El titular del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama Teixeira, cuya errática y prospectiva instrucción ha derivado en el procesamiento del expresidente del banco, Ángel Ron, una docena de directivos de la entidad, y la auditora PricewaterhouseCoopers, rechazó sentar en el banquillo al banco Santander en concepto de partícipe a título lucrativo, aunque lo señala como responsable civil subsidiario, y a Emilio Saracho, el expresidente que llevó al banco a la resolución. Además, deja sin indemnización a los pequeños accionistas que no tuvieron que ver con la ampliación de capital de 2016.
Este magistrado acostumbra a no complicar sus investigaciones judiciales. Lo ha hecho en varias ocasiones. El caso Pegasus lo archivó “por falta de colaboración por parte de las autoridades israelíes”. La investigación sobre el chiringuito financiero vinculado al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez se encuentra paralizada por el aforamiento del líder de Se Acabó La Fiesta que, además, no acudió a declarar voluntariamente. La operación de pirateo de datos del PNJ, Punto Neutro Judicial, la red de comunicaciones que conecta los órganos judiciales con otras instituciones del Estado como la Administración Tributaria, sólo se ha saldado con la prisión provisional de Juan Carlos Ortega, a quien el juez define como el “mayor comprador” de datos obtenidos a través de esta operación de pirateo. Pero de los otros tres implicados, los presuntos hackers arrestados en un principio, nada se ha vuelto a saber. Uno de ellos quedó en libertad por “colaborar con la justicia”.
Calama archivó, en julio del año pasado, la investigación sobre la infección de los móviles de cuatro miembros del gobierno con el software espía Pegasus. El magistrado concluyó que, ante la “absoluta” falta de cooperación jurídica de Israel, no podía seguir avanzando en las pesquisas para averiguar el autor de los ataques informáticos contra los teléfonos de Pedro Sánchez, y de tres de sus ministros: Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. Calama mostró su queja por la “impotencia” que genera la actitud de Israel ante un pirateo que “ha puesto en jaque la propia seguridad del Estado”. El único modo de desatascar la investigación sería que el Ejecutivo abriera “una eventual vía diplomática”, algo que, hasta la fecha, nadie ha llevado a cabo.
La instrucción duró algo más de un año, un corto espacio de tiempo inusual en las causas de la Audiencia Nacional. El juez se negó a admitir a la Generalitat de Catalunya como acusación particular a pesar de que hay indicios suficientes de la intervención de los teléfonos móviles del entonces president, Pere Aragonés, utilizando este software. Si hubiese admitido la personación probablemente el caso no estaría archivado. Calama argumentó su negativa en la “falta de la legitimación de la entidad”. Una manera de dejar de complicarse la vida.
Las diligencias de Calama nunca necesitan de prórrogas salvo la del caso Popular. Esta es la más complicada de las que se ha hecho cargo el juez que no tarda más de dos años en redactar sus conclusiones y enviarlas a la sala para la celebración del correspondiente juicio. Lo que sí está claro es que cuando tiene la más mínima complicación decide “tirar por la calle del medio” como ha sucedido en el caso del banco que el grupo Santander adquirió por 1 euro en una operación similar a la de Banesto. La entidad que preside Ana Botín es experta en hacer este tipo de operaciones y Calama no ha querido entrar en un jardín financiero de este tipo. Nada de procesar a la todopoderosa entidad y, si acaso, que esté presente en el juicio en concepto de responsable civil subsidiario. En este caso, Calama ha elegido el camino fácil, no el de hacer justicia. Pero es algo habitual.
En el caso Arbistar, una estafa piramidal con 32.000 afectados y un fraude de 92 millones de euros, Calama tampoco se complicó la vida: metió en la cárcel a Santiago Fuentes, el principal investigado y allí sigue a la espera de juicio. Pero las circunstancias de esa estafa siguen sin ser aclaradas. En el asunto del fraude a la Hacienda pública de los propietarios de conocidos prostíbulos de este país no profundizó en la investigación a pesar de la advertencia de que había indicios de tráfico de mujeres. Se limitó a argumentar que “ese no era el objeto de la instrucción” y estableció una fianza de 2.000 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. El juicio a los acusados se celebrará el año que viene.
El juzgado central número 4 es, probablemente, el más tranquilo de la Audiencia Nacional. Hasta ahora al juez le ha tocado, por reparto, causas bastante fáciles de resolver como el último atentado con víctimas mortales de ETA, dos guardias civiles en la localidad mallorquina de Calviá, o la colocación de una bomba en el ayuntamiento de Baralla, (Lugo) por parte de Antón García Matos y Asunción Losada, los líderes de la organización Resistencia Galega. Delitos de terrorismo y alguna estafa poco mediática son las causas que entran en el juzgado cuyo anterior titular, Fernando Andreu, tuvo problemas sobre todo por la excarcelación de los responsables de la mafia china en la llamada “operación Emperador”. Sus superiores de la sala de Lo Penal le anularon la prórroga de la detención de los tres principales responsables, Gao Pin, Kay Yang, y Hai Bo Li, que fueron puestos en libertad. Y, además, le dieron un auténtico varapalo cuando ordenaron la reapertura de la causa contra los policías que habrían favorecido las actividades de esta organización, una investigación que el juez había archivado.
Calama, a diferencia de su antecesor, Fernando Andreu, que tuvo que instruir casos complicados, sólo se ha tenido que enfrentar a dos asuntos enmarañados, a juicio de los expertos: Pegasus y el Popular donde se ha limitado a realizar una instrucción que muchos juristas califican como prospectiva (como la del juez Peinado contra Begoña Gómez), sobre todo desde octubre de 2021 donde algo debió pasar. Su forma de actuar está clara. Se limita a simplificar los hechos denunciados sin entrar en profundizaciones. Así es fácil salir de los apuros mediáticos que pueden generar asuntos mayores como éste. Es la antítesis de su colega de instancia, el juez ya jubilado Manuel García Castellón, que complicaba las investigaciones de manera exagerada. Ni lo uno ni lo otro.