Donald Trump y Elon Musk son una pareja de estafadores, además de unos crueles destructores de las ilusiones humanas. Ya no se trata solo de la gran estafa que suponen las medidas de gobierno aprobadas o que se van a aprobar tanto por la administración Trump o por los fanáticos de MAGA en Congreso y Senado. Es que ambos tienen un pasado oscuro que demuestra que nada de lo que digan será cierto y las personas de clase media y trabajadora pagarán las facturas de la imposición de una autocracia plutocrática. Esa es la rebelión, ese es el «romper el sistema»: agrandar el poder a quienes ya lo sustentan.
El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) es el reflejo de la personalidad destructora de estos dos personajes de reality show. Elon Musk está sustentando su riqueza en la especulación y tiene sus cuentas bancarias manchadas de la sangre de los cientos de miles de trabajadores despedidos.
Desde la adquisición y posterior reconversión de Twitter en X, hasta las diversas medidas de reestructuración implementadas en Tesla, las decisiones tomadas por la dirección de Musk han provocado recortes salvajes en las plantillas laborales. En el caso de Twitter, la transformación de la plataforma y el cambio en la línea editorial y operativa han sido acompañados por una drástica reducción de empleados, afectando tanto a áreas técnicas como administrativas.
Por su parte, Tesla ha adoptado políticas de optimización de costos y reajustes en su modelo de producción solo orientadas a que las cuentas de explotación de Musk no perdieran la ratio de rentabilidad, lo que se ha traducido en una disminución drástica de la plantilla en los centros de producción y oficinas corporativas.
Expertos en derechos laborales han criticado la falta de previsión y la inhumana frialdad en la toma de decisiones, argumentando que la reestructuración salvaje perpetrada por Elon Musk no siempre se acompaña de planes de recolocación o medidas de apoyo para quienes quedan desempleados. Es la forma de ver la vida de este personaje: sin piedad con los pequeños, servil con los que le pueden hacer ganar más millones.
Por su parte, Donald Trump ha sido a lo largo de toda su vida un estafador profesional que se ha vendido muy bien. Sin embargo, ha dejado a cientos de miles de personas afectadas. Uno de los mejores ejemplos de ello está en el fraude de la Trump University. Esta empresa prometía enseñar, a través de cursos intensivos y seminarios exclusivos, técnicas y estrategias para triunfar en el sector inmobiliario. Supuestamente, sus métodos estaban basados en la experiencia personal y el presunto éxito de Donald Trump. La publicidad agresiva y el testimonio de supuestos exalumnos contribuyeron a crear una imagen de exclusividad y garantía de éxito.
A pesar de la imagen de legitimidad, numerosos testimonios y evidencias posteriores revelaron que Trump University operaba sin la acreditación correspondiente y con métodos pedagógicos cuestionables. Los estudiantes, atraídos por la promesa de convertirse en magnates inmobiliarios, se vieron obligados a pagar sumas elevadas por cursos que en realidad ofrecían información poco novedosa o, incluso, errónea. Se denunciaron prácticas de mercadotecnia engañosa y tácticas de venta agresivas, en las que se omitían las limitaciones reales de los contenidos ofrecidos.
La Trump University, lejos de formar a profesionales competentes, se centraba en maximizar las ganancias a costa de la credulidad y las expectativas de los alumnos. Las clases y seminarios, impartidos por instructores sin la experiencia prometida, carecían del rigor académico que una verdadera institución educativa debería ofrecer.
La polémica alcanzó su punto máximo cuando numerosos exalumnos comenzaron a presentar demandas colectivas por fraude. Las acusaciones señalaban que Trump University había inducido a error a sus estudiantes, vendiéndoles la idea de una educación exclusiva y de alta calidad que, en la práctica, nunca se materializó. Después de años de litigios, en 2016 se llegó a un acuerdo en el que se comprometieron a pagar aproximadamente 25 millones de dólares a los demandantes. A pesar del acuerdo, Trump no admitió su responsabilidad, pero puso fin a una de las mayores estafas en el ámbito de la educación privada en la historia de los Estados Unidos.
Este par de personajes ahora defienden que su estrategia de tierra quemada para rehacer el gobierno federal es necesaria debido a la prevalencia del fraude y el despilfarro. El escuadrón de ataque DOGE de Musk afirma haber ahorrado 65.000 millones de dólares, pero en cuestiones que pretenden hacer ver que existió un fraude donde no hay más que gastos corrientes.
