“Creo que el fiscal general del Estado tiene que ser juzgado, creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar para que a nadie nunca más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español”. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, y en su día jefe de prensa del PP y secretario de Estado de Comunicación, conoce perfectamente los mecanismos de las filtraciones periodísticas. O tiene mala memoria o la ejemplaridad que pide se la debía de haber aplicado cuando tenía despacho en Moncloa. En plena investigación judicial del Caso Banesto que llevaba a cabo el juez Manuel García Castellón, “alguien” filtró las declaraciones de la renta y patrimonio de Mario Conde, presidente de Banesto. Es cierto que, si se llamaba a la Agencia Tributaria en aquellos tiempos, el portavoz de turno manifestaba solemnemente que “aquí no hablamos de las relaciones con los contribuyentes”. Eso en tiempos de Juan Costa como secretario de Estado de Hacienda, e Ignacio Ruiz Jarabo como director general de la AEAT. En esos días se dieron a conocer detalles fiscales de personas imputadas en los tribunales. ¿Quién los filtraba? Nadie se quejó. No hubo, entonces, procesos judiciales por revelación de secretos.
Es cierto que la ley prohíbe la difusión de todo tipo de datos personales, no sólo los económicos y fiscales. Pero lo cierto es que todos, sin excepción, se pasan por el forro de la entrepierna esa prohibición. Se argumenta que si una persona tiene relevancia pública no goza de privacidad, pero entonces no se entiende porqué se encasilla como “personaje público” al hermano del presidente Sánchez, del cual se han publicado todo tipo de datos, incluida su residencia fiscal. Habría que comprobar si se tiene derecho a difundir algunos datos de Begoña Gómez, la mujer del presidente, que forman parte de su vida privada.
Incluso es dudoso que no se pueda hacer público el expediente de González Amador cuando tiene abierta una inspección por parte de los inspectores de la Agencia Tributaria por haber defraudado, presuntamente, 350.951 euros en dos ejercicios del Impuesto de Sociedades. Y se puede ir aún más lejos: ese expediente ya está en manos de la fiscalía anticorrupción y se están produciendo intercambios de correos entre los representantes legales de la pareja de Díaz Ayuso y el ministerio público. La posibilidad de que esos intercambios acaben en manos de terceros es de un mil por ciento. ¿No ha pedido el juez del Supremo a las operadoras que les facilite los mensajes encriptados de los teléfonos móviles del fiscal general del Estado que hayan podido ser borrados? Recuerdesé que a Alberto Ruiz Gallardón le intervinieron conversaciones privadas gracias a los servidores de su operadora.
Hasta dónde llega el límite de la revelación de datos económicos de una persona física o jurídica es algo que no está nada claro en la legislación de este país por mucho que exista la figura delictiva de “revelación de secretos” en el Código Penal que debería aplicarse para otro tipo de actuaciones mucho más graves que el conocimiento público de la situación económica, fiscal o financiera de una persona. De hecho, repito, que no es la primera vez que se hacen públicos datos fiscales de personajes públicos. No hace falta ir muy lejos. Basta con entrar al portal de transparencia de las administraciones públicas, los registros de intereses del Congreso y Senado, los registros de bienes de los consejos de administración de las empresas del Ibex35, o las páginas web de responsabilidad corporativa. No sería la primera vez que se han publicado datos sobre las sociedades. Incluso alguna sospecha de residencias en paraísos fiscales por parte de corporaciones públicas para evitar el pago de impuestos.
Desde el rey emérito hasta políticos de segunda fila, los medios de comunicación han publicado infinidad de datos con el riesgo de acabar por ser multados por la Agencia Estatal de Protección de Datos, la AEPD, que es el organismo encargado de gestionar la privacidad de los españoles y que, en multitud de ocasiones, ha actuado de forma poco diligente.
En el mundo del famoseo es muy frecuente la difusión de los datos fiscales de una pareja que están en trámite de divorcio. Y de eso saben mucho los abogados de familia. Cuando existe una demanda empresarial lo primero que se hace es acudir al registro mercantil para conocer la situación financiera del demandado. Y el registro de la propiedad es público. Basta con pagar la tasa correspondiente para obtener los datos que se requiere. Hay infinidad de empresas dedicadas a la elaboración de informes comerciales y de solvencia, eInforma, COFACE y Empresia entre otros. Por una suscripción mensual modesta, se tiene derecho a acceder a los nombres de los administradores de una sociedad, su capital social, su balance financiero y demás detalles. ASNEF y Baxdecug son dos registros donde se pueden obtener informes de solvencia financiera y conocer si una persona está en situación de morosidad. Y eso en lo que se refiere al sector privado. El Banco de España ofrece la CIRBE, la Central de Información de Riesgos, donde se pueden obtener los datos económicos de personas y sus compromisos deudores. A lo mejor, un particular tiene el acceso restringido. Pero las entidades financieras tienen entera libertad para consultar el historial de un individuo o de una sociedad
Hablar en la tercera década del siglo XXI de “expedientes secretos” es insultar a la inteligencia de los españoles. Cuando un asunto entra en un juzgado sus detalles se convierten en públicos por obra y gracia de una figura que ya se ha denunciado aquí mismo. Basta con que uno de los grupúsculos de extrema derecha existente en este país se persone en la causa como acción popular para tener acceso al sumario con todas sus consecuencias. Un simple informe fiscal incorporado a la investigación que caen en manos de esos abogados acabará por publicarse en algún medio de la caverna mediática. No hace falta profundizar en internet. Basta con acudir a algunos de los grandes digitales afines a la derecha para comprobarlo.
Lo que ocurre es que una cosa es la actividad profesional económica o fiscal de un ciudadano corriente y otra muy diferente la de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. No lo decimos nosotros. Lo dijo ella misma y ahora lo confirma su jefe de gabinete que ya que le “pintan canas” más le valdría un repaso por su actividad política para que se de cuenta de que lo que la sanción que pide debería habérsela aplicado a el mismo, ahora, y a los que apoyó en tiempos no muy lejanos.