La Justicia valenciana se divide en el sumario de la dana, que investiga la muerte de 227 personas. Mientras la jueza de Catarroja que instruye el asunto apunta a la posible responsabilidad de la Generalitat Valenciana, que presuntamente no activó a tiempo los protocolos de aviso a la población, el Tribunal Superior de Justicia valenciano emitió días atrás un auto en el que desestima los recursos para imputar a Carlos Mazón por la gestión de la dana y concluye que los indicios aportados por los damnificados “resultan a todas luces insuficientes e infundados en orden a aplicar las normas de competencia asociadas a la prerrogativa de aforamiento”.
No obstante, los magistrados del TSJ, por unanimidad, mantuvieron su decisión de que debe ser un juzgado de instrucción, en este caso la jueza de Catarroja, la que investigue el asunto y, en caso de que encuentre indicios en la figura de un aforado, que es el caso del president, debe enviar una exposición motivada al alto tribunal para plantear su posible imputación.
¿Hay un doble enfoque de lo que ocurrió en la Justicia valenciana? ¿Cómo puede ser que la jueza de Catarroja lo tenga claro a la hora de ver indicios de responsabilidad en el Consell, como organismo con competencias para activar los protocolos de seguridad y prevención, mientras que la cúpula del TSJ echó un cable importante al presidente de la Generalitat al cerrar el paso a una investigación contra él en el momento actual del procedimiento? Parece evidente que en este sumario, como ocurre en otros en los que hay políticos y cargos del PP afectados, la batalla judicial entre órganos judiciales está servida.
Mientras tanto, Mazón afirmaba ayer que “respeta los procesos judiciales”. Así lo manifestó a su llegada a un acto en La Marina de València para la presentación de un plan de ayudas para empresas afectadas por la dana, al ser preguntado por los medios de comunicación sobre si estuvo en el Cecopi cuando se decidió el envío de la alerta masiva a los móviles el día de la dana. El mensaje que le ha enviado la jueza de Catarroja ha debido inquietarle, ya que la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 ha requerido a la Generalitat para que le informe si concurrió y se integró en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) “alguna otra autoridad” distinta de las que integraban ese órgano el día de la dana antes de enviar el mensaje de alerta a la población. Esa autoridad, evidentemente, no podría ser otra que Carlos Mazón.
Según la agencia Efe, el juzgado ha dictado y notificado otras cuatro resoluciones sobre distintos aspectos del procedimiento, la primera de ellas para requerir a la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud para que identifique, de forma previa a la admisión a trámite de su querella, las personas de entre sus miembros que resultaron lesionadas, así como para que informe de qué tipo de lesiones sufrieron, la forma en que se produjeron y el tratamiento médico ulterior que recibieron tras una primera asistencia facultativa. Respecto a esta querella, la jueza inadmite lo relativo a los daños por imprudencia grave que en ella se detallaban porque entiende que esos daños “no se podían evitar”, pero “las muertes sí”. Alude en este sentido a lo establecido por un auto anterior del propio juzgado, de fecha 11 de febrero, donde se recogía que la investigación penal en curso se ciñe a los fallecimientos y a las lesiones que requirieron tratamiento tras una primera asistencia facultativa.
“Ello no significa que no hayan de obtener la oportuna reparación los daños materiales, la destrucción que ha asolado a las poblaciones y que han afectado a centenares de miles de personas, sino que ni este proceso ni la jurisdicción penal son competentes para su conocimiento”, precisa la magistrada. Por esta misma razón, en otro auto, la magistrada ha rechazado la personación en la causa como perjudicados de cuatro personas que sufrieron daños en sus bienes, como vehículos o inmuebles, como consecuencia de las inundaciones.
Finalmente, y en contestación a la solicitud de diligencias realizada por otra de las acusaciones populares, Podemos, la magistrada ha acordado librar oficio a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para que emita un informe de las actuaciones que llevó a cabo en el ámbito de sus competencias aquel 29 de octubre. Igualmente, pide al teléfono de emergencias 112 que le informe a partir de qué momento de ese día se comenzaron a recibir llamadas sobre los efectos de la dana y de qué poblaciones procedían las mismas.
En una providencia, el juzgado ha requerido de nuevo a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que le aporte la información requerida en el último auto sobre los caudales del barranco del Poyo en un plazo improrrogable de tres días, pues el contenido del CD que remitió hace unos días no se corresponde con lo solicitado. El cerco judicial se estrecha alrededor de Mazón.