Confluencia Movimiento Feminista muestra su disconformidad con «la opacidad y agostidad» del trámite de audiencia pública de la Ley Trans, ya que, siendo consciente el Gobierno de la impopularidad de las medidas propuestas, el plazo se ha abierto en pleno periodo estival –finaliza el próximo 16 de agosto–, sin ningún tipo de publicidad ni mención en las redes sociales del Gobierno, nota de prensa ni publicación en web oficial».
En un comunicado, al que ha tenido acceso Diario16, Confluencia Movimiento Feminista explica que el pasado 30 de julio, cuatro días después de la apertura del plazo, apareció publicada una nota de prensa del Ministerio de Igualdad en la web de Presidencia del Gobierno en la que se comunicaba la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual y del Anteproyecto para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, dando información sobre el estado de tramitación del primero, pero, sorprendentemente, sin mencionar el del segundo, que justamente estaba en fase de audiencia pública con el plazo ya corriendo ya que se inició el 26 de julio.
Para la organización, el hecho de que el Gobierno haya escogido tanto no publicitar la apertura del plazo como abrirlo en pleno agosto «no parece casual», ya que, además, «ha limitado el periodo al que está obligado por imperativo legal al mínimo contemplado por la ley, que no establece periodo máximo de duración de la consulta».
Además, afirman en el comunicado, el mes de agosto es inhábil en muchos ámbitos administrativos, lo que parece una clara intención de evitar la participación ciudadana, extremo especialmente grave tras más de dos años de análisis, encuentros, jornadas y reivindicaciones del movimiento feminista español e internacional, alertando contra los riesgos de la ideología transgenerista, que culminaron en concentraciones en más de veinte ciudades el pasado 26 de junio de 2021.
Así, Confluencia Movimiento Feminista denuncia «una vez más» el hecho de que la aprobación de este Anteproyecto de Ley (en particular el articulado referente a la “autodeterminación del sexo”, los “menores trans” y el borrado de la categoría “sexo”) significaría una grave violación de los derechos de las mujeres y la infancia, de las propias personas homosexuales y de las personas afectadas por disforia o incongruencia de género, además de constituir un grave retroceso para el ejercicio del pensamiento crítico y la libertad de expresión.
Además, destacan que, la Memoria del Análisis de Impacto Normativo del Anteproyecto «carece del necesario informe de Impacto de Género a pesar de que menciona que tendrá un impacto de género positivo, no hay absolutamente ni una explicación ni un documento anexo que justifique tal afirmación»; e incluye la “autodeterminación del sexo”, a pesar de que asegura que el trámite de consulta pública arrojó como resultado que “el 58% de los mensajes recibidos fueron manifestaciones contrarias a la autodeterminación del sexo”, lo que sin duda desmiente el supuesto consenso popular que la ministra de Igualdad, Irene Montero, no se cansa de repetir.
