Estos días se ha puesto de moda el libro del profesor de historia del derecho de la Universidad de Granada, Rubén Pérez Trujillano, “jueces contra la República, el poder judicial frente a las formas republicanas”. Numerosos medios de comunicación, entre otros este mismo con un excelente análisis de nuestro compañero Agustín Millán, han establecido cierto paralelismo entre el boicot de los jueces conservadores contra las leyes reformistas de la Segunda República, y las recientes actuaciones de algunos magistrados en contra del gobierno progresista. Dejando bien sentado que dicho paralelismo es acertado, conviene aclarar que los jueces de este país siempre han sido conservadores. Y si hacemos un estudio de sus actuaciones desde principios del siglo XIX se podrá comprobar que siempre han estado del lado del poder cuando éste ha sido conservador boicoteando todo conato de progresismo: no sólo el de la Segunda República, sino también la regencia de María Cristina de Borbón, el federalismo de la Primera República, o el bienio progresista de Espartero. Y existe en todas esas épocas un denominador común: el boicot a las sucesivas reformas agrarias y a la separación de la iglesia católica y el Estado por parte de los integrantes de la justicia.
Que la composición de la judicatura es mayoritariamente conservadora en la actualidad se demuestra con un dato: en este país hay 5.408 jueces en activo de los cuales 3.000 están afiliados a alguna de las seis asociaciones profesionales. De ellas, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, APM, presidida por la beligerante y activista María Jesús del Barco, cuenta con 1.355 cotizantes frente a los 436 afiliados de Juezas y Jueces para la Democracia, de signo progresista, que fue producto de una escisión de la APM como consecuencia de su deriva conservadora. Pero aún hay más, las otras cuatro asociaciones que se autocalifican de “centristas” suman un total de 1,209 afiliados triplicando a los de JJpD, y el conjunto de ellas es lo que se denomina la “derecha judicial”. Basta con este análisis de las cifras para constatar el conservadurismo de los jueces de este país. Un conservadurismo que les llevó a salir a la calle a manifestarse en contra de la amnistía a los independentistas catalanes algo inaudito en la historia contemporánea. Y ahora los magistrados del Supremo han conseguido paralizar la ejecución de esa ley.
El magistrado más retrógrado en la historia de este país paradójicamente ejerció su labor profesional en la etapa de la Segunda República. José Castán Tobeñas fue miembro del Tribunal Supremo procedente del turno de “expertos en derecho” sin ser juez de carrera. No sólo destacó por sus sentencias reaccionarias, sino que en la guerra civil fue un quintacolumnista al servicio de Franco que, una vez ganada la guerra, le agradeció los servicios nombrándole presidente del Tribunal Supremo convirtiéndose en el gran jurista del régimen durante la dictadura.
Otros magistrados que boicotearon las leyes dictadas por los gobiernos republicanos fueron el presidente del Tribunal Supremo, Diego García Medina, Manuel Martínez Gargallo, que interpretó de manera restrictiva la ley de reforma agraria de 1932 bloqueando la expropiación de las grandes fincas, Eduardo Aunós, que se opuso a todas las leyes que intentaron la separación de la iglesia católica y el Estado, y otros muchos que dictaron sentencias benevolentes en favor de los sediciosos de la “sanjurjada”, el golpe de Estado del general Sanjurjo en 1932. O interpretaron a su manera leyes, como la de vagos y maleantes, con el propósito de reprimir a los anarquistas, o censurar publicaciones acogiéndose a la normativa en materia de delitos de escándalo público por, supuestamente, “ofender los sentimientos religiosos”. Otros magistrados se dedicaban a dificultar los divorcios o a reprimir las acciones que llevaban a cabo los sindicalistas.
Hay una consecuencia jurídica de esta etapa. La famosa ley de vagos y maleantes no fue suprimida por la dictadura franquista. Todo lo contrario, la instrumentalizó para llevar a cabo una brutal represión contra los colectivos sociales que el dictador no quería en “su sociedad”. La llamada “gandula” fue utilizada para meter en la cárcel a homosexuales, lesbianas, vagabundos, nómadas, proxenetas, gitanos, mercheros, y a todos aquellos bajo la sospecha de “comportamientos antisociales “. La aprobaron por unanimidad la cortes de 1933, las del llamado “bienio negro”, cuando la derecha logró controlar la República. Su torticera interpretación por parte de los jueces de la época supuso el encarcelamiento de la cúpula de la FAI, con Buenaventura Durruti al frente.
Los jueces de aquella época primaban la cultura jurídica heredada del pasado con magistrados formados en la monarquía de Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera. Precisamente fueron los miembros de la carrera judicial los que legitimaron el golpe de Estado del capitán general de Catalunya entre el 13 y el 15 de septiembre de 1923. Algo similar sucedió en 1874 cuando otro golpe militar, esta vez protagonizado por el general Martínez Campos, facilitó la vuelta de la dinastía borbónica y la llamada “Restauración”. Los jueces boicotearon, desde el primer momento, la Primera República, sobre todo sus reformas federalistas. Los magistrados españoles siempre han concebido este país como una unidad. A regañadientes han aceptado conceptos como las autonomías o las nacionalidades históricas. Incluso se han opuesto vehementemente a utilizar, en las instancias judiciales, cualquier lengua que no fuera la castellana.
Aquí nos hemos ocupado, ya, de las causas por las que la extracción de los miembros de la carrera judicial es conservadora. Para acceder a ella se requieren dos o más años de un aislamiento total para aprenderse de memoria el temario de la oposición. Además del coste económico, que no se lo pueden permitir las familias vulnerables, incluso la clase media, el aspirante suele perder el sentido de la realidad social convirtiéndose en un ejecutor cuadriculado de la letra de la legislación que se aprende. Posteriormente debe pasar un periodo de formación en la Escuela Judicial. La izquierda ya ha pedido la reforma de esta institución. Es algo parecido a lo que en su día se hizo con las academias militares, en especial la de Zaragoza. Estos centros fomentan valores arcaicos, decimonónicos, alejados de la realidad social actual.
Lo que pasa es que las academias militares se pudieron transformar gracias a las actuaciones del que fue ministro de Defensa con Felipe González, Narcís Serra, que, silenciosamente, llevó a cabo una revolución en el seno del ejército. Cambio que no se ha producido en la carrera judicial porque primero habría que empezar la estructura y el sistema de formación de la Escuela Jurídica. Pero esa institución no la controla el poder ejecutivo sino el judicial a través del CGPJ lo que hace prácticamente imposible esa modificación que se busca: esa independencia que debe ir acompañada de un compromiso con los valores democráticos y con la defensa de los derechos fundamentales.