Ha sido la nada sospechosa de izquierdismo sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo la que ha rechazado la denuncia interpuesta por la católica Confederación de Padres de Familia y Alumnos, CONCAPA, contra el decreto en el que se incluye la valoración de perspectiva de género en el currículo académico de un alumno, a la vez que rechaza que la asignatura de religión se incluya en la valoración de su expediente académico, haya sido impartida o no. “La mera referencia al género, sin más, no supone adoctrinamiento alguno para los alumnos”, señala la alta instancia judicial. Así pues, se produce el primer pronunciamiento en contra de la teoría conspirativa que está utilizando continuamente la derecha mediática sobre que la enseñanza está siendo utilizada por la izquierda para adoctrinar a la ciudadanía.
La CONCAPA es una asociación católica ligada al sector educativo y de la enseñanza desde 1929. Es muy proclive a recurrir judicialmente todas las normas procedentes de los gobiernos socialistas. Ahora le tocaba el turno a la disposición adicional de un decreto que hace referencia al currículo de enseñanza primaria que afecta a la asignatura de religión. Por un lado, la CONCAPA recurre el artículo que garantiza la “debida atención educativa” a los alumnos que no quisieran estudiar religión y, por otro, el que excluye las notas de religión del expediente: “No se computarán en las convocatorias en las que deban entrar en concurrencia los expedientes académicos”.
La sala de Lo Contencioso Administrativo del TS, explica que incluir las notas de la asignatura de Religión en la media para obtener becas o acceder a la universidad “puede tener el efecto de incrementar la calificación final que se ha de tener en cuenta y esta circunstancia sí puede perturbar o condicionar la libertad en la decisión para optar por seguir las enseñanzas de religión o no hacerlo”. En otras palabras, que, para un alumno, estudiar la asignatura de religión le puede mejorar la nota en su expediente académico a la hora de acceder a estudios universitarios o a una beca, algo que algunas de las comunidades autónomas donde gobierna el PP ya se han encargado de legislar en beneficio de esta materia educativa que va contra el principio de la laicidad del Estado sobre todo teniendo en cuenta que se desdeña otras religiones con influencia en la población española.
Pero donde la sala hace especial énfasis es en el recurso de la parte del decreto que hace referencia a la perspectiva de género. Para los magistrados, su inclusión en el decreto recurrido “no es ninguna novedad ni se usan en el mismo con un sentido o alcance diferente a los distintos textos normativos precedentes. Esta terminología se encuentra ya en la norma legal de cobertura, y en distintos textos normativos internacionales”.
Pero lo más significativo es cuando los jueces se refieren al llamado “adoctrinamiento”, la excusa que utiliza la CONCAPA siguiendo la misma teoría que la derecha reaccionaria. No hay tal “adoctrinamiento” según la sala de lo Contencioso Administrativo y el decreto no vulnera la seguridad jurídica. “La seguridad jurídica, la igualdad, la libertad ideológica o el derecho a la educación no se agrietan por las referencias a la igualdad de género. La mera referencia al género, sin más, no supone adoctrinamiento alguno para los alumnos. Al contrario, cuando se alude a la igualdad de género o a la perspectiva de género se está aludiendo a la igualdad, que no olvidemos es un derecho fundamental”.
Y este argumento, dictado por la alta instancia judicial tiene gran importancia cualitativa. Porque la derecha y, en especial la patronal de la enseñanza privada, no tienen en cuenta que el término “perspectiva de género” forma parte de un derecho fundamental, reconocido por la Constitución Española como es la igualdad. La interpretación de la derecha de este derecho dista mucho de la que ofician los juristas. Y eso es fundamental a la hora de entender la infinidad de recursos presentados por la patronal de la enseñanza privada contra las leyes promulgadas por los gobiernos socialistas, empezando por los de Felipe González y acabando por el progresista encabezado por Pedro Sánchez.
Y esa es la clave para entender el continuo cambio de leyes educativas en el país. Cada vez que cambia el gobierno, la derecha se encarga de derogar las normas en la materia de los gobiernos socialistas y de izquierdas. Ahora mismo, la ley del sistema educativo, LOMLOE, que reforma la LOMCE, y que lleva el nombre de ley Celaá porque fue la exministra de educación, Isabel Celaá su inspiradora, va a ser derogada si el PP obtiene la mayoría parlamentaria suficiente como para gobernar a pesar del aval obtenido por el Tribunal Constitucional y esta reciente sentencia del Tribunal Supremo.
La CONCAPA es la asociación más beligerante de las existentes en este país contra todo lo que signifique cambiar el sistema educativo del que forman parte las escuelas concertadas privadas pagadas con cargo al erario público, y la obligatoriedad de la religión como asignatura, así como la anulación de los privilegios por impartir esta materia. Tales medidas han servido a la derecha para argumentar que la enseñanza en este país se ha convertido en un “adoctrinamiento”. Un argumento que se repite machaconamente mientras que las comunidades autonómicas gobernadas por el Partido Popular destinan, al menos, 200 millones de euros para pagar a los profesores de religión
Aunque probablemente la CONCAPA se saldrá con la suya si el PP llega a gobernar tras el 23 de julio, al menos quedará para la colección jurídica sentencias como ésta donde se deja bien sentado que no hay nada de adoctrinamiento en los decretos que ha sacado adelante este gobierno progresista. No lo dicen los políticos. Lo dicen los jueces que en eso del “adoctrinamiento” saben… y mucho.
La CONCAPA, tiene miedo que los estudiantes pasen de la iglesia , para cubrir la falta de religiosos, era buenos que sus hijos fueran curas y monjas, estaban en su salsa.