El inhumano modelo privatizador de las residencias de mayores salta por los aires durante la pandemia

Según datos de la patronal, en 2017 había en España 381.000 plazas de residencia de mayores, de las cuales el 52 por ciento estaba en manos privadas. El magistrado Joaquim Bosch asegura que ese porcentaje de privatización del sector es muy superior, ya que roza el 75 por ciento, tal como recuerda en su muro de Facebook. “La gran mayoría de ellas se financia con dinero público y así pueden obtener enormes beneficios. Si no cuestionamos que la salud de nuestros mayores sea un negocio, no habremos aprendido nada de esta crisis”, asegura el juez valenciano exportavoz de la organización Jueces para la Democracia.

Cuando haya pasado la pandemia del coronavirus habrá que replantearse muchas cosas. Una de ellas será el modelo ultraprivatizador de los hogares de la tercera edad, un servicio asistencial con el que algunos han hecho mucho dinero, quizá demasiado, en los últimos años. Ayer mismo, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) apostaba por un cambio radical del modelo de los centros residenciales para mayores una vez que sea erradicada la plaga. Según afirma su presidente, José Augusto García Navarro, en una entrevista para Europa Press, el actual modelo requiere una “reflexión”. “Habrá que ver de qué manera habrá que incrementar la atención médica y geriátrica en las residencias de mayores de todo el país”, alega García Navarro, que propone potenciar unidades de geriatría desde los hospitales, fomentando los centros de atención intermedios o bien con consultores de geriatría en las mismas residencias. “Ese será el debate”, explica.

Pero la reforma debe ir mucho más allá de lo que propone la SEGG. Sin tratar de convertir las residencias en hospitales, ya que es obvio que hablamos de hogares residenciales y de centros de convivencia, resulta evidente que el fiasco en la gestión de comunidades autónomas como Madrid −donde solo en el mes de marzo perdieron la vida en estos centros más de 3.000 personas víctimas del coronavirus− debe ser seriamente analizado y corregido para extraer conclusiones y depurar responsabilidades en su caso. Fuentes del grupo parlamentario Unidas Podemos en Les Corts Valencianes defienden incluso la reversión “completa” del modelo privatizador de las residencias de mayores, que consideran “precarizado y heredado de los 20 años de gobierno de la derecha”. Ello significaría la práctica nacionalización de todo el sector, pasando de manos privadas a la gestión por parte de la Conselleria de Sanidad o de Servicios Sociales.

Para Unidas Podemos “el modelo de gestión concertado y las concesiones privadas para las residencias ha generado precariedad de las instalaciones, precariedad de los trabajadores e incapacidad de poder hacer frente a una crisis como la que estamos viviendo”. Por ello, defienden “una reversión completa del modelo privatizador de las residencias de mayores, como ya ha estado haciendo el Gobierno del Botànic en los últimos años”. El objetivo es que nunca más vuelva a ocurrir una tragedia como la que estamos viviendo. La Fiscalía “ya ha iniciado los procedimientos para investigar lo sucedido en las distintas residencias donde se han producido muertes y ocultación de cadáveres” en España pero ahora se tratará de ir un paso más allá en el ámbito político para llevar a cabo “una intervención total” del Estado y “garantizar la seguridad y la vida de nuestras personas mayores”.

Pero al margen de propuestas de futuro, lo cierto es que el modelo privado ha sido letal en esta crisis del coronavirus. Hasta tal punto que tuvo que intervenir la UME (la Unidad Militar de Emergencias) para desinfectar los edificios devorados por los gérmenes mortales. Las negligencias en la prevención, la falta de higiene, la escasez de material sanitario adecuado, la desatención de los mayores (cuando no la desidia), la insuficiencia de personal, la falta de sustituciones ante las bajas de trabajadoras que caían con síntomas del coronavirus y en definitiva la falta de profesionalidad del modelo privado ha llevado a que cientos de abuelos hayan tenido que morir solos, desamparados, aterrorizados y en condiciones de vida lamentables. Un triste final para personas con 80 o 90 años que habían sobrevivido a una guerra civil y a una dura posguerra pero que finalmente sucumbieron en el infierno de las privatizaciones.

Con diferencias, todas las residencias de mayores del país, con independencia de la comunidad autónoma, presentan graves deficiencias. Quizá sea Euskadi la única que ha mantenido el tipo y se ha salvado de la quema, con una mínima asistencia de calidad. Según publicaba un artículo de La Vanguardia bajo el título Las empresas impulsan residencias privadas por el ahogo de las públicas (2017), en nuestro país ha habido un auténtico boom de las residencias como modelo de negocio. “Las aseguradoras y los grupos financieros se han lanzado a construir residencias privadas de la tercera edad en España para crecer en un sector con alta demanda pero en el que los centros concertados están al borde del colapso financiero por falta de financiación pública”. La empresa privada facturaba hace tres años cerca de 4.200 millones de euros en residencias de ancianos. El 25% de las instalaciones estaba en manos de solo diez grandes firmas.