El día internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres debe estar marcado en rojo en nuestro calendario. La trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una forma moderna de esclavitud en pleno siglo XXI. Es una vulneración de los derechos humanos que atenta contra la dignidad de las personas y tiene un claro componente de género, al ser sus víctimas mayoritariamente mujeres.
Un delito que supone convertir a personas en meras mercancías y que proporciona pingües beneficios a las mafias y redes, que además de atentar contra la vida, la integridad y la libertad de sus víctimas, atentan contra valores superiores de nuestra sociedad como la dignidad, la igualdad y la seguridad.
Naciones Unidas estima que entre 4 y 5 millones de personas son víctimas de trata. El 80 por ciento lo serían para su explotación sexual, mientras que 700.000 personas son introducidas anualmente en el comercio sexual. Las mujeres y las niñas constituyen alrededor del 80 por ciento de las víctimas de este comercio sexual.
La trata de mujeres y niñas especialmente con fines de explotación sexual constituye el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo que, según la ONU, mueve entre 5 y 7 billones de dólares. Solo la venta de armas y de drogas supera a esta actividad ilegal en volumen de negocio (en Europa maneja unas cifras cercanas a los 3 billones de dólares).
Situaciones de pobreza, de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión social en su país de origen dan a los explotadores la oportunidad de captación y la situación de invisibilidad y de precariedad en el país de recepción, facilitan la explotación y dificultan la ayuda a estas mujeres.
Explotación sexual
Un gran porcentaje, además, tienen cargas familiares, ya sea en su país de origen y en el de destino, y son en muchos casos la única fuente de ingreso de la familia, constatándose así la peor cara de la globalización y la feminización de la pobreza.
Por todo ello, para erradicar todas las formas de explotación sexual es necesario hacerlo desde un enfoque de derechos humanos, y reivindicar un reparto igualitario de los recursos económicos y el poder entre hombres y mujeres.
El Gobierno socialista, “consciente de la gravedad de esta enorme vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas, aprobó el 12 de diciembre de 2008 el Plan Integral de lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual 2009-2011, en el que por primera vez en la historia democrática de España se recoge y aborda este problema de manera integral y poniendo en el centro a las víctimas. Para lo que se parte desde cuatro principios rectores: la perspectiva de género; el enfoque de derechos humanos; la dimensión transnacional del fenómeno y su naturaleza delictiva”.
A lo largo de estos meses de ejecución del Plan a cargo del Gobierno del Partido Socialista se han producido grandes avances. Se ha mejorado la protección de las víctimas en colaboración con las oenegés del sector, creando un fondo para la atención y la protección de estas mujeres dotado con dos millones de euros, siguiendo las directrices del Convenio del Consejo de Europa contra la trata de seres humanos. Y se ha producido un incremento del 41 por ciento en la identificación de víctimas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fruto de una mejora sustancial en la eficacia y en la eficiencia de las operaciones policiales, que aumentaron en un 34 por ciento, incrementándose también el número de detenidos un 12 por ciento.
