“El Tribunal Constitucional se ha convertido en constructor alternativo de normas y, así, colegislador, puede darse por segura la validación de una futura ley de amnistía”. Quien esto dice no es uno cualquiera sino uno de los periodistas más emblemáticos de la derecha de este país, José Antonio Zarzalejos, quien, de esta manera, se convierte en el portavoz del sentir del conservadurismo. Y es que se expande la consigna de restar toda credibilidad al Tribunal Constitucional. Ya lo dijo el presidente del Consejo General del Poder Judicial en funciones, Vicente Guilarte, al menospreciar la autoridad de la Corte de Garantías “mientras las sentencias salgan adelante por siete a cuatro” en clara referencia a lo que se empieza a llamar el “rodillo progresista” en el TC.
Alberto Núñez Feijóo, ha llegado a criticar contundentemente la sentencia en la que se declara constitucional la reforma del CGPJ que impide las designaciones de los magistrados de las altas instancias judiciales mientras el organismo esté en funciones. El presidente del PP no sólo la descalifica, sino que manifiesta sus dudas sobre la legitimidad de la institución al quejarse de que “no nos han dejado designar al magistrado que nos corresponde votar en el Senado lo que convertiría la correlación de fuerzas en siete a cinco, más nivelada”. Cierto, pero habría que recordar al líder conservador que su partido es el culpable del bloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces al negarse a pactar dicha renovación. Vaya lo uno por lo otro.
Por su parte, los cuatro magistrados conservadores del Constitucional, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, en su voto particular contra la sentencia del Consejo General del Poder Judicial esgrimen argumentos de extrema gravedad como que los magistrados mayoritarios “prescinden de los límites constitucionales”. Diario16 ha avisado, en reiteradas ocasiones, de la división existente en el seno de la Corte de Garantías. Una división que se hace cada vez mas evidente y que ha obligado a su presidente, Cándido Conde- Pumpido, a tener que intervenir diciendo que los poderes públicos “están siempre obligados a respetar las decisiones judiciales públicamente y de forma rigurosa”.
La derecha interpreta el mensaje de Conde-Pumpido como un aviso al poder ejecutivo pero la realidad es bien distinta porque, en el mismo discurso, el magistrado da un tirón de orejas a sus compañeros de judicatura diciendo que “deben actuar en consonancia y cuidar el respeto institucional para defender exclusivamente el imperio de la ley”. Conde Pumpido ha dejado claro que no se abstendrá de intervenir en los debates de la controvertida ley de amnistía cuando a los magistrados les toque pronunciarse.
La derecha insiste en que una amnistía a los líderes del “procès” de independencia de Catalunya de 2017 es inconstitucional. Que la figura de la amnistía es inconstitucional y presiona en tal sentido para que la Corte de Garantías se pronuncie al respecto dudando de su imparcialidad hasta el punto de dejar caer que se aplica “el rodillo” de la mayoría en sus decisiones.
Los argumentos conservadores caen por su propio peso. En el historial del TC existe una veintena de sentencias que hablan de la constitucionalidad de la amnistía. La más relevante de todas es la que utiliza el argumento de que ese acto es exclusivo de la acción política: “la amnistía no debe de examinarse solamente desde una perspectiva limitada al ejercicio del derecho de gracia dado que también puede concebirse como una solución de derogación retroactiva de unas normas sancionadoras y de sus efectos adoptada por razones de justicia material”.
Incluso algún destacado magistrado como es Ignacio Martín Verona, miembro de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, cita una sentencia del Tribunal Supremo para sustentar la vigencia de la Ley de amnistía de 1977. Es la sentencia 101/2012 del 27 de febrero en la cual destaca que la Constitución derogó muchas leyes, pero no la de la amnistía, y lo justifica de esta manera: “precisamente porque la Transición fue voluntad del pueblo español, articulada en una ley, es por lo que ningún juez o tribunal, en modo alguno, puede cuestionar la legitimidad del tal proceso (de amnistía). Se trata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería, en exclusiva, al Parlamento”.
