La banca «pone en busca y captura» al «traidor» favorable al impuesto del Gobierno

El estupor llena a un descolocado sector bancario español tras las declaraciones de la ministra de Educación, Pilar Alegría, quien en una entrevista en RNE reveló que había «un traidor» en las principales entidades financieras respecto al impuesto a la banca anunciado por Pedro Sánchez en el Debate sobre el estado de la Nación.

«No diré la persona, pero hace escasos días estuve con uno de los máximos dirigentes de una entidad financiera de este país y me defendía claramente este impuesto. Me sorprendió positivamente su análisis sobre el poder redistributivo», afirmó Alegría, quien defendió que no todo el sector bancario está en contra del nuevo impuesto. Por tanto, no hay un frente unido como el sector financiero intentó presentar el pasado viernes en la reunión con Nadia Calviño.

Como suele ocurrir en todas las crisis económicas, mientras el pueblo sufre, los bancos y las grandes empresas multiplican sus beneficios. Sin embargo, cuando hay que arrimar el hombro siempre buscan el modo en abandonar a la ciudadanía para proteger a sus grandes accionistas. Esta es la estulticia del sector financiero que se cree que tiene poder absoluto porque es quien controla el dinero.

No hay más que recordar cómo en octubre de 2018, cuando se intentó por primera vez la creación de un impuesto específico a la banca, José Antonio Álvarez, consejero delegado de Banco Santander, amenazó con que se marcharían de España si se aplicaba dicho impuesto.

Esa tasa que se planteó en los primeros meses del primer gobierno de Pedro Sánchez consistía en que un 5% de los dividendos de las filiales en el extranjero de las empresas españolas tributaran en España, al igual que ocurre en Francia o en Italia.

«Si sobre el dividendo de Brasil tenemos una nueva tasa, no me parece justo», afirmó Álvarez porque el Santander depende de manera crítica de los dividendos de sus filiales. «Eso no nos aplica solo a nosotros, aplica a cualquier multinacional en España, por lo que naturalmente puede afectar a la morfología de las entidades», continuó Álvarez.

Casi cuatro años después, con una pandemia global de por medio y con las graves consecuencias de una crisis energética mundial y de la guerra de Ucrania, Sánchez planteó en el Debate sobre el estado de la Nación un impuesto a la banca y a las grandes empresas energéticas. El planteamiento del gobierno es claro: «todo el mundo debe arrimar el hombro». Ese esquema es correcto, porque, siguiendo con la dialéctica del consejero delegado del Santander, no es justo que la ciudadanía esté pagando las consecuencias de las diferentes crisis encadenadas mientras que los bancos obtienen más de 20.000 millones de beneficios netos.

La banca española se enfrenta ahora a un momento al que no está acostumbrada. En España se ha permitido al sector financiero una impunidad que no disfrutan en los principales países del mundo. Una investigación como la que se está realizando en Alemania con los dividendos Cum-Ex es imposible que termine en condenas en España, porque aquí, para defender a las entidades financieras se retuerce la ley, se crean doctrinas legales ad hoc, como la Doctrina Botín, se incumplen sentencias judiciales, como con el embargo de 100 millones de euros al Santander en el Caso Inversión Hogar o se archiva instrucciones de blanqueo de capitales, como hizo el juez Santiago Pedraz a pesar de tener documentación e informes periciales del Banco de España que demostraban que el Santander y BNP habían blanqueado dinero.

La declaración de Pilar Alegría ha roto totalmente el «frente unido» con el que se habían presentado los bancos a la reunión del pasado viernes con Nadia Calviño. No hay tal frente, ni hay unión, sino que hay voces discordantes que saben que el sector financiero se encuentra en una situación en la que sí se puede permitir pagar un impuesto tras haber logrado beneficios de 20.000 millones en 2021. Así que no es de extrañar que, desde que Alegría dijo lo que dijo, se hayan desatado las tormentas y puesto en «busca y captura» al «traidor» que les ha destrozado la estrategia de presión al gobierno que ya les funcionó en 2018.

Es cierto que las entidades financieras tienen capacidad para evitar el pago, tal y como publicamos en Diario16. Cuando Pedro Sánchez realizó previsiones de recaudar 3.500 millones por este impuesto, se pisó el terreno en el que se puede quedar muy corto porque tanto la banca como las energéticas u otras empresas del IBEX35 tienen recursos para, incluso, evitar el pago de dicho impuesto.

Pedro Sánchez es economista de formación, incluso dio clases durante un breve espacio de tiempo en la universidad. Parece mentira que habiendo estudiado lo que ha estudiado no sepa cómo las grandes empresas pueden modificar y manipular sus cuentas para dar menos beneficios o, incluso, pérdidas ficticias.

Por ejemplo, desde que Banco Santander tiene filiales fuera de España, sobre todo en Latinoamérica, el tipo de cambio de las divisas locales respecto al euro o la devaluación de la libra esterlina tras el Brexit ha estado provocando pérdidas millonarias. Sin embargo, el banco presidido por Ana Patricia Botín, en vez de incluir ese resultado negativo en las cuentas que presentan al mercado, se imputan a patrimonio. Esto es algo que hacen muchas grandes empresas.

Además, estas corporaciones pueden empezar a provisionar dinero por diferentes conceptos y con mil excusas y los beneficios serán menores por lo que la recaudación de ese impuesto especial no alcanzaría jamás la previsión de Pedro Sánchez de 3.500 millones de euros.

La banca tiene que pagar ese impuesto y mucho más, y, en caso de insumisión por su parte, Sánchez debe ser valiente y cobrarse la verdadera deuda que las entidades financieras tienen con la ciudadanía española: la totalidad del rescate bancario de 2012 que aún no han devuelto.