Innumerables empresas españolas no pueden presentarse a concursos públicos porque, de forma paradójica, es la propia Administración quien se lo impide. El Estado exige a las empresas en las convocatorias, como requisito imprescindible, que estén inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE), pero es la Administración quien realiza los trámites y ya lleva un año de retraso con las solicitudes que ha recibido.
Por falta de medios, no han sido capaces de inscribir a los licitadores
Empresas, según ha podido saber diario16.com, que presentaron sus solicitudes en septiembre de 2018 todavía no han recibido respuesta y, por tanto, están eliminadas de las convocatorias aunque cumplan los requisitos técnicos y económicos.
Esta situación supone un grave perjuicio para las empresas que no pueden optar a un contrato público y un agravio comparativo con las que sí están inscritas, ya que limita la libre concurrencia de entidades que cumplen perfectamente los requisitos exigidos para la realización de los contratos que la Administración saca a concurso público.
Imposible contactar con Hacienda
Según empresas perjudicadas, es prácticamente imposible contactar con la oficina del Ministerio de Hacienda que realiza este trámite, mientras las licitaciones que publica la Administración exigen este certificado como algo excluyente, en caso de no tenerlo acreditado.
Fuentes cercanas al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado explican que, por falta de medios, no han sido capaces de inscribir a los licitadores y que no puede asumir todos los expedientes que les han llegado.
Una vez más, la carencia de los recursos en la administración provoca graves consecuencias. En esta ocasión son económicas y con repercusión directa en puestos de trabajo, ya que al no poder acceder a los concursos públicos las empresas se ven obligadas a prescindir de trabajadoras y trabajadores que amplían las listas del desempleo.
Es una vergüenza que la Administración te pida un certificado suyo que ella misma no te da.
PREVARICACIÓN (según el DRAE)
Del lat. praevaricatio, -ōnis.
1. f. Der. Delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta.