Lo que le faltaba a la carrera judicial. Si no se conforman con llevar a cabo actuaciones polémicas que rozan la prevaricación en algunos casos, si está demostrada la existencia de lawfare, si llevan a cabo una huelga para protestar por una reforma que lo que hace es facilitar la entrada de los compañeros que les sustituyen y democratizar el acceso incentivando económicamente a los candidatos sin recursos, si escriben y pronuncian en intervenciones públicas alegatos contra el gobierno justificándolos porque “está en peligro el Estado de Derecho”, el suyo por supuesto, ahora van y la emprenden contra el sindicalismo, uno de los pilares de la democracia de este país que tanto costó conseguir. Jueces que están poniendo en peligro los derechos de los trabajadores con sentencias alucinantes como es la del titular del juzgado de Lo Mercantil número 2 de Barcelona, Álvaro Lobato, quien considera razonable el trabajo de los falsos autónomos y cuestiona la profesionalidad de las inspectoras de trabajo que sancionaron a la empresa de distribución a domicilio Glovo a las que atribuye “un indiscutible sesgo de grupo” argumentando una barbaridad digna de la mentalidad más retrógrada: “en todas las declaraciones parecía resonar, con atronadora unanimidad, el eco nostálgico de la España sindicalizada, 'el mundo de ayer' administrado y burocrático”. En los últimos días, a la sentencia del juez Lobato se ha unido la resolución del titular del juzgado número 1 de Gijón, Lino Rubio, mandando inmediatamente a prisión a “los seis de la Suiza”, militantes de la CNT condenados por protestar exigiendo derechos para una trabajadora enfrente de la pastelería donde trabajaba.
Este juez, que ya ha dictado varias sentencias condenatorias a sindicalistas, no ha esperado siendo consciente de que el Consejo de ministros los va a indultar, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede dictar una sentencia condenado al Reino de España por contravenir la Convención Europea de Derechos Humanos en este asunto. Y no sería la primera vez. Últimamente, este país ha tenido que abonar varias multas por los fallos de Estrasburgo. Multas que, por supuesto, no pagan los jueces sino todos los ciudadanos con nuestros impuestos.
Pero volvamos al juez Lobato, Sus ataques hacia el sindicalismo quedaron en evidencia en un artículo publicado en un digital conservador el pasado mes de enero. Denuncia “un incremento gradual pero significativo de la presencia e intervención del Estado en múltiples ámbitos de la actividad social, económica y cultural. La izquierda paleolítica anclada en un universo cultural e ideológico totalmente periclitado que continúa idolatrando lo 'público' como un icono sagrado”. Así piensa el juez que ha dictado sentencia declarando legal la actividad de falso autónomo, una práctica que se hace en el mundo de la distribución a domicilio, los llamados “deliverys” a los que se les obliga a darse de alta en la Seguridad Social como autónomos cuando la realidad es que llevan a cabo una actividad por cuenta ajena. El ministerio de Trabajo ha intentado limitar esta anomalía laboral, pero, por lo que se ve, luego vienen los jueces y se encargan de dar la razón a los que incumplen la ley atacando a una autoridad como son los inspectores de trabajo señalándoles más o menos como cómplices de ese “sindicalismo trasnochado”. El departamento de Yolanda Díaz ha elevado una queja al Consejo General del Poder Judicial contra el juez.
Pero aún hay más sobre el magistrado Lobato. Es secretario de la fundación Fide, Fundación para la Investigación y sobre el Derecho y la Empresa. Ese “think-tank jurídico”, como se define en su página web, publicó un video en el que Lobato cuestiona abiertamente el papel de los sindicatos: “se está produciendo un desplazamiento de lo colectivo a lo individual. En el seno de una empresa, las jerarquías rígidas y autoritarias pierden pertinencia. ¿Qué sentido tiene hoy la defensa colectiva de los intereses que ya no son homogéneos de los trabajadores de una empresa? Planteo el tema, que ya sé que es vidrioso, de los sindicatos...”. El hoy juez de Lo Mercantil describe una reflexión con la que se puede o no estar de acuerdo pero que no puede ser objeto de debate cuando el autor es un servidor de la justicia que debe impartir de manera objetiva. Y luego que no diga que lo hace a título personal: “la empresa no es hoy un terreno de la lucha de clases, no digo que no haya escenario de eso, pero el capitalismo ha cambiado y esa visión tan beligerante no se corresponde con la realidad”.
Está clara su ideología ultraliberal. No es de extrañar porque se encuentra al borde de la normativa en materia de incompatibilidades para el sector público. En 1996 pidió una excedencia para trabajar en grandes despachos de abogados como Gómez-Acebo y Pombo, y DLA Piper. Cuando se reincorporó a la carrera judicial, hace tres años, había fundado su propio bufete. Se desconoce si se habrá dado de baja, tal y como manda la normativa.
El sindicato de inspectores de trabajo UPIT, denuncia los calificativos que el juez dedica al colectivo y, al mismo tiempo, destaca su escaso conocimiento de la legislación laboral, algo parecido a lo que opinan mayoritariamente sus compañeros que ejercen en los juzgados de Lo Social. La UPIT advierte de que resulta “especialmente preocupante” que, en lugar de analizar con rigor jurídico los hechos y el marco normativo correspondiente, “una sentencia siembre dudas sobre el ejercicio de las funciones públicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país. Advertimos del grave precedente que supone cuestionar sin fundamento la legitimidad de actuaciones inspectoras cuando afecta a los derechos de la población trabajadora”, indican en un comunicado.
Cierto. Es preocupante la actitud que algunos jueces están adoptando respecto a la actividad laboral de este país, una actividad con regulación y jurisdicción propia que algunos magistrados han decidido invadir. Y ninguna de las centrales sindicales están dispuestas a consentir esta intolerable intromisión. Habrá que ver las medidas que adopta el Consejo General del Poder Judicial, aunque mucho nos tememos que su actitud será pasiva. Para los vocales del órgano de gobierno de los jueces es mejor no meterse en asuntos que pueden a acabar por convertirse en conflictivos.