El coordinador general del PP, Javier Maroto, no ha necesitado ni trasladarse al pueblo de Segovia, que probablemente ni siquiera conoce, para empadronarse y así poder ser elegido a dedo senador por las cortes de Castilla y León a propuesta del PP y con el apoyo de Ciudadanos. El PSOE ya anuncia que reclamará el expediente de empadronamiento por si hubo fraude de ley.
Este empadronamiento es clave para justificar la designación de Maroto como senador por parte del Parlamento autonómico de Castilla y León, y por lo tanto, es fundamental para el acceso de Maroto tanto al Senado como a la portavocía del PP.
El Artículo 20.2 del Reglamento del Senado faculta a los senadores y senadoras para pedir este expediente de empadronamiento al municipio de Sotosalbos, ya que dispone que los senadores “tendrán la facultad de recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de estas”. Una vez tramitada la solicitud, el Reglamento explicita que “la Administración requerida deberá facilitar la documentación solicitada o manifestar al presidente del Senado, en plazo no superior a treinta días y para su más conveniente traslado al solicitante, las razones fundadas en Derecho que lo impidan”.
Posible delito de prevaricación del alcalde de Sotosalbos
La senadora socialista Ana Agudíez, recuerda que el empadronamiento es un acto administrativo reglado, por lo que el alcalde de Sotosalbos (Feliciano Lucía, del PP) podría haber incurrido en un delito de prevaricación: “La dirección nacional del PP podría haber metido en un callejón sin salida al alcalde, que podría haber empadronado a Javier Maroto a sabiendas de que era fraudulento. No se trata pues solamente de una decisión anecdótica, sino que puede tener consecuencias graves para los involucrados”.
Agudíez afirma que el senador vasco por Castilla y León, Javier Maroto, “no tiene ningún tipo de vinculación con la provincia y no debería representar a mi comunidad autónoma en el Senado”. “Es más”, insiste la senadora, “es un insulto para los segovianos y segovianas que se utilice el nombre de nuestra provincia para llevar adelante lo que es, a todas luces, un fraude de ley. Estoy convencida de que con la documentación que el Ayuntamiento de Sotosalbos está obligado a entregar al Grupo Socialista, se va a destapar esta operación fraudulenta del PP para ‘colocar’ a Maroto en las instituciones después de que la ciudadanía no le votase en las pasadas elecciones del 28 de abril en su circunscripción original que es Álava, y no Segovia”, concluye.
