En los últimos meses, la derecha y los medios afines han popularizado un término que hasta hace poco no existía: la "inquiocupación", una palabra que se empezó a utilizar en 2023.
Según la Plataforma de Afectados por la Ocupación, este concepto se refiere al "impago voluntario por parte del arrendatario en un contrato de arrendamiento". Sin embargo, esta definición es engañosa y busca alimentar el discurso del miedo en torno a la okupación, una problemática que en realidad ha disminuido en 2023.
Criminalizar a los inquilinos para proteger a los grandes propietarios
El discurso en torno a la "inquiocupación" intenta situar en el mismo plano a inquilinos con dificultades económicas y a las okupaciones ilegales, cuando son dos realidades completamente distintas. De hecho, la mayoría de los afectados por impagos de alquiler son personas mayores o vulnerables que han alquilado su vivienda sin el debido asesoramiento, muchas veces confiando en acuerdos informales sin las garantías necesarias.
Es llamativo que la narrativa sobre la "inquiocupación" se centre en casos mediáticos donde las víctimas suelen ser mujeres mayores que han alquilado sin un contrato bien regulado. Esto genera la impresión de que los impagos son una plaga extendida, cuando en realidad la mayoría de los alquileres se desarrollan sin problemas.
¿Qué ocurre cuando un inquilino deja de pagar?
La legislación española ofrece mecanismos claros para abordar los impagos. El arrendador puede optar por varias vías:
- Reclamar la deuda de las mensualidades impagadas.
- Solicitar el desahucio del inquilino por impago.
- Ambas opciones a la vez, lo más habitual.
En muchos casos, el arrendador primero intenta resolver la situación de forma amistosa. Si esto falla, se inicia la vía judicial con una demanda de desahucio. Este proceso suele tardar entre 4 y 8 meses, dependiendo de la carga de trabajo del juzgado. No es inmediato, pero tampoco es cierto que los inquilinos puedan permanecer años sin pagar sin consecuencias legales.
El negocio del miedo: desahucios express y servicios de "protección"
La propagación del miedo a la okupación y la "inquiocupación" ha generado un mercado lucrativo para abogados y empresas que ofrecen servicios de desahucio express. En muchos casos, estos servicios venden falsas promesas y se benefician de la desesperación de los arrendadores.
Para desalojar a un inquilino moroso, se requiere:
- Un abogado (coste medio de 800 euros).
- Un procurador (unos 300 euros).
- Poder notarial para pleitos (40 euros).
- Posible intervención de un cerrajero (90 euros).
Las personas físicas no pagan tasas judiciales, pero si el propietario es una empresa, el coste adicional ronda los 150 euros. En total, el proceso puede superar los 1.000 euros, sin contar los meses de impagos acumulados.
La realidad: la morosidad en el alquiler es un problema menor
Las cifras desmienten el alarmismo. La tasa de morosidad en el alquiler en España se mantiene en torno al 5,7%. Aunque este porcentaje incluye tanto a inquilinos que han sufrido dificultades económicas como a quienes actúan de mala fe, la mayoría de los casos se resuelven sin llegar a la vía judicial. Además, existen seguros de impago de alquiler que protegen a los propietarios frente a estas situaciones.
Los grandes tenedores y fondos buitre son los principales impulsores del discurso de la "inquiocupación", ya que buscan facilitar los desalojos rápidos y eliminar cualquier regulación que proteja a los inquilinos. En realidad, los problemas de vivienda en España no vienen de unos supuestos inquilinos morosos en masa, sino del abuso en los precios del alquiler y la falta de vivienda social.
¿Qué podemos hacer?
Para evitar conflictos en los alquileres, tanto propietarios como inquilinos deben seguir ciertas precauciones:
- Firmar contratos bien redactados con asesoramiento legal.
- Incluir cláusulas que obliguen a pagar por transferencia para dejar rastro de los pagos.
- Evitar acuerdos informales sin garantías.
- Consultar el fichero de inquilinos morosos antes de alquilar.
- Contratar un seguro de impago de alquiler para cubrir posibles incidencias.
La realidad es que la "inquiocupación" no es un problema generalizado, sino una estrategia de la derecha para seguir criminalizando a los inquilinos y desviar la atención del verdadero problema: la crisis del alquiler y la especulación inmobiliaria en España.