La Unión General de Trabajadores (UGT) ha presentado una denuncia colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), alegando que el Estado español está incumpliendo el derecho a una vivienda digna, tal y como se recoge en el artículo 31 de la Carta Social Europea Revisada (CSER). El sindicato ha señalado que la falta de políticas públicas efectivas en el ámbito de la vivienda está afectando gravemente a amplios sectores de la población, especialmente a los jóvenes, inmigrantes y familias con bajos ingresos.
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha sido contundente al respecto: “Es intolerable que, en pleno siglo XXI, miles de trabajadores y sus familias no puedan acceder a una vivienda digna. El gobierno debe asumir sus responsabilidades y garantizar que todos los ciudadanos tengan un hogar adecuado”. Por su parte, Fernando Luján, vicesecretario general de UGT, ha recalcado que la falta de acceso a la vivienda es una de las mayores causas de desigualdad social en España.
Un sistema habitacional colapsado
España atraviesa una grave crisis habitacional que afecta a una parte significativa de la población. Los precios de la vivienda han experimentado un crecimiento desproporcionado en las últimas décadas, lo que ha hecho que el acceso a un hogar se convierta en un lujo inaccesible para muchas familias. Según datos recientes, el precio de la vivienda en alquiler ha aumentado un 20% en los últimos cinco años, mientras que los salarios apenas han crecido un 3%.
En ciudades como Madrid y Barcelona, la situación es aún más crítica. El alquiler medio en la capital ya supera los 1.300 euros mensuales, mientras que el salario medio apenas alcanza los 1.800 euros. Esto significa que muchas familias tienen que destinar más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler, lo que pone en riesgo su estabilidad económica.
UGT ha señalado que la precariedad laboral y la falta de políticas públicas efectivas en materia de vivienda han dejado a miles de personas en situación de vulnerabilidad extrema. Según el sindicato, en los últimos años se ha incrementado el número de personas que viven en la calle o en condiciones de hacinamiento, lo que constituye una clara violación de los derechos fundamentales.
La Carta Social Europea y la reclamación de UGT
La Carta Social Europea Revisada, ratificada por España en 2021, obliga a los estados firmantes a garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos sus ciudadanos. En particular, el artículo 31 de la carta establece que los gobiernos deben adoptar medidas efectivas para asegurar que las personas con menos recursos puedan acceder a una vivienda asequible y de calidad.
En su denuncia, UGT alega que el Estado español no ha implementado políticas efectivas que garanticen este derecho, y que las medidas adoptadas hasta la fecha, como la Ley 12/2023 de Vivienda, han sido insuficientes. Fernando Luján ha criticado duramente esta normativa: “La nueva ley de vivienda es un avance, pero llega tarde y se queda corta. No basta con regular el precio del alquiler en algunas zonas tensionadas, necesitamos un plan ambicioso que aborde el problema desde la raíz”.
Además, UGT ha señalado que el incumplimiento del derecho a la vivienda no solo afecta a los colectivos más vulnerables, sino que también tiene un impacto directo en la protección de otros derechos fundamentales, como la familia (artículo 16 de la CSER), la juventud (artículo 17) y los trabajadores migrantes (artículo 19).
Jóvenes y migrantes, los más afectados
Uno de los puntos clave de la denuncia presentada por UGT es el impacto desproporcionado que la crisis de la vivienda está teniendo en los jóvenes y los inmigrantes. Según un informe elaborado por el sindicato, el 82% de los jóvenes españoles no puede permitirse abandonar el hogar familiar debido al elevado coste de la vivienda. En términos comparativos, la tasa de emancipación juvenil en España es una de las más bajas de Europa, con apenas un 16,3% de jóvenes entre 16 y 29 años que logran independizarse, frente a la media europea del 31,9%.
Fernando Luján ha calificado esta situación de “emergencia generacional” y ha subrayado la importancia de adoptar medidas específicas para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes: “Si no actuamos ahora, corremos el riesgo de condenar a toda una generación a la precariedad. Necesitamos una política de vivienda que permita a los jóvenes emanciparse y construir su futuro”.