El jurista responde a dos argumentos que están utilizando los conservadores. Que, si la Constitución prohíbe los indultos generales, con más razón ha de entenderse que lo hace con la amnistía a lo que Martín Verona responde con este razonamiento: “el indulto se concede por el Consejo de ministros mediante decreto motivado e individualmente a favor de un reo condenado, al que se le conmuta la pena. La amnistía corresponde aprobarla al Parlamento mediante una ley con vocación general, como era en el año 1977 la reconciliación nacional”.
Pero es que, además, hay una treintena de resoluciones internacionales, muchas de ellas dictadas por países pertenecientes a la Unión Europea, donde se dan por buenas las amnistías y, en contra del criterio del conservadurismo, señalan que no hay razón alguna para pensar que una medida de gracia de este tipo rompe el principio de la independencia judicial y que supone una interferencia del poder ejecutivo en la judicatura.
Y por encima de todas las argumentaciones que se puedan decir y explicar está lo que diga, en su día, el Tribunal Constitucional porque si una amnistía es inconstitucional así lo dirá la Corte de Garantías que para eso está. Pero siempre y cuando no se presione a sus miembros. Algo que se está haciendo descaradamente y que es contrario a cualquier principio democrático
Si la constitucion no hace mencion alguna a Amnistia..¿Como puede ser anticonstitucional?Para que sea anticonstitucional hay que reformar la constitucion antes y prohibirla en sus articulos.
La derecha española busca su excusa para la violencia. Cuando decía que el gobierno de coalición era “ilegitimo”, era para que la ciudadanía sintiese que estaba justificado derrocarlo mediante la violencia. Si un gobierno completamente legal y constitucional, no es reconocido por la derecha, es para justificar el uso de la violencia. Si el próximo gobierno de coalición, llega al poder por los medios constitucionales que a día de hoy están previstos, la derecha continuará sembrando su discurso de que no es un gobierno legítimo (quiere decir que no es legal, pero no puede decirlo). Si deslegitimamos nuestras propias instituciones, nuestros propios procesos constitucionales, solamente nos queda el camino de la violencia. La razón número uno de proveernos de estas herramientas legales, constitucionales, y democráticas, fue precisamente erradicar la violencia de la vida política ciudadana. La derecha española, nos arrastra a los tiempos más oscuros de la Historia de la Humanidad.
Cuanta tontería la Amnistía se concede para que Sánchez siga de presidente. Ale ya podéis afirmar cualquier opinión que todas caben. Si Sánchez no necesitará los votos no se hablaría ni ahora ni antes de Amnistía.
Vamos a ver una cosa, chavales; la más interesante e incontestable.
La definición de democracia es clara, también entre el derecho nacional e incluso para la vanda de hincultos de la RAE . Y en la constitución española los poderes no son elegidos por los ciudadanos. Me refiero a que votamos a los políticos en una lista en la que existe una relación de preferencia. No elegimos a nuestros representantes de modo directo, sino a los partidos, que forman un modelo de opciones para la elección y articulación de las cámaras en cuanto a senadores y diputados a su capricho, ellos forman gobierno. Pero la corona y el poder judicial no son órganos democráticos y no están sujetos a la elección y el control de sus ciudadanos, que es el efecto real de una democracia, que aquí no existe. No es una democracia españa en ningún lugar del aparato, porque los partidos políticos siquiera son necesarios para que esta exista. No debemos ninguna obediencia a rey alguno y mucho menos a esta banda de juristas corruptos que no se saben la constitución ni son aptos para desempeño de esta labor. España es una mafia fascista.
No soy el grinch, pero no me gusta que andeis de fiesta celebrando la nada.
No pertenezco ni a partido ni a sindicato alguno, ahora o jamás, y no obstante no quiere decir que no entienda y señale faltas que deben ser del conocimiento de todos. Y todos os engañan.
Y tampoco le caigo bien a nadie y me importa poco porque soy libre; no pertenencia y no militancia; lucha. Sin más
y sin que nadie salga lastimado. Pero ese yo, no otros.
La represión existe y es nuestro derecho, bien como en Islandia o mal en Ucrania, así en el cielo como en la tierra, defendernos.