El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que refuerza la protección de los consumidores ante la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. Se aprueban 18 de las 73 medidas del Plan Más Seguridad Energética, presentado la semana pasada, entre ellos el bono eléctrico.
Bono eléctrico para el ahorro de gas
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado que, “en un momento de incertidumbre internacional, el Ejecutivo está centrado en proteger a las familias, los autónomos y las empresas, como ya hizo ante las consecuencias de la pandemia del COVID-19”. Las iniciativas impulsadas hoy movilizarán alrededor de 3.000 millones de euros y supondrán que 4 de cada 10 hogares ya se estarán beneficiando de la cobertura del Ejecutivo en este ámbito.
Protección, transición y eficiencia
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado que “este decreto-ley es el décimo en esta materia desde junio del año 2021 y que toda esa labor ha logrado impulsar las energías renovables y el autoconsumo”.
Excepción Ibérica
Además, ha contribuido a la reducción del consumo eléctrico y rebajar en torno al 33% la factura eléctrica (respecto a lo que se pagaría sin esas medidas). «Pero esto no basta, es obvio que tenemos que aliviar el coste de la energía para todos los consumidores, pero debemos centrar nuestra atención en los más vulnerables y debemos pensar no solamente en cómo ampliar la cobertura de los más vulnerables, sino cómo incrementar la protección a clases medias», ha argumentado.
Plan Más Seguridad Energética
Las medidas impulsadas hoy -con las que ya son 29 las activadas del total de 73 que recoge el Plan Más Seguridad Energética- se agrupan en tres bloques: la protección de los consumidores, la transición energética y el impulso del ahorro y la eficiencia energética, todas en la línea de «contribuir a este esfuerzo colectivo de una manera justa, inclusiva y equilibrada».
Calderas comunitarias y bono eléctrico
Para aumentar la protección de los consumidores, el texto crea una nueva tarifa de la que se podrán beneficiar quienes tengan un sistema de calefacción basado en una caldera propiedad de la comunidad de propietarios; prorroga las ventajas de las tarifas de último recurso de gas para los pequeños consumidores, ya sean pymes o familias; amplía el bono social térmico; refuerza el bono social eléctrico; flexibiliza los contratos industriales y da más transparencia a las facturas.
La vicepresidenta tercera ha detallado que la tarifa especial para las calderas comunitarias estará en vigor, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2023 y beneficiará aproximadamente a 1,7 millones de familias. Estas deberán tener instalados sistemas de contadores individualizados antes del final de septiembre de 2023 y revisar las calderas para asegurar que funcionan de la manera más eficiente posible. Si las comunidades de propietarios se mantienen en torno a los consumos promedio de los últimos años, la suma de la reducción fiscal de los costes fijos y la nueva tarifa especial supondrá en torno a un 50% de ahorro.
Bono eléctrico para el ahorro de gas
En cuanto a la factura eléctrica, una nueva tarifa, también de carácter temporal, beneficiará a las clases medias y trabajadoras. En concreto, las familias que cuenten con hasta 28.000 euros de ingresos y un número de personas conviviendo en el mismo hogar podrán disfrutar de un descuento especial de hasta el 40% de la electricidad que consumen, según ha explicado Teresa Ribera.
Además, se incrementa la cobertura del bono social eléctrico hasta el 65 y el 80% de descuento para vulnerables y vulnerables severos, respectivamente, así como las ayudas para el bono social térmico.
Impulso del autoconsumo y el ahorro
Para acelerar la transición energética, el Decreto-ley incluye disposiciones adicionales sobre autoconsumo y gases renovables, con una regulación más flexible en el acceso a redes eléctricas y una simplificación administrativa.
Y en el ámbito del ahorro y la eficiencia, Ribera ha remarcado las deducciones fiscales ampliadas para las inversiones en el contexto de la rehabilitación de viviendas; la libertad de amortización para las empresas que inviertan en bienes de equipo que permitan reducir la factura energética; el aumento de los requisitos de eficiencia para los proyectos de alumbrado público que se inicien el próximo 1 de enero y la apuesta por los contadores inteligentes de gas natural en los hogares con una partida presupuestaria destinada a tal efecto.
