habría sido calificada de “prospectiva”, se acabará por archivar.