Bruselas: los fondos europeos no peligran y España no es Polonia ni Hungría

El ministro Félix Bolaños se va a ver las caras la semana que viene con los miembros de la Comisión Europea, Didier Reynders, y Vera Jourová, para darles todas las explicaciones posibles sobre el proyecto de ley de amnistía que actualmente se encuentra en trámite parlamentario. Poco más podrá añadir Bolaños a lo que ya se ha dicho en la prensa: que la amnistía está dentro de los márgenes constitucionales y es compatible con los principios del artículo 2 del Tratado de la Unión que se fundamenta “en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías”.

Bolaños insistirá en que no hay nada que haga pensar que en España va a haber un proceso político al “lawfare”, supuesta persecución judicial al independentismo catalán, y que bajo ningún concepto se va a acusar a los magistrados que juzgaron a los líderes del procès de haber prevaricado. Eso sí, Bolaños va a adelantar a Reynders los argumentos de los abogados del Estado que van a figurar en las respuestas al cuestionario del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el procedimiento abierto por la demanda presentada por dos  dirigentes soberanistas: que existe la constatación de que la actuación judicial “pudo ser, en algunos casos, desproporcionada” aunque no parece que se haya vulnerado el artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos tal y como argumentan los demandantes.

Esas respuestas al TEDH es lo más lejos que piensa llegar el gobierno quien deja claro que el Congreso de los diputados goza de entera libertad para abrir las comisiones de investigación que considere oportunas, y que el ejecutivo no puede interferir en tales decisiones. De momento, Bolaños va a informar de que sólo hay el compromiso de abrir dos comisiones: una, relativa al espionaje de Pegasus en la que no sólo se investigarán las actuaciones llevadas a cabo por el CNI a los políticos catalanes, sino que apuntarán al mismísimo Pedro Sánchez, cuyos teléfonos móviles también fueron intervenidos. La otra comisión hace referencia al llamado Caso Catalunya y no pretende otra cosa que esclarecer las actuaciones que llevó a cabo la llamada “policía patriótica” del Ministerio del Interior cuyo titular en la etapa de Mariano Rajoy al frente del gobierno fue Jorge Fernández Díaz ya procesado en la operación Kitchen. Bolaños aclarará que esta comisión parlamentaria no interferirá la labor de los jueces que tienen abiertos sumarios sobre este asunto.

Del contenido de la ley de amnistía poco se puede debatir porque todavía se encuentra en trámite parlamentario y se desconocen las enmiendas que presentarán los grupos del Congreso. De eso es consciente el equipo de Reynders que, por tal motivo, ha interrumpido el análisis que los servicios jurídicos de la Comisaría estaban llevando a cabo. Además, la Comisión Europea esperará a que se pronuncie el Tribunal Constitucional, una vez que la ley haya sido aprobada en el Parlamento. Así pues, al texto le queda demasiado recorrido como para un pronunciamiento prematuro.

El comisario ha repetido hasta la saciedad que este tema de la amnistía a los líderes independentistas catalanes “es un asunto interno de un miembro de la UE en el cual la Comisión no va a entrar”, salvo, eso sí, sólo en el supuesto de que algunos de los delitos perdonados tengan que ver con las finanzas europeas. Y aquí ya se ha repetido hasta la saciedad que la malversación que ahora será objeto de la medida de gracia se cometió en el capítulo 2 de los presupuestos de la Generalitat, correspondiente a los gastos corrientes, y nunca en las partidas referidas a inversiones, que son en las que figura el dinero procedente de Bruselas.

Por lo tanto, está claro que Reynders, al que le quedan escasos meses de mandato, no va a cuestionar los fondos que la UE ha entregado y sigue entregando a España por mucho que el Partido Popular, y más concretamente Esteban González Pons, que presume de tener hilo directo con Bruselas, nos quiera hacer creer. Los fondos europeos no corren peligro. Y ese es un claro mensaje de la Comisión Europea donde también se rechazan las denuncias presentadas por el Partido Popular y Vox en lo referido a que en España se está desmantelando el Estado de Derecho. Y, mucho menos, se puede establecer paralelismo entre las situaciones de Polonia y Hungría por mucho que el presidente del PP europeo, Manfred Weber, se empeñe en ello. Así lo hizo ver durante su intervención en la cámara de Estrasburgo, este miércoles. Una intervención ante un escaso centenar de europarlamentarios del total de 700, que parecía más propia de la campaña para los comicios del próximo mes de junio que de un debate sobre la situación jurídica de este país que era lo que pretendían los miembros del Partido Popular, Vox y Ciudadanos.

Tanto Jourová como Reynders han dejado claro que la situación de Polonia y Hungría no es la misma que la de España. En esos dos países se ha legislado no sólo contra la independencia judicial y la separación de poderes, sino también restringiendo los derechos de los colectivos LGTBI y otros similares. España “no es un país bananero”, comentan en Bruselas donde sí le van a pedir al ministro Bolaños diligencia para solucionar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y aquí es muy probable que se pueda llegar a conocer las intenciones del gobierno respecto a este asunto porque la gota que ha colmado la paciencia del ejecutivo de Pedro Sánchez es la petición del PP al Senado para que la Cámara Alta, donde tienen mayoría absoluta, pida al CGPJ un “informe sobre la amnistía” a sabiendas de que su composición, caducada desde hace cinco años, elaborara un dictamen coincidente con sus intereses. Un dictamen que no será vinculante pero que se unirá a la campaña de la derecha conservadora contra la ley que va a utilizar todos los recursos a su alcance, desde las movilizaciones callejeras hasta las instancias parlamentarias que controlan. Porque Europa está perdida.