La arbitrariedad, el despilfarro y la deficiente gestión de los recursos públicos son males endémicos de nuestro país que la democracia desgraciadamente no ha conseguido desterrar de nuestras instituciones oficiales. Los españoles hace tiempo que se han acostumbrado a noticias que hablan de desfalcos en ayuntamientos, sobrecostes en infraestructuras obras y ministerios y en general de prácticas irregulares que no hacen otra cosa que esquilmar las arcas públicas, o sea el dinero de los ciudadanos. Pero ayer se conoció una información que debería preocuparnos y que ha pasado desapercibida en la prensa generalista: el Tribunal de Cuentas ha detectado, al fiscalizar los actos de contratación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), división ilegal en “lotes, fraccionamiento para adjudicar contratos menores y la prórroga en estos, vulnerando así la prohibición prevista en la ley para la continuidad de este tipo de adjudicaciones”.
¿Cómo puede ser que el organismo encargado de preservar, garantizar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva y de una regulación eficiente en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios pueda haber sido pillada “in fraganti”, como suele decirse, en groseras irregularidades de este tipo? ¿Hemos puesto una vez más al lobo al cuidado de las gallinas? Pues por lo visto así ha sido.
Según este informe, que examina las adjudicaciones desarrolladas por el supervisor y regulador entre 2015 y 2017, y al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Cuentas encuentra “innecesarios e insuficientemente injustificados muchos de los expedientes analizados” en la CNMC, llegando a registrar “destacadas desviaciones de los precios en sus presupuestos de licitación”.
Así sucede en nueve contratos repartidos entre dos empresas para revisar la contabilidad de costes de tres importantes compañías del sector de la comunicación, en los cuales el tribunal encuentra “deficiencias al fijar los precios”. Así, pese a licitarse con rebajas importantes el primer año, en los sucesivos ejercicios se volvieron a sacar con el mismo presupuesto, “beneficiando a las ya adjudicatarias por conocer mejor los costes reales de los servicios”. Y esta supuesta promoción de la competencia desleal estaba ocurriendo precisamente en el organismo que tenía la obligación de velar por la limpieza y la competencia en igualdad de condiciones de las empresas y mercados españoles.
Respecto a los contratos menores, la fiscalización detalla varios casos de fraccionamiento en la contratación de la CNMC con el fin de esquivar las restricciones a los mismos. En algunos casos, su duración venía determinada a que el precio resultante permitiera encuadrar la adjudicación en este tipo de contrato. Algunos de ellos tenía una duración de un mes.
Teniendo en cuenta que varios de estos contratos tienen el mismo objeto y prestaciones, y habiéndose celebrado en fechas consecutivas con el mismo empresario, el Tribunal de Cuentas considera que “existen suficientes indicios de haberse producido un indebido fraccionamiento en la contratación (…) para eludir, así, el límite cuantitativo de legalmente establecido para los contratos menores”. Es decir, se contrataba de esa manera para eludir la ley. ¿No estamos hablando entonces de un caso de mala praxis administrativa que debería ser investigado hasta sus últimas consecuencias?
La prórroga ilegal de contratos menores es apreciada por el Tribunal de Cuentas en la adjudicación del mantenimiento integral de los equipos e instalaciones en las sedes de la CNMC de Madrid y Barcelona, el servicio de mensajería para Madrid, y servicios como los de vigilantes y escoltas, ordenanzas, telefonistas, mozos y conductores, entre otros.
En este sentido, el Tribunal recomienda a la CNMC una programación eficaz de las necesidades que deba contratar, con un calendario de licitaciones, para “no tener que acudir de forma frecuente a la contratación menor y así no incurrir en un fraccionamiento indebido de los mismos o saltarse la prohibición de prorrogar contratos menores”.
Asimismo, también anima a considerar la posibilidad de internalizar determinados servicios, estudiando cuáles podrían ser prestados con recursos propios y comparar cuánto costaría asumir estos servicios y cuánto adjudicarlos.
Y es que, según señala, hay varios expedientes en los que “no encuentra suficientemente justificada la decisión de externalizar los servicios”, con la contratación sucesiva y continuada de acceso a bases de datos de especialización técnica con contenidos relacionados a la propia función atribuida a la CNMC. “En algunos casos, encuentra solapamiento entre las prestaciones ofrecidas por los diferentes contratos sin una justificación suficiente de la necesidad de los mismos”, asegura el informe.
Tampoco encuentra justificación suficiente del importe en la mayor parte de expedientes analizados, en contra de lo establecido en la ley, llegando a encontrar casos en los que “no se justifica de forma suficiente la variación de precios de un período a otro”. El informe del Tribunal de Cuentas no es suficiente, ya que no estamos hablando de simples errores administrativos, sino de supuestas prácticas que rozan la ilegalidad. La Justicia debería indagar hasta sus últimas consecuencias en un asunto no suficientemente aclarado.
