Cuando Pedro Sánchez colgó el teléfono después de hablar con Alberto Núñez Feijoo, agarró un cabreo de padre y muy señor mío.
Sánchez suele ser una persona flemática. Dicen que no se inmuta por nada. Y más después de los insultos y exabruptos que recibe a diario. Pero, en esta ocasión, lo que escuchó telefónicamente le sacó de sus casillas. El supuesto líder de la oposición, ese que iba a ser “el dialogante”, le había vuelto a dejar en la estacada por mucho que el gallego diga que Sánchez le engañó.
Todo lo contrario. Todo estaba atado el jueves. Y este lunes se iba a firmar el acuerdo por el cual se procedía a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Veinte miembros y un presidente. Se había tenido mucho cuidado en designar a miembros de la carrera judicial. Se había tenido en cuenta a las asociaciones profesionales de jueces y fiscales. Incluso la Asociación Profesional de la Magistratura, APM, teledirigida por el PP, había tenido un papel activo a la hora de designar a los nuevos miembros. Y, todavía más. Victoria Rosell, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, el gran caballo de batalla de la otra parte de la coalición, IU-Podemos, había sido sacrificada. Bolaños se rindió y sabía que, con ello, se abría otra batalla con sus socios.
Todo con tal de que Esteban González Pons, el negociador por parte de los populares, aceptase, al final, el acuerdo.
Pero no pudo ser. Ya se sabe por qué.
Y. Esta vez sí, la coalición ha decidido pasar del diálogo al enfrentamiento mas duro.
Pedro Sánchez habló con Yolanda Díaz e Ione Belarra. Contó lo que había pasado y ellos, con Bolaños, el verdadero perro de presa del presidente en el Gobierno, decidieron pasar a la acción. Poner en marcha el “plan B”.
No habrá más diálogo con la derecha. Ahora se trata de lograr apoyos suficientes para sacar adelante el “plan judicial”.
Dos puentes son los que se quieren llevar a cabo. Uno: ya que la oposición de la derecha ha sacado como pretexto para seguir bloqueando el CGPJ las negociaciones para reducir, incluso suprimir, el delito de sedición en el Código Penal, pues se va a negociar con ERC, PNV y Compromís sacar adelante esa modificación del Código Penal. Una modificación que, además, podría acarrear otras que no se han planteado por intentar llevar a buen fin el diálogo con la derecha.
Y más todavía. Al final, lo que no se quería hacer se va a hacer. El cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los miembros de este organismo sean elegidos por mayoría simple de las cámaras. Es decir, Congreso y Senado. Se acabaron los tres quintos que obligaban a pactar a los dos grandes partidos.
Para sacar adelante esas reformas, el gobierno de coalición necesita mayoría absoluta. Ahora mismo tiene, en el Congreso, el apoyo de 155 diputados. Necesitan 21 para tener esa mayoría: 176 votos. Habrá que negociar con Esquerra Republicana de Catalunya, (13 diputados) con el PNV ( 6), y con algún otro. Probablemente con Compromís y con Bildu.
El Gobierno cree que va a contar con la mayoría que hizo posible la investidura del Pedro Sánchez por el mismo argumento que la hizo posible, y, también, la moción de censura contra Rajoy. Es necesaria una “vacuna” contra la derecha.
La maniobra es perfecta. Incluso se podría contar con el apoyo de Junts Per Catalunya porque la hipotética rebaja, incluso exclusión, de la pena por sedición podría beneficiar a miembros de su partido como Carles Puigdemont. Esquerra Republicana, por su parte, cree que supondría empezar a depurar una institución como es la Justicia, totalmente dominada por la derecha de este país. Cabe recordar que sólo en el Tribunal Supremo se necesita que el CGPJ nombre inmediatamente a 60 magistrados para que la alta instancia judicial vuelva a funcionar. Ahora mismo se encuentra paralizada porque el Consejo, según una reforma legislativa aplicada desde hace unos meses, no puede llevar a cabo esos nombramientos mientras esté en funciones.
Ahora lo que hace falta saber es si la Unión Europea aceptará esta reforma legislativa. La Comisión quiere que sean los jueces los que designen a los representantes de sus órganos de Gobierno. Pero ni el PSOE ni IU-Podemos, y menos el resto de socios parlamentarios, están por esa labor.
Y, por supuesto, se va a contar con la feroz oposición de las asociaciones judiciales más conservadoras. La APM controla a los jueces de este país con la aquiescencia de la otra gran asociación, la Francisco de Vitoria.
Pero esta vez, parece ser que la mayoría progresista quiere acabar con este estado de cosas. Vamos a ver si lo consigue.
