Francisco Camps es el político con más absoluciones y archivos de causas judiciales de España. Nueve de diez. Y la última, una pieza separada de la Gürtel cuyo juicio está a punto de concluir en la Audiencia Nacional, tampoco le mandará a la cárcel.
El fiscal ha rebajado la pena inicial: de dos años y medio a uno. Y como no tiene antecedentes penales se suspenderá su ingreso en prisión. A lo más que se le va a condenar es a inhabilitación. Seis años pide el Ministerio Público. Y tampoco está muy claro que los jueces vayan a asumir esta petición.
Al que fue presidente de la Generalitat valenciana le ha ido muy bien el “circo” que montó durante la larga duración de la vista oral cuyo final se ha prolongado mas tiempo de lo previsto debido a los retrasos provocados por las huelgas de los letrados de la administración de justicia y los funcionarios. Un juicio en el que ha habido de todo. Acuerdos de algunos acusados con el fiscal, protestas de los abogados acusándose unos a otros, las correspondientes actuaciones casi teatrales de Camps en la sala que obligó al tribunal a llamarle al orden en repetidas ocasiones, y, por último, la “traca final”. Tantas diligencias, tantos interrogatorios, tanto paripé en los juzgados para que, al final, a los principales acusados no les caiga más de dos años de cárcel, al que más.
En el anecdotario de este juicio hay que recordar que previamente a su celebración, uno de los magistrados que componían el tribunal, Joaquín Delgado, fue recusado por haber sido director general de relaciones con la Administración de Justicia en el gobierno de Mariano Rajoy. Por supuesto, la recusación fue aceptada. Ni siquiera la sala de lo penal de la AN tuvo que votar. Estaba muy clara la incompatibilidad. Además, iba a ser el ponente de la sentencia.
Luego vino el aplazamiento del inicio de la vista oral ordenado por el presidente del tribunal, José Antonio Mora, por la imposibilidad de algunos abogados de poder acceder a la documentación del sumario. Una semana que se antojó fundamental ya que en el transcurso de ella los acusados Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, alias “el bigotes”, considerados los cabecillas de la empresa Orange Market la beneficiaria de la concesión irregular del expositor valenciano en la edición de 2009 de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, pactaron testificar contra el “jefe” de las operaciones irregulares de financiación del PP valenciano, Francisco Camps, a cambio de una rebaja de la petición de condena.
Cuando la abogada de Camps se enteró del pacto, a pesar de que se mantuvo en secreto, pidió la anulación del juicio alegando una supuesta vulneración de derechos. El tribunal desestimó la petición de la letrada y ahí empezó el verdadero circo, con gritos e insultos por parte del ex presidente de la Generalitat que llegó a llamar “miserable” a un abogado. Este denunció los hechos al tribunal cuyo presidente le ordenó que se sentara en la primera fila del banquillo de los acusados para ver si así se callaba. Camps denunció una «persecución feroz» de Anticorrupción y habló de sus «pactos secretos y obscenos» con algunos acusados, lo que le valió una dura respuesta de la fiscala. La tensión dentro y fuera del salón de actos donde se celebró el juicio fue evidente durante los casi nueve meses de duración.
Parece que toda esta sobreactuación le ha venido bien a Camps. Por lo menos ya no irá a la cárcel. Diez de diez. Se ha librado en causas judiciales como la de la vista del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 durante la cual aparecieron algunos contratos, supuestamente irregulares, en la concesión de las celebraciones de los eventos. El juez de instrucción nº 5 de Valencia decidió archivar el sumario. En julio de 2019, la Audiencia Provincial de Valencia archivó otra causa en la que estaba imputado el ex presidente de la Generalitat, el “Caso de la Fórmula 1 de Valencia”. Un asunto en el que se entremezclaron comisiones y cohechos para lograr la sede de una de las carreras de este gran premio de automovilismo, en el que también se proyectó la construcción de un circuito urbano, que acabó por ser desechado.
El caso que tuvo mayor trascendencia mediática fue el de los famosos trajes. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana imputó a Camps un delito de cohecho impropio por este asunto, los regalos de 12 trajes, 4 americanas, 5 pares de zapatos, y cuatro corbatas por valor de 14.021,5 euros según el escrito de acusación. Tras la apertura de diligencias previas, tres meses después, la instancia judicial cerró el caso. Pero el Tribunal Supremo revocó el archivo de la causa y ordenó su reapertura que acabó en juicio con jurado popular que le absolvió. Eso sí, antes dimitió como presidente de la Generalitat, aunque se mantuvo al frente del PPCV. Además de esta causa, Francisco Camps estuvo imputado en varias piezas separadas de la Gürtel referidas a la financiación irregular del Partido Popular. Una financiación que siempre negó en los interrogatorios a que fue sometido por los jueces.
En total han sido diez sumarios en los que Francisco Camps se ha visto envuelto. En nueve de ellos se libró de condena, bien porque la causa se archivó o bien porque fue absuelto. Y en este último asunto parece ser que también va a salir bien parado. Al menos no irá a la cárcel, aunque si le inhabilitan perderá la oportunidad de volver a la política tal y como pretende. Se quiso presentar a la alcaldía de Valencia, pero en Génova no las deben de tener todas consigo sobre todo porque es una persona que ha visitado demasiados juzgados.
Y es que cuando coge por medio el Lo País a uno ya puede hacer las maletas.
Y luego se quejan de las amnistías. Cuántas van sólo este año? Cien?
Cortijo pepero, coño…