“Un día eres decisivo para formar gobierno en España y al siguiente España ordena tu detención”. Carles Puigdemont no ha podido decirlo más claro. Los mecanismos judiciales no han tardado ni un día en ponerse en marcha para enfrentar al expresident con Madrid justo cuando el objetivo es lograr un pacto “de no agresión” que permita, al menos, la abstención de Junts en el Congreso y, con ello, la investidura de Pedro Sánchez y una nueva legislatura con gobierno progresista.
Se trata de poner el mayor número de piedras en este camino. La fiscalía, de la que alguien torticeramente ha dicho que “depende del Gobierno”, no ha podido esperar a septiembre teniendo en cuenta que faltan unos días para que comience agosto, mes inhábil a efectos judiciales. Y ha pedido al juez instructor del Procès, Pablo Llarena, que emita una orden internacional de detención contra Puigdemont y Comín. Está claro que la justicia va a intentar, por todos los medios a su alcance, que no se produzca una nueva investidura de Pedro Sánchez. “Antes repetición de elecciones que un nuevo ejecutivo bolivariano”. Así lo expresan los miembros más conservadores de la magistratura.
Hay quien cree que la iniciativa del ministerio público obedece a una maniobra de Moncloa. Según esas versiones, lo que se intenta es traer a Puigdemont a España y meterlo en la cárcel. A cambio de una abstención en la investidura, el Gobierno se comprometería a un indulto tal y como se hizo con Oriol Junqueras y el resto de los condenados en el juicio de 2019.
Esta tesis, expresada en ámbitos políticos de la derecha, es lo más parecido a una teoría conspiratoria. Y pierde toda consistencia por una razón. Los plazos no concuerdan. El 17 de agosto, tras la constitución del Congreso y el Senado, comienza el periodo de consultas del Rey para designar candidato. Para entonces, es prácticamente imposible que el expresident de la Generalitat haya sido devuelto a España porque las órdenes internacionales de detención no se ejecutan de un día para otro y más en periodo estival.
Hay que tener en cuenta, también, que lo más probable es que el juez Llarena opte por pedir el parecer de las otras partes personadas en el proceso, entre ellas la Abogacía del Estado, un organismo que sí depende del Gobierno y cuyo criterio será fundamental para saber lo que pretende el Ejecutivo en este asunto. De momento, sólo la fiscalía y Vox han pedido que se dicte la orden internacional.
Y luego habrá que tener en cuenta que la petición se basa en la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que suspende la inmunidad de Puigdemont y Comín. Y que ésta es recurrible por lo que una orden de internacional de detención puede llegar a paralizarse por el recurso. El fiscal del Procès cree que ello no es posible porque la sentencia es ejecutable. “El recurso no tendría efecto suspensivo sobre la pérdida de inmunidad”, dice el ministerio público. Un argumento que puede no coincidir con el de la autoridad judicial que deberá estudiar la orden de detención y entrega de Puigdemont, la más probable, la belga.
Por lo tanto, la tesis que señala al gobierno de Sánchez como el inspirador de esta maniobra no tiene sentido. Es más, señalar que la fiscalía del Procés está a las órdenes del Ejecutivo es desconocer la realidad de una carrera fiscal muy celosa de su independencia. Tanto que a veces, como ha ocurrido ahora, se pasa de frenada. El momento político que se vive en este país es lo suficientemente delicado como para pedir a fiscales y jueces que tengan cierta prudencia a la hora de tomar decisiones que pueden influir en la vida política.
Los soberanistas son conscientes de lo que puede suponer cualquier provocación en este sentido. De ahí que Clara Ponsatí haya vuelto a Barcelona y se haya dejado detener por los Mossos. La reacción del juez instructor ha sido la de cerrar las diligencias contra ella por un delito de desobediencia que no supone pena de cárcel y dejar en manos de la sala de Lo Penal la apertura del correspondiente juicio oral. Los abogados de Ponsatí eran conscientes de lo que iba a suceder. De ahí que hayan tomado la iniciativa. Simplemente se trata de provocar porque al soberanismo más radical le importa bien poco si Pedro Sánchez renueva mandato.
