Álvaro Cuesta, vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial, lo tenía claro. Lo había hablado con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Había que forzar la dimisión en bloque de todos los miembros del sector progresista. No para obligar al PP a sentarse a negociar la renovación del Consejo sino, de cara a la Presidencia española de la UE, trasladar la imagen de un órgano de gobierno de los jueces de este país controlado, y dominado exclusivamente por la derecha conservadora. Pero hubo alguien que se negó a dimitir. Roser Bach, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, es la esposa del secretario general de la Presidencia de la Generalitat durante la época de Artur Más, Germà Gordó. Está imputado en el caso del “3 per Cent” y la fiscalía pide, para él, 18 años de cárcel.
El llamado caso del “3 per Cent” es una investigación judicial que se lleva a cabo en Catalunya por las comisiones que cobró Convergencia i Unió durante las etapas en que estuvo al frente de la Generalitat. Un caso de corrupción política en el que la formación catalanista presuntamente cobraba el 3% del presupuesto de licitación de las obras públicas a sus adjudicatarios. La Fiscalía Anticorrupción pide más de 20 años de cárcel para 30 personas físicas y multas para El PdeCAT, el partido que heredó los activos de Convergencia cuando se disolvió, y Junts Per Catalunya. Entre las personas físicas se encuentran el extesorero de CDC, Andreu Viloca para el que se pide 21 años y 4 meses de cárcel, y Germà Gordó en calidad de responsable de las cuentas del partido, a 18 años.
Pero se da la circunstancia que Gordó es el marido de Roser Bach, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y vocal del CGPJ. Bach fue la que más se opuso a la dimisión en bloque durante la reunión que, un día antes del pleno del organismo, mantuvieron los que están identificados con los planteamientos progresistas. El otro vocal que más resistencia mostró es Enrique Lucas, propuesto por el PNV. Lucas siempre fue por libre, pero se ha mostrado afín, casi siempre, a las propuestas de sus compañeros del grupo de la izquierda. No obstante, en ámbitos jurídicos se sospecha que Lucas ha mantenido contactos con los conservadores con el propósito de aproximar al Partido Popular y al PNV. Lo que sí parece cierto es que, de esos contactos, surgió el informe negativo del CGPJ al proyecto de ley de la vivienda presentado a consulta por el Gobierno.
No es la primera situación incómoda en que se encuentra Roser Bach dentro del Consejo General del Poder Judicial donde es vocal desde 2014. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, del que es magistrada, tuvo que pronunciarse sobre las manifestaciones de Gordó en apoyo de los imputados del Procès. Afortunadamente para ella, antes de que se adoptase una resolución se levantó la sesión. Y, desde entonces, vive en permanente contradicción: la que genera ser la esposa de un significado dirigente soberanista pero también acusado de corrupción, y su condición de vocal del CGPJ. ¿Puede haber un conflicto de intereses? Si lo hay o no lo hay, nadie habla de ese asunto. Al menos en público.
Con esas dos reticencias, la propuesta de Álvaro Cuesta estaba condenada al fracaso a pesar de que la vocal Concepción Sáez, a propuesta de IU, se mantenía en sus trece de dimitir y de que el presidente del Consejo “en funciones”, Rafael Mozo, aceptó la renuncia por lo que, según la ley, se hizo efectiva. La operación falló. Pero aún quedan algo más de dos meses para que España se haga cargo de la presidencia de la UE. Pedro Sánchez espera, de aquí a entonces, que prospere la dimisión en bloque de los vocales progresistas para dejar al CGPJ como un órgano “conservador” inoperante y controlado por el PP.
De esa manera se neutralizarían los argumentos de Feijóo que cuestionan el Estado de Derecho en este país, lo que permitirá a España seguir manteniendo, como presidente de turno, las presiones sobre Polonia y Hungría, cuyos modelos, inspirados en los planteamientos de la extrema derecha, ponen en duda la independencia judicial y socavan las bases fundamentales de la Unión.
Es lo único para lo que puede servir esa dimisión en bloque. Porque, por lo demás, ya nadie hace caso en este país a un órgano de gobierno de los jueces que, por no poder, no puede ni siquiera llevar a cabo su principal misión: el nombramiento de jueces y magistrados de las instancias judiciales superiores, las cuales cada vez más se encuentran en situación precaria por falta de recursos humanos.
Isto do tres por cento, que nalgures son catro ou cinco, é máis antigo que a civilización. O rei emérito cobraba máis nas súas visitas económico_consulares a gastos pagos e ninguén dixo nada disto. Seica xuntou un capital que anda de Panamá a Caimán pasando por Liberia ou Maldivas a concerto grosso. Dous mil millóns, e que pasa aquí?