La derecha declara la guerra al Tribunal Constitucional

En la ponencia que está a punto de ser debatida en pleno, el Tribunal Constitucional avala la ley orgánica 4/2021 que limita las competencias del Consejo General del Poder Judicial mientras permanezca en su estado actual, es decir en funciones. Y ha sido filtrarse la noticia y empezar el griterío mediático en el que se vocifera que esa decisión “supone el bloqueo del Tribunal Supremo y de las instancias judiciales territoriales”.

Mientras tanto, desde dentro, los magistrados conservadores con mayoría en la sala de vacaciones, han puesto piedras en el camino de las negociaciones para apoyar la investidura de Pedro Sánchez rechazando la admisión a trámite del recurso presentado por Carles Puigdemont contra la orden de su detención dictada por el Supremo el pasado 13 de junio. Ha comenzado la guerra contra la corte de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido.

Un bulo en las redes sociales en el que se dice que el Constitucional también va a sentenciar favorablemente la ley que activa el impuesto sobre las grandes fortunas ha provocado un aluvión de presentaciones de recursos que prácticamente ha colapsado los despachos de abogados fiscalistas. Un bulo, por otra parte, que carece de consistencia por un motivo concreto: la institución ni siquiera ha designado al ponente que deberá pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. Además, ni siquiera ha concluido el trámite de presentación de alegaciones de las partes. Pero todo vale cuando de lo que se trata es de desacreditar al organismo. La estrategia es la señalada por Esperanza Aguirre quien hace unos días dejó bien claro que “el Constitucional fallará siempre a favor de Pedro Sánchez mientras su presidente sea Cándido Conde-Pumpido”.

Alberto Núñez Feijóo ha repetido hasta la saciedad que si llega a la Moncloa una de las primeras medidas que adoptará será la de suprimir el decreto-ley, ya convertido en ley orgánica, que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial en lo que se refiere a la designación de magistrados del Tribunal Supremo, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. Por eso ha sonado la voz de alarma en Génova cuando ha trascendido que el Constitucional va a avalar la norma declarándola constitucional. Si eso sucede, y ocurrirá casi con toda probabilidad en septiembre cuando el pleno se vuelva a reunir, a Núñez Feijóo le será muy difícil derogar una ley que cabe dentro del marco constitucional y que está avalada por una de las instituciones que goza de mayor credibilidad en este país después del esfuerzo por ponerse al día efectuado por los magistrados en la pasada primavera.

En la hipótesis de que Núñez Feijóo alcance la mayoría parlamentaria como para formar gobierno, deberá convivir con un Constitucional que no es santo de su devoción. Todo lo contrario. El problema que tiene es que su renovación ha sido reciente y todavía ha de pasar un tiempo para poder introducir cambios en su composición. Si acaso, la designación de un magistrado por parte del Senado, que le corresponde al PP, que no variará la correlación de fuerzas. Seguirá con mayoría progresista y con Conde-Pumpido, declarado “enemigo público número 1” por parte de la derecha, de presidente.

De ahí que se estén lanzando bulos que no tienen consistencia alguna como el de que se va a declarar inmediatamente la constitucionalidad del llamado “impuesto a los ricos” lo que ha provocado un aluvión de peticiones de presentación de recursos en los despachos de abogados que han pillado a los bufetes en plenas vacaciones por lo que su trabajo se ha visto desbordado. Noticia “fake” donde las haya. Las comunidades de Madrid, Galicia y Andalucía han presentado recurso de inconstitucionalidad. El bulo, probablemente se deba a la inminencia de la designación del magistrado que deberá redactar el fallo. Pero nada más. Queda mucho, todavía, para un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, aunque al ritmo que van, es probable que pueda haber sentencia antes de final de año. Cabe recordar que este impuesto es complementario del de Patrimonio y tiene carácter temporal por lo que es probable que el Constitucional quiera actuar con diligencia para que no ocurra lo de otras veces: que el tribunal se pronunció cuando la normativa había perdido eficacia.

En cuanto a la constitucionalidad de la ley orgánica 4/2021 que limita la capacidad del CGPJ para nombrar jueces de las instancias superiores, el argumento es el de siempre. Que con esta decisión se impide actualizar los recursos humanos del Tribunal Supremo que lleva dos años en situación precaria, sin un 25% de efectivos. Además, hay que proceder a la renovación de los 17 presidentes de los tribunales superiores de justicia y cubrir las vacantes en algunas presidencias de las Audiencias Territoriales. La derecha está convirtiendo este asunto en su caballo de batalla argumentando que ese es el principal motivo por el que la justicia está colapsada aunque oculta que el problema no está sólo en la falta de jueces en el Supremo y las instancias superiores de justicia, sino en el bloqueo existente en todos los ámbitos de la administración de justicia debido a varias huelgas llevadas a cabo en el primer semestre del año: una por los letrados de la administración de justicia, que amenazan de nuevo con reactivar su conflicto, cada vez más politizado, y la otra la de los funcionarios donde cada vez existen más dudas sobre el carácter de la convocatoria. Aparte, claro está, de las amenazas de jueces y fiscales que obligó a incrementar sensiblemente sus retribuciones.

Pero la derecha oculta estas circunstancias a la opinión pública y busca un nuevo chivo expiatorio. Esta vez le toca al Tribunal Constitucional toda vez que el gobierno se encuentra en funciones y ni siquiera se sabe lo que ocurrirá en este otoño parlamentario. Quien podrá formar gobierno y si no habrá repetición electoral. Hay que buscar un enemigo y nada mejor que Cándido Conde-Pumpido, vilipendiado por los conservadores desde sus tiempos como fiscal general del Estado.