Lo que se pretende es poner en marcha el mecanismo de acción y reacción. Lo malo es que a la justicia no le importa responder a este tipo de provocaciones. Es más: al sector más conservador, el que está juzgando a los líderes independentistas catalanes, le interesa este juego, la confrontación, porque ella puede suponer el fin de cualquier esperanza de renovar ese gobierno que les ha quitado argumentos penales como es el delito de sedición, y ha sacado de la cárcel a los que condenaron de una manera que ha sido considerada desproporcionada.
La justicia va a intentar poner piedras en el camino de la investidura de Sánchez porque ha mantenido con él un fuerte enfrentamiento durante la anterior legislatura. El componente conservador de la mayoría de los magistrados y jueces de este país hace pensar que no se van a quedar de brazos cruzados y más cuando tienen mecanismos suficientes como para influir en un proceso de semejante naturaleza. Ya lo hicieron con la aplicación de la ley del “sólo si es si”
De aquí al otoño se van a ver decisiones muy extrañas en el mundo judicial. Seguro.
Confío en el presidente del Gobierno, en su capacidad política y en que sólo sea un titular de prensa «Jueces y fiscales harán lo imposible por evitar una nueva investidura de Pedro Sánchez»… se está hablando de un delito de amenaza…se pretende atemorizar a una persona o institución, con el propósito de causar inquietud en la población o en un sector de ella…, razón por la cual no se entiende que los fiscales y los jueces que deben de ejercer sus funciones de manera justa, imparcial, objetiva y coherente, respetar y esforzarse por proteger los derechos de todos los ciudadanos …los que representan la garantía de una democracia justa… hagan este tipo de advertencias…
jueces y fiscales derechona antidemocratica vamos verdaderos facistas REVOLUCIONYA O ESTOS PERROS NO COMEN
Es que una cuarta vez no sale a cuenta y toda Europa se pondría un poco nerviosa con tanta inquina por quien pone urnas como base de su delito. Llarena es el juez más inútil de toda la historia, más cuando se reconoce su colaboración con esa ala dura del PP, la del aguilucho de Aznar, no sólo cuando lo pillaron en un restaurante con otro condenado de la nápola del partido, del que junto con Marchena, o Lamela, son ilustración de la figura del súper-mega-colega hasta la corrupción infinita a la que estamos expuestos. En la misma legislación española o europea ese juicio es nulo por claras deficiencias en su instrucción, errores – intencionados – de procedimiento, y de derecho, si lo que se juzga es núcleo del primer artículo de los derechos civiles.
Y aún cuando alguien sea nacionalista español no sé cómo puede tragarse estos delitos de alta traición, genocidio, o este ataque indiscriminado contra los derechos humanos. Iban a condecorar a a Villarejo, por si os da una idea de a cuáles cosas se dedican las autoridades de este país.
Ya antes hubieran condecorado a Conesa y Billy the kid con aplauso de las cortes, o solicitar el premio nobel de la paz para el instigador de un golpe de estado.
Lo de la suelta de violadores y abusadores es ya la antología del disparate; y podrían hacer un encierro dedicado por calles de Pamplona en persecución de sus mujeres e hijas para demostración de su eficacia y mesura en la hora de ser magnánimos con estos pobres chicos dignos de colegio mayor.
Es muy curioso, ahora que resuelven con benevolencia a la baja con los abusos, no se dan cuenta de que aquellos que no han sido considerados agresores por los condicionantes favorables aplicados, una gran mayoría sí lo son de forma probada y por este cargo no han sido juzgados y ello es una evidencia del tamaño de Júpiter. Pero claro, eso no tiene rédito electoral y además se trata de trabajar lo mínimo y cobrar lo máximo, como máxima de esta humanidad de rango ínfimo del PP, que han tomado todo discurso de Vox sin complejos para inmediatamente escupirles en la cara con él.
Un saúdo, meus.