El destrozo de la Justicia española

Entre los numerosos abusos de que son víctimas los ciudadanos de este país avanzado, democrático, europeo, se encuentran en un lugar muy prominente los que cometen las compañías de seguros.

Es práctica habitual que cuando se declara un siniestro de hogar la compañía tarda un tiempo indeterminado en avisar a un perito, este tarda otro tiempo más indeterminado aún en ponerse en contacto con el cliente y en un buen número de casos no acude a inspeccionar el lugar, sino que interroga por teléfono al asegurado.

Algunas compañías ni siquiera se hacen cargo del tema, sino que encargan a esa sociedad llamada Legálitas que se ocupe de defenderla. Lo único que conseguí cuando tenía un derrame de agua en mi casa proveniente del piso de arriba es que de cuando en cuando me llamara alguien de Legálitas. Si no podía contestar en aquel momento no repetían la llamada y si llamaba yo me encontraba con un mensaje grabado que decía que ya se pondrían ellos en contacto conmigo. La única vez que pude entablar conversación con alguien que parecía un ser humano me indicó que me enviaría el perito, que nunca compareció. Recalcaron que si la filtración del agua era de otro vecino, ellos no tenían participación alguna, ni se hacían cargo de la reparación ni reclamarían al causante.

Cuando otro operario acudió a inspeccionar el lugar en nombre de la compañía de seguros de la comunidad de propietarios, mal encarado y machista, me advirtió muy seriamente que ellos no se ocuparían de nada porque no era su responsabilidad. Aclarar de quien era la responsabilidad debía ser responsabilidad mía.

En el caso de un incendio en mi casa, la compañía no pagó ni la mitad de los daños causados, de la misma manera que nos sucedió con el incendio de nuestro coche, que había sido saboteado en la calle.

Pero estos casos no son una excepción que solo me afecte a mí, toda la ciudadanía conoce episodios semejantes y ha sido víctima de ellos. La desgracia no es solo que las corporaciones se dediquen a engañar a sus clientes para obtener el mayor beneficio posible, eludiendo responsabilidades y negándose a pagar los daños y las indemnizaciones, después de haber cobrado las cuotas puntualmente durante años, sino que no hay a quien pedir justicia, porque la justicia en España no existe.

Y no existe porque los poderes políticos y económicos no quieren. La Administración de Justicia en España no funciona, y no puede funcionar porque se la mantiene en la miseria: mínima financiación que supone no incorporar más funcionarios de todos los niveles de que los carece y unas condiciones de trabajo decimonónicas.

Los juzgados están instalados en locales inadecuados, pequeños, con las paredes sucias y las pinturas desconchadas, y espacios mínimos donde los y las funcionarias no caben y mucho menos los expedientes, que, como en siglo XIX, siguen escribiéndose en papel. Papel que se acumula hasta el techo y muchas veces en las sillas y en el suelo. Las habitaciones mal ventiladas contienen varias mesas, con sus sillas y trabajadores, más las estanterías y las pilas de carpetas, y el calor es insoportable. Y no hay presupuesto ni para comprar papel, ni siquiera para pagar los billetes de autobús del agente judicial, cuando tiene que llevar una citación. 

Ya hemos visto las tímidas protestas de los letrados judiciales, el mal humor de los jueces y fiscales y ahora la  huelga de funcionarios, sin que ni una voz de los defensores de la igualdad y la justicia: PSOE, Podemos, Izquierda Unida, Compromís, los Comunes, las Mareas, etc. diga una palabra para apoyar sus reclamaciones. Claro que es la propia Ministra de Justicia del PSOE la que se niega a aceptarlas…

La falta de personal, comenzando por los jueces y siguiendo por los letrados judiciales, los fiscales y sus ayudantes, las oficiales, secretarias y agentes, impiden que se tramiten los casos en los plazos establecidos por la ley, que nadie cumple. A tal punto ha llegado la convicción de que ningún proceso se adaptará al tiempo previsto para su consecución, que los legisladores han aprobado, con todo cinismo, una reducción de las penas a los culpables, “por dilaciones indebidas”. De tal modo, al asesino de su mujer, a la que después congeló, más tarde descuartizó y terminó por tirar sus trozos a un contenedor únicamente le han sentenciado a quince años de prisión, “por dilaciones indebidas”. El proceso hasta la vista oral duró diez años. En otros casos se consigue la prescripción.

La maldición gitana: “Pleitos tengas y los ganes”, no es un anacronismo del siglo XIX. Los gastos de los procesos, “las dilaciones indebidas”, la inseguridad de los justiciables respecto a su futuro, amargan la vida de aquellos que sean tan ingenuos que confíen en que la justicia restituya los daños causados por el delito. Si a ello añadimos la escala de indemnizaciones señaladas por la ley para compensar los siniestros y las lesiones en los accidentes de tráfico, que se aplica a todos los demás temas de indemnizaciones, en el afortunado caso de que sea reconocida la responsabilidad del culpable, que apenas llega para pagar los antidepresivos que haya consumido la víctima, resulta realmente una heroicidad plantear una reclamación judicial en demanda de protección y restitución de derechos.  

