Hay cambio de planes en la negociación que llevan a cabo PP y PSOE para renovar el CGPJ. Las primeras gestiones de la nueva mediadora, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, han traído como consecuencia una rebaja en las pretensiones del Partido Popular. Génova ya no habla de una reforma estructural del poder judicial. Están dispuestos a renunciar a su idea de cambiar, antes que nada, el método de elección de vocales si los socialistas se comprometen a modificarlo posteriormente, una vez elegido el nuevo órgano de gobierno de los jueces.
A cambio, exigen que el grupo socialista en el Senado apoye al nombre que propongan para cubrir la vacante del Tribunal Constitucional de Alfredo Montoya que renunció por motivos de salud. Algo perfectamente asumible puesto que esa candidatura corresponde a los populares. Y otra condición. El acuerdo no se materializará hasta pasadas las elecciones europeas, coincidiendo con la renuncia del actual presidente, Vicente Guilarte, que sería la excusa ideal ya que, cuando el actual titular se vaya, el Consejo quedará prácticamente inoperante.
En Génova administran los tiempos a la perfección. La proposición de ley de amnistía se devolverá al Congreso a finales de este mes o principios del que viene, el plazo límite para que la cámara alta la vote. Al Congreso volverá en mayo donde, casi con toda probabilidad, no se someterá a votación para su aprobación definitiva hasta después de que se celebren las elecciones al Parlament de Catalunya, el día 12. Eso supone que no se publicará en el Boletín Oficial del Estado hasta primeros de junio. Ese es el momento elegido por los populares para proponer un candidato a ocupar la plaza vacante en el Tribunal Constitucional. Un acuerdo con los socialistas permitirá a ese candidato ser designado por amplia mayoría, casi por la totalidad de la cámara alta. Y la correlación de fuerzas en la corte de garantías será más equilibrada: La mayoría seguirá siendo para los progresistas, siete magistrados, pero los conservadores tendrán uno más que ahora, cinco.
De esa manera, y coincidiendo con las elecciones al parlamento europeo del 9 de junio, el Partido Popular espera tener un debate más equilibrado sobre la constitucionalidad de la amnistía, todo ello sin perjuicio de que los jueces conservadores utilicen su potestad para presentar ante el Tribunal Europeo de Justicia una cuestión de prejudicialidad que, hay que recordar, sólo paraliza la aplicación de la norma en el caso concreto en que se plantee por lo que la ejecución para el resto de causas seguirá el curso previsto por los legisladores.
Lo que consideran un contundente pronunciamiento en el TC por la mayoría progresista puede no serlo tanto con un nuevo magistrado conservador. Hay que tener en cuenta los votos particulares que se emitan porque sus argumentos pueden servir de base para los pronunciamientos del TJUE y, sobre todo, de la Comisión Europea que se renovará tras los comicios al europarlamento y donde los populares del PPE esperan obtener una mayoría aplastante.
Por eso es por lo que el PP está dispuesto a aceptar la renovación exprés del Consejo General del Poder Judicial en esta ocasión, a cambio de que el PSOE no bloquee el nombramiento del nuevo magistrado del Constitucional cuyo nombre todavía no se ha dado a conocer. Es mucho mas rentable políticamente hablando, y, además, permitirá neutralizar las protestas de los jueces y asociaciones conservadoras que exigen esa urgente renovación.
La situación es mucho mas que preocupante. Ya son 90 las plazas vacantes de jueces y magistrados del Tribunal Supremo, tribunales superiores de justicia y audiencias territoriales. Un obstáculo que tiene paralizadas las negociaciones entre los técnicos del Partido Popular y del ministerio de Justicia es que los primeros exigen tres quintos de los vocales en la nueva cúpula judicial para poder tener mayoría suficiente a la hora de cubrir esas plazas. Dicen que, de esa manera, “se aligerarían los sesgos ideológicos”. Los socialistas, en cambio, se oponen precisamente por eso. Porque dejar en manos de los vocales conservadores la cobertura de las plazas vacantes en los organismos judiciales significa volver a la situación en que se desenvolvió la presidencia de Carlos Lemes, que designó a los jueces más próximos a las posturas afines al más rancio conservadurismo.
Un equilibrio entre ambas posturas, muy distantes, es el trabajo que hace, en estos momentos, la nueva mediadora, Vera Jourová, quien insiste en el primer planteamiento efectuado por su antecesor, Didier Reynders: lo primero y mas urgente es la renovación del Consejo con el actual sistema. Una vez efectuada, se abordará la reforma de la ley orgánica del poder judicial para “dar más protagonismo a los jueces en la elección de sus órganos de gobierno”. Ahora, el PP está dispuesto a hacerlo de esta manera siempre que el gobierno se comprometa, por escrito, a negociar esa nueva fórmula en un plazo determinado de tiempo.
Los populares comprenden, además, el desgaste que ha supuesto el bloqueo que han llevado a cabo. Hasta las asociaciones judiciales se han puesto de acuerdo en pedir este desbloqueo. Hacía tiempo que la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, no se mostraban tan próximos a la hora de exigir una solución inmediata. Pero, sobre todo, lo que mas preocupa a los conservadores es que si el actual presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, renuncia como se ha comprometido habrá que sustituirlo y ya será la tercera vez lo que supone una señal de desgaste intolerable. Además, es muy probable que a Guilarte le acompañe algún otro vocal lo que dejaría a los conservadores al borde de la minoría, siete a seis.
Núñez Feijóo cree que ya no pueden dilatar más esta situación. Y, además, ha recibido un mensaje muy claro por parte del Gobierno. Si no accede a hacer la renovación, el ejecutivo acordará una reforma de la ley sólo con sus socios con la finalidad de lograr un acuerdo parlamentario. Y aunque hay quien insiste en que esa reforma no reduciría el sistema actual de votación de tres quintos de los miembros de las cámaras, entre las alternativas que se manejan figura tal posibilidad. Lo que se tiene muy claro es que nunca más se volvería al sistema vigente para evitar tener que pasar situaciones bochornosas como la que se vive desde 2018.
¡No se ponga farruco!…está incumpliendo y utilizando a una institución como su empresa, intentando un mercadeo, que no es oportuno…Cuando Feijoo, Ayuso dejen de comportarse de forma insolente, desafiante, con amenazas, con falta de respeto… podremos hablar de liderazgo sin etiquetas…Un líder lidera dando ejemplo, no por la fuerza, ni perjudicando a los ciudadanos…
Si el Psoe aceptase la propuesta (que es un chantaje) lo presentaria como una gran victoria estos PP han perdido toda credivilidad llevan cinco años y medio regocigandose, el problema esta en queel psoe no tiene ……..es para hacerlo modificando la ley .