No. No fueron las advertencias de Díaz Ayuso y Moreno Bonilla, ni las presiones del sector ultra del partido lo que llevaron a Núñez Feijóo a romper las negociaciones para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El PP ya tenía prevista esa ruptura. Forma parte de su estrategia. La idea es dificultar, cada vez más, la labor de las instituciones hasta llegar a un colapso que lleve al gobierno progresista a la convocatoria urgente de elecciones.
Ya lo dijo el exministro Tomás de la Cuadra, en septiembre. “Se trata de acumular crisis en órganos constitucionalmente decisivos con la finalidad de ver si revienta la legislatura y se impone la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones”.
Núñez Feijóo lo fía todo a las encuestas por mucho que diga en público que “no hay que hacer mucho caso de los sondeos”. Salvo la del CIS, todas le son favorables. Y, a tenor de esos argumentos, a su partido y a él personalmente, les entran las prisas. Hay que acabar, cuanto antes, con lo que ellos llaman “gobierno Frankenstein” o “gobierno ilegítimo”. De ahí la necesidad de llevar a cabo la estrategia diseñada hasta sus últimas consecuencias.
Una estrategia claramente golpista en la que también cuenta el bloqueo del Tribunal Constitucional. Los estrategas del PP saben que si se renueva el Consejo General del Poder Judicial se acabará la presencia en el organismo de los vocales conservadores que, durante los últimos cinco meses, se han negado a proponer los dos candidatos que el órgano de gobierno de los jueces debe presentar, junto a los dos del Gobierno, para cubrir las vacantes vacías desde el mes de junio.
El Gobierno va a centrar todos sus esfuerzos en esa operación: la renovación del Tribunal Constitucional, una vez fracasado el intento de resolver la crisis del CGPJ. Para ello, el PSOE ha instado a los vocales progresistas a que reactiven la negociación. El problema es que los negociadores del sector conservador no están por la labor. Y lo dicen en público y en privado. Ahora exigen, a cambio del desbloqueo, que se suprima la reforma de marzo de 2021 por la que el CGPJ en funciones no puede designar jueces y magistrados del Tribunal Supremo, y de los tribunales territoriales, es decir, las audiencias provinciales y los tribunales superiores de justicia. Y ese trámite, que Moncloa rechaza, llevaría cierto tiempo. Lo que buscan los del PP.
Así pues, la designación de los dos candidatos para cubrir las vacantes del Tribunal Constitucional que corresponden al CGPJ va a seguir bloqueada. Así las cosas, todas las miradas se dirigen al Gobierno. La designación de los dos candidatos que le corresponde no acabaría por resolver el problema. Pero juristas y políticos creen que, al menos, ese gesto serviría para mostrar a la opinión pública, que el ejecutivo de Pedro Sánchez no va a dejar que la situación se deteriore.
Porque esta situación es verdaderamente grave. El Constitucional debe pronunciarse sobre leyes tan importantes como son la del aborto, o la que elimina la obligatoriedad de impartir el 25% de las clases en español en los centros docentes de Catalunya.
En el Tribunal Supremo las cosas están peor. Al borde del colapso, dos salas: la de lo Social, y la de lo Contencioso Administrativo, y una, la Militar, prácticamente sin magistrados. Y esas salas tienen que resolver cuestiones tan relevantes como las reclamaciones laborales relacionadas con la pandemia de la Covid-19, o, en lo referente a la de lo contencioso administrativo, los recursos presentados contra los indultos de los condenados por el procès, o el nombramiento de Rafael Mozo como presidente del Consejo General del Poder Judicial, en funciones.
Precisamente ha sido Mozo el que ha filtrado que los vocales del Consejo van a preparar un “plan B” para intentar paliar la contingencia. Pero los juristas ya han avisado: las alternativas que se barajan, mandar a las salas a jueces de rango inferior en comisión de destino, o designar catedráticos de relevante prestigio en materia jurídica, no son muy viables si no se cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia que es quien tiene que otorgar la dotación presupuestaria correspondiente.
Y el Gobierno no está por la labor de poner parches a la situación. Y más cuando cada vez cobra más fuerza la idea de poner en marcha lo que se ha denominado la reforma del sistema de mayorías que ya se apuntó aquí en otro análisis. En ese sentido, el argumento contrario a los que piensan que esa idea no se puede poner en marcha debido a la oposición de Bruselas, señala que “la Comisión Europea nunca se ha opuesto a esta reforma. Siempre han dicho que se renueve el CGPJ de la manera que sea, pero urgentemente, y luego se elabore una nueva normativa”.
Todo con tal de que la estrategia golpista del Partido Popular, calificada de “antisistema” y de “anticonstitucional” no acabe por llevar a una situación insostenible que demostraría la fragilidad de la democracia de este país.