Se están realizando citaciones para la primera comparecencia en procesos de reclamación de cantidad, divorcios, petición de alimentos, a uno o dos años desde la aceptación de la demanda. Cuando se logra que el juez dicte un embargo preventivo sobre los bienes del demandado, y la remoción de aquellos, se tarda tanto en proceder que da tiempo a que desaparezcan los bienes. No se sabe nunca si solo por “dilación indebida” o porque ha mediado algún pago por medio. Los abogados sabemos bien que hay que vigilar estrechamente los expedientes y guardar copia de ellos para que no se pierdan las pruebas importantes: periciales, declaraciones juradas, actas notariales. Sin ninguna responsabilidad para el personal del juzgado.

Los jueces rechazan pruebas: declaraciones de testigos, informes periciales, vídeos, audios, para no perder tiempo, aunque el derecho a la defensa del justiciable resulte lesionado. Los exhortos se siguen tramitando como en el siglo XIX, y la conexión digital, tan necesaria y elogiada hoy, apenas tiene utilidad en los procesos judiciales. 

Niños separados de su madre durante varios años por la aplicación torticera de ese falso síndrome de alienación parental, que pasan de la primera infancia a la segunda, y de ella a la adolescencia, sin más contacto maternal que una visita de una hora a la semana.  

No se vigilan las órdenes de alejamiento dictadas contra maridos maltratadores y muy peligrosos, por lo que resultan totalmente inútiles. Nunca he sabido para qué sirven las “órdenes de protección”, ni qué diferencia hay entre estas y las de alejamiento, aparte de la riqueza de lenguaje de que siempre hacen gala los legisladores.  A veces el “alejado” acaba asesinando a su mujer, la “protegida”, incluso cuando está embarazada, incluso de gemelos, o cuando se halla en compañía de sus hijos menores, que también acaban muertos, sin que nadie en la cadena judicial ni policial resulte imputado por negligencia.

España tiene la ratio más baja de jueces de toda la Unión Europea –España siempre tiene el dudoso honor de ser  en todo la última de la cola europea, a veces solo detrás de Grecia-, en nivel de enseñanza, en comprensión lectora de los alumnos, en pago de impuestos, número de maestros y profesores, número de médicos y sanitarios, número de psicólogos y psiquiatras, número de juzgados, atención social a dependientes y discapacitados, camas en residencias de mayores, etc. etc.

Pero la deficiencia de la justicia es la más grave de todas, porque es la que debe restablecer el orden social roto por los delincuentes, los negligentes y los sinvergüenzas. Y no puede hacerlo. Pero nadie lo cambia.

Y no lo cambian porque no quieren. Es absolutamente inaceptable que ninguno de los partidos que compiten, agriamente, por convencer a los ciudadanos de que les voten ni aún mencionen el desastre de la Administración de Justicia. De la que todos somos víctimas. De la derecha no podemos esperar que sea la que imponga el orden jurídico, porque no le conviene. Cuando ha tenido ochocientos cargos del PP investigados por corrupción, cuando el proceso de Villarejo va camino de obtener el primer premio en “dilaciones indebidas”, cuando el PP desearía querellarse contra todos los de izquierda a quienes quiere ver en la cárcel y no lo hace porque teme ser también encausado, cuando es capaz de bloquear al Consejo del Poder Judicial cinco años, entre otras muchas tropelías que consiente y ampara de sus afiliados y cargos.

Pero, ¿dónde están las denuncias y quejas de la izquierda por el estado en que se encuentra la justicia? ¿Y después de cinco años de gobiernos de “izquierdas”, cuántos proyectos de ley o decretos ley se han aprobado para resolver el drama de la Administración de Justicia?  ¿En qué consiste la desidia del PSOE, de Podemos, de Más Madrid, de Más País, de Compromís, del PSC, de los Comunes, de las Mareas, de Equo, de Alianza Verde, la miríada de partidos y partiditos que se amontonan en esa izquierda inventada por sus participantes?  

Yolanda Díaz reúne a QUINCE PARTIDOS en su proyecto SUMAR. ¿Cuándo han presentado esas formaciones políticas parlamentarias las enmiendas a los presupuestos de la justicia para garantizar que todos los que trabajen en ella cobren lo adecuado y se sufraguen suficientemente los gastos  ¿Cuándo han presentado proyectos de ley para se construyan, o se abran, edificios que alberguen dignamente las sedes de los juzgados, audiencias provinciales, fiscalías, peritos, forenses?

¿Le importa a esa izquierda desnortada y múltiple que se haga justicia en España? ¿O está garantizándose a su vez que quedará a salvo de demandas y denuncias?

Esa supuesta izquierda ha aceptado, algunas dirigentes con entusiasmo como la Ministra de Defensa Margarita Robles, el estratosférico aumento del presupuesto militar nacional y nuestra contribución a la OTAN, mientras la Administración de Justicia permanece en la miseria y la degradación.

Debería ser del dominio público que únicamente el Partido Feminista de España está dispuesto a luchar bravamente por convertir a la Administración de Justicia en una institución digna de ser llamada de tal modo. Y acabar con la corrupción, la negligencia y el cinismo que ahora la domina. Y de justicia es votarle.

Porque si en las próximas elecciones ganan los mismos partidos que nos han gobernado o los que se han opuesto, que todo aquel que se decida a presentar una reclamación judicial sepa, al entrar en el juzgado, que, como en la puerta del Infierno, debe abandonar toda esperanza.