FACUA-Consumidores en Acción está haciendo un llamamiento a las comunidades autónomas para que sigan el ejemplo de Cataluña implementando medidas para limitar los precios de alquiler en áreas consideradas tensionadas. Esta iniciativa surge a raíz de la recién promulgada Ley de Vivienda, que busca equilibrar los precios del mercado de alquileres y asegurar el acceso a viviendas asequibles.
Derecho constitucional a una vivienda digna
La organización hace hincapié en la importancia de priorizar el derecho constitucional a una vivienda digna, situando las necesidades de los ciudadanos por encima de los intereses de especuladores inmobiliarios. La especulación en el mercado de la vivienda ha sido un problema creciente en España, donde los precios de los alquileres han alcanzado niveles inasequibles para muchos.
La Generalitat de Cataluña ha dado un paso adelante en esta dirección. El 11 de enero, la consellera de Territorio, Ester Capella, anunció que a partir del próximo mes, el gobierno autonómico comenzará a aplicar las disposiciones de la Ley de Vivienda relacionadas con la regulación de precios en las zonas tensionadas. Esto incluirá la limitación de precios en 140 municipios identificados como tensionados, incluyendo las cuatro capitales de provincia – Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida – y gran parte del área metropolitana de Barcelona.
Además, FACUA insta al Ministerio de Vivienda a agilizar la publicación del Índice de Precios, una herramienta anunciada que ayudará a establecer las rentas máximas que se pueden cobrar en estas áreas tensionadas. Según el ministerio, se espera que este índice sea publicado este mes. Este índice tendrá en cuenta diversos factores y criterios de las propiedades para determinar precios de alquiler justos y razonables.
Esta iniciativa de FACUA y las acciones del gobierno de Cataluña representan un cambio significativo en la política de vivienda en España, apuntando a un mercado de alquiler más equitativo y accesible. Con la publicación del Índice de Precios y la adopción de medidas similares por otras comunidades autónomas, se espera que los ciudadanos españoles puedan disfrutar de un derecho fundamental: el acceso a una vivienda digna y asequible.
Ese derecho constitucional se extiende a todos los que llegan ilegales y se nacionalizan nada más poner los pies en tierra y ya pueden exigir una vivienda.
Y que la paguemos los ciudadanos con nuestros impuestos.
La ocupación no perseguida acaba con el alquiler de viviendas y más si se limita la renta que se puede cobrar.
¿ Hasta cuando ?
Hasta que te metan en tu casa familias por decreto.