Un informe de la Coalición para la Transparencia Financiera (CTF) titulado «Redes oscuras: descubriendo a los que están detrás del trabajo forzoso en flotas pesqueras», al que Diario16 ha tenido acceso, ha descubierto que empresas de solo cinco países, China, Taiwán, Tailandia, Corea del Sur y España, poseen casi dos tercios de los buques acusados de trabajos forzosos.
En total, 128.000 pescadores quedaron atrapados en trabajos forzados a bordo de buques pesqueros en 2021, a menudo en alta mar, aunque la cifra real podría ser mucho mayor, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, sufrieron abusos que iban desde violencia física y semiesclavitud por deudas hasta condiciones laborales abusivas.
El trabajo forzoso a bordo de buques pesqueros comerciales es una crisis de derechos humanos que provoca abusos horrendos e incluso muertes entre pescadores que provienen principalmente de regiones como el sudeste asiático y África. Sin embargo, los propietarios de estos buques se esconden en su mayoría detrás de estructuras corporativas complejas e interjurisdiccionales que van desde empresas fantasma hasta corporaciones conjuntas opacas.
En el informe se señala que más del 40% por ciento de los buques pesqueros industriales y semiindustriales acusados de trabajo forzoso operaban en Asia, seguida de África (21%), Europa (14%) y América Latina y Caribe (11%).
Una cuarta parte de los buques acusados de trabajos forzados tenían bandera de China, mientras que una quinta parte llevaba banderas de conveniencia que tienen controles laxos, secreto financiero e impuestos bajos o inexistentes.
Las 10 principales empresas poseen una de cada nueve embarcaciones acusadas de trabajo forzoso. De ellas, siete son de China (algunas propiedad del gobierno), dos de Corea del Sur y uno de Rusia.
Indonesia emerge como el foco mundial de casos de trabajo forzoso, con casi una cuarta parte de los buques detectados operando en sus aguas. Además, el 45% de los buques acusados operaban o fueron detectados en sólo cinco países: Indonesia, Irlanda, Uruguay, Somalia y Tailandia.
El informe advierte que la mayoría de los países rara vez, o nunca, solicitan información sobre los beneficiarios reales al registrar buques o solicitar licencias de pesca, lo que significa que los responsables finales de los abusos no son detectados ni castigados.
El abuso forzoso en los buques pesqueros comerciales está generalizado y a menudo está vinculado a otras violaciones, como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), que genera más de 11.400 millones de dólares al año en ingresos ilícitos y flujos financieros procedentes únicamente de África. Sin embargo, el secreto financiero todavía rodea al sector pesquero y hay poca voluntad política para mejorar la transparencia financiera que se necesita para atacar a los responsables en última instancia de estos crímenes.
Por otro lado, es un hecho demostrado la existencia barcos que evaden las sanciones rusas y barcos que tienen un cumplimiento cuestionable de las normas internacionales de operaciones. El informe de CTF resalta los vínculos entre la actividad ilegal en los océanos del mundo y la falta de transparencia en la propiedad de los buques.
El trabajo forzoso es una grave preocupación para los pescadores de todo el mundo, que con frecuencia sufren abuso y explotación. Las empresas y los consumidores europeos no son inmunes a esto, ya que las cadenas mundiales de suministro de productos del mar son largas y opacas.
