Durante más de veinticinco años, diferentes gobiernos españoles, tanto del PSOE como del Partido Popular, han sido señalados por su incumplimiento sistemático de diversas normativas comunitarias sobre el empleo temporal en los servicios públicos que, no se puede olvidar, son de obligado complimiento por parte de los estados miembro.
Los recurrentes señalamientos de negligencia y hasta complicidad han llevado a que órganos judiciales y mecanismos de protección a nivel europeo denuncien la inacción ante el pleno conocimiento del Derecho comunitario. Este contexto genera inquietud en distintos sectores, entre ellos, la organización Empleados Públicos en Abuso (EPA), quienes han decidido escalar la situación ante organismos internacionales.
Denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo
Ante la continuidad en la vulneración de normativas clave, la situación se ha vuelto insostenible para el colectivo de los trabajadores públicos interinos. Tal es el caso de la denuncia presentada, por segunda vez, ante el Ombudsman (Defensor del Pueblo) de la Unión Europea. La respuesta, recibida el pasado 11 de abril, fue clara: la denuncia ha sido admitida y se ha abierto una investigación contra la Comisión Europea para esclarecer la causa que subyace a la reiterada inacción y presunta complicidad.
Esta acción se enmarca en una estrategia judicial de largo plazo en la que se busca contar con un mecanismo de presión internacional para que la Comisión Europea asuma un papel activo en la defensa del Derecho comunitario. No como está haciendo hasta ahora en el que apremia al Estado español pero no sanciona por incumplimiento.
La situación adquirió mayor complejidad al sumarse dos denuncias presentadas en abril por socias de EPA ante el Tribunal de Derechos Humanos (TDH). En estos escritos se pone en entredicho tanto a los organismos nacionales como a los europeos, lo que evidencia las múltiples aristas del problema.
Directivas y Leyes en el punto de mira
Durante más de una década, en Europa se han acumulado una serie de denuncias y actos legales que evidencian el incumplimiento del Estado español respecto a las obligaciones impuestas por la legislación comunitaria. Entre los antecedentes más relevantes se destacan, en primer lugar, la no trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 1999/70. Este incumplimiento ha sido la piedra angular en la lucha por la implementación efectiva de derechos y obligaciones estipulados por la Unión Europea.
En segundo término, la Ley 20/21 ha sido objeto de múltiples denuncias, tanto por continuar vulnerando los preceptos de la Directiva 1999/70 como por su aplicación contraria al principio del «Efecto Útil», según lo dictaminado por el Tribunal Supremo.
A todo esto hay que añadir las Cartas de Apremio de la Comisión Europea. En concreto, los últimos años se han emitido tres cartas de apremio dirigidas al gobierno español. La primera de estas comunicaciones, emitida hace más de 10 años, tuvo como objetivo resolver la situación de forma definitiva, sin embargo, las respuestas no han sido concluyentes, dejando el asunto sin solución. Es más, se ha ocultado el contenido de la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez al último apremio de la Comisión, según denuncia EPA.
Estas denuncias muestran un panorama en el que tanto organismos europeos como nacionales se han visto involucrados en una controversia prolongada, donde las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han quedado en un segundo plano ante la inacción sistemática.
Implicaciones y repercusiones
La inacción ante las denuncias acumuladas no solo genera tensiones entre el Estado español y los organismos comunitarios, sino que también plantea serias dudas sobre la capacidad de la Comisión Europea para hacer cumplir el Derecho comunitario de manera efectiva.
El caso en cuestión se ha convertido en una prueba de la credibilidad y eficacia de las instituciones europeas, especialmente cuando se perciben actitudes de negligencia o incluso complicidad hacia un Estado miembro en clara rebeldía, como es el caso de España.
Las diferentes acciones presentadas y realizadas por diferentes organizaciones de defensa de los derechos de los interinos pone de relieve la importancia de contar con mecanismos de presión y denuncia que trasciendan las fronteras nacionales. Esto es así porque, como demuestran los hechos, en España no hay justicia, sobre todo cuando se llega a las instancias superiores. Las múltiples acciones legales y la reiteración de denuncias sugieren que, sin una intervención enérgica y coordinada, la situación puede perpetuarse y erosionar la confianza en la arquitectura institucional europea.
Mientras tanto, la respuesta emitida por el Ombudsman y la apertura de una nueva investigación pueden interpretarse como un primer paso en el proceso de rendición de cuentas. No obstante, la prolongada historia de incumplimientos y denuncias hace que la situación requiera una respuesta firme y coordinada tanto a nivel nacional como europeo.
La pregunta que muchos interinos se hacen ahora es si la intervención del Defensor del Pueblo Europeo y la presión del Tribunal de Derechos Humanos o del Parlamento Europeo serán suficientes para obligar a los responsables a adoptar medidas correctivas definitivas, o si se convertirá en otro capítulo más de una lucha por el respeto a las normativas comunitarias que, hasta la fecha, ha atravesado décadas de inacción.