Además, esa cifra parece haber sido sacada de la nada porque, si se analiza el contenido de la web de DOGE, los ahorros correspondientes a los 2.300 contratos individuales que se señalan suman solo 9.600 millones de dólares, e incluso esa cantidad es muy discutible. Por ejemplo, el mayor ahorro individual, 1.900 millones de dólares, está vinculado a un contrato del Departamento del Tesoro que finalizó durante la administración Biden.
La trama «Dogecoin» no da detalles sobre los posibles fraudes que haya podido detectar en los contratos.
Un gran número de contratos están vinculados a agencias que la administración Trump está en proceso de desmantelar. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor tiene 404 contratos listados con ahorros de 109 millones de dólares. El Departamento de Educación, que según se informa está a punto de ser eliminado, tiene 119 contratos con supuestos ahorros de 659 millones de dólares.
Parece claro que DOGE seleccionó esos contratos por la naturaleza de la agencia involucrada, no por ninguna evidencia de mala conducta. Entre los 769 contratos restantes, hay muchos que han sido seleccionados por razones ideológicas. Incluyen numerosos contratos cuyas descripciones hacen referencia a áreas que ahora son tabú, como la DEI o la justicia ambiental.
Existen más de 100 listados de suscripciones a Politico, Bloomberg Law y Lexis Nexis. No hay nada de corrupto en la necesidad de que una agencia pública tenga un buen acceso a la información. Pero esto también se pone en duda e, incluso, se ha llegado a afirmar que esas suscripciones son pagos para atacar a Trump. Es evidente que si esas suscripciones a servicios de información se hubieran realizado al aquelarre ultra de Fox, al podcast de Steve Bannon o a las publicaciones de Tucker Carlson, no habrían sido tratadas de fraudulentas, sino como grandes inversiones.
También se pretende colocar como fraude los contratos que aún no han entrado en vigor. El segundo monto de ahorro más grande, 318 millones de dólares, está vinculado a una adjudicación previa de la Oficina de Gestión de Personal. En el mundo real, no puede existir ningún tipo de fraude cuando todavía no hay contratista. En el mundo de Trump, parece ser que sí.
La lista de DOGE también contiene numerosas entradas con errores evidentes. Entre ellos se incluyen casos en los que hay dos enlaces que apuntan a diferentes adjudicaciones de contratos, por lo que no queda claro cuál de ellos debe incluirse. Por ejemplo, hay un supuesto ahorro de 149 millones de dólares relacionado tanto con un contratista llamado Advanced Automation Technologies Inc. (para tres asistentes) como con Airgas USA para gases líquidos refrigerados.
En cualquier administración pueden existir fraudes en la contratación. El problema es que la gente de Musk, ya sea por ignorancia o intencionalmente, está buscando en los lugares equivocados. Están ignorando de manera intencionada a los grandes contratistas que han sido repetidamente descubiertos por haber engañado a las agencias federales, entre ellos, el propio Elon Musk. No es sorprendente, sobre todo porque muchos de esos grandes contratistas han sido grandes financiadores de la campaña de Donald Trump.
Ahí está el caso de los grandes fabricantes y comercializadores de armas. Hasta ahora, según la información oficial, DOGE enumera solo 8 millones en ahorros provenientes de contratos del Departamento de Defensa, y estos provienen principalmente de premios y suscripciones de DEI. Lo mismo sucede con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, a pesar de que la atención médica es una fuente importante de fraude de contratistas.
Lo que se olvida en las denuncias de fraude de Trump y Musk es que el gobierno federal ya contaba con un sistema sólido para combatir la mala conducta de los contratistas. Las auditorías las realizaban los inspectores generales de la agencia (que ahora han sido despedidos por Trump) y el Departamento de Justicia iniciaba procesos judiciales utilizando la Ley de Reclamaciones Falsas. En la última década, el Departamento de Justicia ha recaudado unos 30.000 millones de dólares en multas y acuerdos.
Se trata de una lucha seria contra el fraude. Lo que vemos en DOGE es, en cambio, la ilusión de un ataque a la corrupción que sirve como cortina de humo para el plan de la administración Trump de desmantelar grandes sectores del gobierno federal. Queda por ver cuánto tiempo podrán mantener la estafa.