El Partido Popular ha presentado una proposición de Ley para reformar el Consejo General del Poder Judicial. Quiere que, de los veinte vocales que componen el organismo, doce sean elegidos directamente por las asociaciones de jueces y magistrados. Los ocho restantes siguen siendo cosa del Congreso y del Senado. Es el mismo modelo que ya se sometió a votación del Parlamento durante el mandato de Casado, y fue rechazado. Según dicen fuentes cercanas a Moncloa, este modelo no puede aceptarse, tal y como está redactado, porque “lo que se pretende es garantizar que los poderes del Estado emanen de la ciudadanía”. Los dos modelos son antagónicos.
Cuando PP y PSOE negociaron una reforma, que luego quedó abortada porque Feijóo se negó a firmar el acuerdo si no se daba marcha atrás en la supresión del delito de sedición, la idea era que, antes de entrar en el fondo de la cuestión, se procediese a renovar un Consejo que ahora cumple el quinto año con mandato caducado. Posteriormente, lo que aquí se llamó el consejo constituyente se encargaría de elaborar un informe con una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial con una nueva fórmula de elección de los vocales. Solo una propuesta que, posteriormente, debería ser debatida y aprobada, si procede, en el Parlamento. Ese es el pacto final que, según dicen en Moncloa “está listo para la firma”. Es decir, que contiene nombres y apellidos por lo que sólo se tardaría “segundos” en ponerlo en marcha.
El PSOE, de esta manera, cede en su idea que no es otra que la de mantener el modelo actual consistente en que el Parlamento designe a doce vocales con propuestas de las asociaciones judiciales. La diferencia estriba en que esos doce vocales no serían elegidos directamente, sino que serían propuestos. Congreso y Senado tendrían la última palabra.
El Partido Popular dice que su proposición se asemeja más “a lo estándares” de los países de nuestro entorno. Y amenaza con que, si no sale adelante, “Bruselas empezará a multar a España como lo hizo con Polonia y Hungría”. Las manifestaciones del dirigente del PP, Elías Bendodo, no son del todo ciertas. La Comisión Europea exige algo más parecido a lo que quiere el Gobierno: primero, y lo más urgente, la renovación del CGPJ. Y luego la reforma. Ahí sí. En la reforma puede ser que el gobierno comunitario se incline más por la elección directa de los vocales por parte de jueces y magistrados.
Lo que ocurre es que hay otra complicación. Las asociaciones profesionales están divididas sobre la fórmula de elección. La Asociación Profesional de la Magistratura quiere una elección “por mayoría”. Eso les beneficia y haría que prácticamente los doce vocales fuesen de su adscripción. Las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial están por la elección directa, pero con factores correctores para dar cabida a las minorías. Es decir, una elección proporcional. La asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia se inclinan por el modelo actual.
Un modelo que se puso en marcha en 1985 bajo el mandato de Felipe González. Con anterioridad, el sistema de elección era muy parecido al que pretende el PP. Y ocurrió que la Asociación Profesional de la Magistratura acaparó todas las vocalías. Se impuso el “rodillo conservador”. El gobierno socialista de entonces quiso acabar con este sesgo, y puso en marcha una elección por parte del Congreso y del Senado, aunque, eso sí, “oídas las asociaciones profesionales de jueces y magistrados” y bajo ciertas condiciones como que los elegidos debían ser de “renombrado prestigio”, y tener experiencia en la carrera judicial, bien como jueces, abogados, letrados de los juzgados, y fiscales.
Hay que tener en cuenta que el CGPJ tiene la facultad de nombrar a los magistrados de las audiencias territoriales, tribunales superiores de justicia, Audiencia Nacional, y Tribunal Supremo. El abuso conservador de las designaciones es lo que obligó al gobierno progresista a suprimir esta potestad mientras el Consejo estuviese en funciones. Algo que ha supuesto la protesta de la derecha parlamentaria y la presentación de un recurso de inconstitucionalidad del decreto que regula la iniciativa.
Están en juego dos modelos antagónicos. Por lo tanto, es improbable que el Parlamento acepte la propuesta del PP. Y Feijóo ha sido claro. Esta es la única solución que aceptan. Y si no, el CGPJ actual seguirá en funciones. En Génova, manifiestan, con cierto optimismo que “la situación, en todo caso, durará hasta noviembre, cuando se celebren nuevas elecciones y obtengan la mayoría parlamentaria suficiente como para gobernar”. El PP no tiene en cuenta que el juego parlamentario de minorías y mayorías ha cambiado. Que la correlación de fuerzas es bien diferente y, ahora, puede ocurrir que se tarde más de la cuenta en conformar una mayoría suficiente como para gobernar dada la atomización de las cámaras. Es más. No hay que descartar la hipótesis de repetición de las elecciones. Ya pasó una vez y puede pasar otra.
Total, que, entre unas cosas y otras, pueden transcurrir entre 15 y 18 meses sin que se haya procedido a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Y todo ello en un momento en el que la falta de recursos humanos en las audiencias y tribunales, incluido el Supremo, empieza a crear problemas de funcionamiento. Y no digamos casi dos años después.