Por otro lado, los trabajadores migrantes también se enfrentan a enormes dificultades para acceder a una vivienda adecuada. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 28% de los inmigrantes en España vive en condiciones de hacinamiento, una cifra que duplica la media nacional. UGT ha señalado que este colectivo es uno de los más afectados por la especulación inmobiliaria y la falta de vivienda social, lo que agrava aún más su situación de vulnerabilidad.
Políticas insuficientes y el problema de la vivienda social
Aunque el gobierno ha adoptado algunas medidas en los últimos años para intentar mitigar la crisis de la vivienda, UGT considera que estas han sido insuficientes. Pepe Álvarez ha subrayado que el principal problema es la falta de inversión en vivienda social: “España tiene una de las tasas más bajas de vivienda social de toda Europa, con apenas un 2,5% del parque habitacional. Necesitamos un plan ambicioso para aumentar esta cifra y garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a una vivienda asequible”.
En países como Francia o los Países Bajos, la vivienda social representa más del 15% del total, lo que ha permitido mitigar el impacto de la crisis habitacional. Sin embargo, en España la falta de políticas públicas ha hecho que la oferta de vivienda social sea prácticamente inexistente, lo que ha dejado a miles de personas en una situación de desamparo.
UGT pide medidas urgentes
Ante esta situación, UGT ha presentado una serie de propuestas para abordar la crisis de la vivienda en España. Entre ellas, el sindicato pide:
- Incrementar el parque de vivienda social hasta alcanzar el 10% del total en los próximos cinco años.
- Establecer un control de los precios del alquiler en todas las zonas tensionadas del país, no solo en algunas ciudades.
- Ofrecer ayudas directas al alquiler para jóvenes y personas con bajos ingresos, de manera que puedan acceder a una vivienda sin poner en riesgo su estabilidad económica.
- Rehabilitar el parque de vivienda existente, asegurando que todas las viviendas cumplen con los estándares de habitabilidad y eficiencia energética.
Fernando Luján ha insistido en que estas medidas son fundamentales para garantizar el derecho a una vivienda digna: “No podemos permitir que el mercado siga dictando las reglas del juego. El acceso a la vivienda es un derecho fundamental, y el Estado tiene la obligación de intervenir para garantizarlo”.
Consecuencias de la denuncia
Si el Comité Europeo de Derechos Sociales falla a favor de UGT, el Estado español podría enfrentarse a importantes consecuencias legales y políticas. En casos similares, como el de Grecia en 2019, el CEDS dictaminó que el gobierno debía adoptar medidas inmediatas para corregir las deficiencias en el acceso a la vivienda, lo que llevó a una revisión profunda de las políticas públicas en este ámbito.
Pepe Álvarez ha recalcado que la lucha por el derecho a la vivienda es una prioridad para UGT: “No vamos a parar hasta que el gobierno asuma su responsabilidad y garantice que todos los ciudadanos, sin excepción, tienen acceso a una vivienda digna. Esta es una batalla que afecta a millones de personas, y no podemos permitir que se siga vulnerando este derecho fundamental”.
Un futuro incierto para la vivienda en España
A medida que la crisis habitacional sigue afectando a más sectores de la población, la reclamación presentada por UGT ante el Comité Europeo de Derechos Sociales podría marcar un punto de inflexión en la lucha por el derecho a la vivienda en España. Si bien el gobierno ha adoptado algunas medidas para intentar mitigar el problema, UGT considera que estas son insuficientes y que se necesita una reforma estructural más ambiciosa para garantizar el acceso a una vivienda digna para todos.
Con el respaldo de la Carta Social Europea, UGT ha llevado la lucha por el derecho a la vivienda al ámbito internacional, y ahora depende del Estado español demostrar su compromiso con los derechos sociales de sus ciudadanos.