Se cierra el año hidrológico –que abarca de octubre de 2022 a septiembre de 2023– con un balance negativo. Pese a las últimas lluvias torrenciales, la sequía ha venido para quedarse. Durante este año hidrológico se han producido unas precipitaciones un 11 % por debajo del valor normal y han aparecido varios episodios de temperaturas récord.
Estos efectos del cambio climático agravan las consecuencias del elevado nivel de consumo de agua, en particular, para el riego de cultivos industrializados, cronificando el estrés hídrico que padecen muchas zonas de la península Ibérica. Ante ello, WWF ha pedido una estrategia de prevención frente a la sequía, pues esta impide mantener el suficiente almacenamiento para abastecer con garantías el elevado consumo de agua.
Según los últimos datos del MITECO, la reserva hídrica se encuentra al 36,5 % de su capacidad. Pese a que nuestro país cuenta con unas de las redes de infraestructuras hidráulicas y capacidad de embalse más importantes del mundo (unos 56.000 hm3 de capacidad máxima), muchas zonas padecen de forma reiterada situaciones de escasez severa de recursos.
En España el riego de cultivos industrializados se bebe casi el 80% de los recursos hídricos, esto hace de nuestro país uno de los territorios europeos con mayor sobreexplotación de sus aguas, y de los más afectados por estrés hídrico. La escasez de agua es especialmente grave en las cuencas del sur peninsular y mediterráneas, donde el consumo por la agricultura industrial resulta insostenible.
Compraventa de derechos de agua en medio de la sequía
Explica WWF que «prometer más agua con nuevas infraestructuras sólo alimenta la burbuja del agua y no soluciona el estrés hídrico. La mala gestión y la sobreexplotación son la cara oculta de la escasez de agua», razón por la que pide una gestión de la demanda del agua adaptada al impacto del cambio climático para prevenir de forma eficaz los impactos de la sequía.
Y es que la mala gestión del agua se traduce en falta de control por parte de las administraciones públicas de las extracciones legales e ilegales de agua y en mecanismos que generan un efecto perverso y polémico como la compraventa de derechos de agua en plena sequía.
Por el contrario, denuncia la organización, «las administraciones públicas tradicionalmente han afrontado las sequías a golpe de medidas urgentes con exenciones al pago del agua y ayudas directas a los sectores ganadero y agrícola», y considera que estas medidas deben destinarse de forma prioritaria a los más vulnerables frente a la sequía «como las fincas familiares de secano y ganadería extensiva. Y a medidas que favorezcan cambios estructurales en diversos sectores para que sean menos dependientes del agua».
Medidas para una gestión preventiva del agua
WWF plantea, entre otras medidas, incentivar un cambio del modelo agrario y de desarrollo rural, «reorientando fondos públicos (especialmente de la PAC) hacia producciones de alto valor natural (secano y ganadería extensiva), asegurando una renta digna para esas fincas».
También propone el control exhaustivo del uso del agua y del suelo «para cerrar todas aquellas extracciones ilegales que están robando el agua de nuestros ríos y acuíferos» y un plan urgente de reajuste del sector, con reconversión a secano u otras actividades alternativas que no precisan agua y medidas de mitigación.
Asegura WWF que durante décadas «no nos hemos preocupado de nuestra seguridad hídrica, pero la crisis climática está poniendo al descubierto las debilidades de la mala gestión del agua». Temen que si no se hace algo distinto, «nos enfrentamos a un futuro mucho más incierto y con mayores dificultades para garantizar los recursos con los que abastecer a la agricultura y la ganadería», lo que pondría en riesgo el suministro de agua potable y asegurar el mantenimiento de ecosistemas sanos y funcionales frente a la crisis climática y de biodiversidad que ya estamos padeciendo.
