La decisión del Gobierno de frenar la tramitación de la proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP) en el Senado para eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en una muestra clara de coherencia y responsabilidad fiscal.
Es importante tener en cuenta que aunque varias comunidades autónomas hayan eliminado este impuesto en sus territorios, la administración central tiene la responsabilidad de mirar el panorama completo y asegurar que los ingresos del Estado no se vean comprometidos. Es cierto que este impuesto no representa un porcentaje significativo de los ingresos totales, sin embargo, su eliminación podría sentar un precedente peligroso que comprometa la estabilidad financiera del país a largo plazo.
Argumento del Partido Popular
El argumento del PP se centra en que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones «no llega al 1% de los ingresos tributarios», y por ende, su supresión no causaría un impacto considerable en la recaudación. No obstante, es necesario ver más allá de los números inmediatos y comprender que cada impuesto cumple un papel en la estructura fiscal del país. Su eliminación podría abrir la puerta a futuras propuestas que busquen desmantelar otros impuestos, lo que eventualmente podría desestabilizar el sistema tributario.
Por otro lado, la propuesta del PP de compensar a las Comunidades Autónomas por la supresión de este impuesto con el importe recaudado en el último ejercicio fiscal no solo implicaría un desembolso adicional para el Gobierno central, sino que también podría crear discrepancias entre las comunidades autónomas en cuanto a la distribución de esos recursos.
El Gobierno muestra su compromiso con la estabilidad y coherencia de las políticas fiscales
El Gobierno, al presentar un escrito de disconformidad a esta proposición, ha mostrado su compromiso con la estabilidad y coherencia de las políticas fiscales del país. Esta decisión no solo busca proteger los Presupuestos Generales del Estado, sino que también busca preservar la estructura fiscal, evitando posibles desequilibrios que puedan surgir las decisiones relacionadas con los impuestos se tomen con una visión a largo plazo y teniendo en cuenta el bienestar general de la nación.
