Ponerse la venda antes que la herida. Eso hicieron los socialistas cuando en noviembre pasado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, designó a Fernando Galindo letrado mayor del congreso de los Diputados. Con carné del PSOE, Galindo venía de ser subsecretario del ministerio de Administración Territorial, aunque no es la primera presencia entre los mandos de los letrados de las Cortes con vinculaciones políticas. Manuel Alba, que estuvo durante 22 años ejerciendo de letrado mayor, nombró adjunto suyo a un jurista que había sido director general de Justicia en la etapa de Ángel Acebes como ministro. Aun así, los letrados del congreso se han levantado en pie de guerra contra el nuevo secretario general. Y ello ha traído como consecuencia el que un buen número de ellos hayan pedido el trasladado al Senado donde se han atrincherado hasta tal punto que están ayudando al PP en su guerra contra la proposición de ley de amnistía. Han elaborado un informe en el que señalan que el proyecto del Congreso es un “texto nulo resultado de un procedimiento irregular”. Alegan que la ley equivale a una reforma de la Constitución y, como tal, usurpa funciones del Senado. Los rebeldes han puesto encima de la mesa de la cámara alta la posibilidad de declarar un conflicto de competencias cuyas consecuencias son impredecibles.
Esta semana, el pleno del Senado deberá decidir si asume ese dictamen y remite al Congreso un requerimiento para que retire la proposición de ley alegando cuestión de inconstitucionalidad porque la ley “equivale a una reforma de la Carta Magna y, como tal, usurpa funciones del Senado”. Es decir, declara formalmente “un conflicto de atribuciones”. El Congreso tiene un mes de plazo para contestar. Si no lo hace, el Senado podrá pedir amparo al Tribunal Constitucional y es muy probable que el Partido Popular, con mayoría absoluta, haga lo que ya hizo en otra ocasión con la renovación de los miembros de la corte de garantías: pedir “medidas cautelarisimas” para que se suspenda la tramitación parlamentaria, en esta ocasión de la amnistía. Si el TC admite a trámite esta petición, la ley quedaría bloqueada. Una posibilidad muy remota ya que, la única vez que se aprobó una iniciativa semejante, se generó un grave conflicto institucional que acabó por perjudicar la reputación de un tribunal cuya recuperación de la credibilidad perdida está costando ingentes esfuerzos a sus actuales magistrados.
Y todo por el dictamen que han elaborado los letrados del Senado. Esos que se fueron del Congreso al rechazar el nombramiento de Fernando Galindo que elaboró un dictamen favorable a la tramitación de la proposición de ley presentada por el grupo socialista, aunque dejando clara la posibilidad de que “el contenido del texto pueda ser cuestionado constitucionalmente en su totalidad o parcialmente”. Según los expertos en materia de asesoramiento jurídico a las Cortes, el secretario general del Congreso, o letrado mayor, como se quiera denominar, ha actuado con arreglo a la ley emitiendo a la mesa un informe favorable a la admisión a trámite porque sólo en ocasiones extremas, “evidentes”, tal y como señala la doctrina del Tribunal Constitucional, debe recomendar lo contrario.
Algunos subordinados de Galindo han amenazado con presentar su renuncia en puestos clave si se ven en la obligación de actuar ante el Tribunal Constitucional. Ya no estamos hablando del conflicto de competencias analizado, sino de los recursos de inconstitucionalidad que se presentarán una vez sea aprobado el texto. No sólo del Partido Popular sino de un gran número de organismos judiciales que se muestran contrarios a esta medida de gracia. En el Congreso hay letrados que se declaran contrarios a la norma, aunque no lo expresan públicamente. Es cierto que a esos profesionales del derecho se les plantea el problema ético de tener que defender una ley a la que se oponen como ciudadanos.
Y ese es el grave problema que está generando la amnistía para los independentistas catalanes. La derecha conservadora insiste en que esta medida invade las competencias del poder judicial y, por lo tanto, cuestiona los principios de separación de poderes y los pilares básicos del Estado de Derecho. Por mucho que los expertos de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa hayan manifestado lo contrario, los juristas conservadores insisten en ello. Y sostienen el argumento de que, al no regularlo expresamente, la Constitución está prohibiendo la amnistía. Y a ese importante segmento de expertos juristas se han unido no sólo un influyente núcleo de profesionales de la abogacía, con sus representantes corporativos al frente, los cuales emprenden una campaña utilizando los recursos a su alcance sin respetar la opinión de sectores manifiestamente favorables a la medida de gracia en el seno de sus colectivos, y encima ahora, a los asesores jurídicos de las instituciones en las que está depositada la soberanía popular, el Congreso y el Senado.
Afortunadamente, los informes que remiten a las mesas de las cámaras no son vinculantes porque los que tienen la última palabra son los representantes elegidos por sufragio: diputados y senadores. Aún así los letrados discrepantes han logrado su objetivo: la repercusión mediática de sus dictámenes contrarios a la proposición de ley.
La derecha conservadora alcanza, así, su objetivo. Con el apoyo incondicional de los medios de comunicación afines, está logrando una repercusión de magnitud suficiente como para que se sientan los ganadores de una especie de plebiscito en contra de la medida. Lo preocupante de esta bipolarización es la reacción que este tipo de pronunciamientos está produciendo en Catalunya donde cobran fuerza entre la opinión pública los razonamientos de los independentistas mas radicales de la existencia de un larvado conflicto territorial que sólo se resolverá con el peor escenario posible. Eso es lo que está generando esta guerra.
