Como cada año, Transparencia Internacional, ha hecho público su Informe sobre la Percepción de la Corrupción (IPC) y España vuelve a salir muy mal parada, sobre todo en los últimos 4 años, en los que no se ha avanzado nada y se han perdido cuatro puestos desde 2020, situándose al mismo nivel que países como Botsuana, San Vicente y las Granadinas o Letonia.
La España de Pedro Sánchez está por debajo de países como Lituania, Cabo Verde, Bahamas, Chile, Bután o Emiratos Árabes.
Mientras tanto, países de nuestro entorno como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Alemania o Irlanda se encuentran entre los 10 con menores niveles de corrupción.
En concreto, España se encuentra en el puesto 36 a nivel mundial, uno por debajo del año pasado y cuatro respecto a la posición en la que se encontraba en el año 2020.
Según indica Transparencia Internacional, la situación de la España de Sánchez «pone de manifiesto las dificultades en la que aún se encuentran las políticas públicas en España para mejorar la prevención y lucha contra la corrupción. Sin duda, se puede afirmar que la corrupción continúa siendo un problema grave que debe poner en alerta a la ciudadanía y a los poderes públicos. Es preciso recordar que entre 2012 y 2018, la calificación de España cayó siete puntos. En el año 2019 experimentó una mejora, que pudo mantener en el 2020, pero que ha descendido hasta la puntuación obtenida en el IPC 2022 y en el IPC 2023. En este sentido, España no logra remontar a la puntuación que tenía hace ocho años, si bien la diferencia es mucho menor: seguimos con cinco puntos menos de los que logró en 2012, cuando su puntuación fue de 65/100».
Estos datos contrastan con el descenso de grandes casos de corrupción política. Gürtel, ERE, Púnica, Brugal, Campeón, Fabra, Enredadera, Palau, Pokémon o Lezo, por citar algunos nombres, son cosas del pasado. ¿Por qué la percepción de corrupción aumenta en la España de Pedro Sánchez? ¿Dónde está esa corrupción?
La administración pública que más desconfianza genera en la ciudadanía es la Justicia y, presuntamente, ahí es donde se podría hallar la respuesta a esas dos preguntas.
Jueces y fiscales son susceptibles de ser tocados por quienes tienen la capacidad de corromper y, sin embargo, nadie se ha atrevido a abrir ese melón, a auditar el patrimonio que pudieran tener los encargados de impartir justicia.
Además, se produce un hecho que genera desconfianza en la gente: son ellos mismos los que tienen la capacidad de ordenar ese tipo de investigaciones en el primer momento en el que simplemente haya indicios de que tal o cual juez o fiscal pudieran ser sospechosos de haberse corrompido. Del mismo modo, son ellos los que pueden frenar o bloquear cualquier tipo de investigación en este sentido.
La ciudadanía desconfía de los tribunales por el contenido de miles de sentencias que, a pesar de la presentación de pruebas sólidas, adoptan decisiones contrarias a esas pruebas. En España, por ejemplo, se han archivado causas sin tener en cuenta informes oficiales que eran incuestionables. En las altas instancias de la judicatura se han saltado la jurisprudencia europea de tal forma que en autos judiciales se ha llegado a afirmar que «el Tribunal Supremo trabaja en beneficio de los intereses del sector financiero». Incluso, ha habido salas que han dictado sentencias en las que se reconoce abiertamente que no se aplica un determinado artículo del Código Penal porque eso implicaría una condena para una gran empresa española.
Otra cosa que despierta las sospechas es que, a lo largo de una instrucción, haya jueces que dicten autos con una argumentación muy concreta y, en el momento de dictar sentencias, determinen lo contrario sin que se haya presentado un nuevo cuerpo probatorio. Es sospechoso, ¿verdad?
Este tipo de decisiones injustas genera la sensación ciudadana de que «los jueces están untados», una afirmación que, de igual modo, es injusta con una mayoría de jueces y fiscales que están absolutamente limpios. Sin embargo, las acciones de los que presuntamente están «tocados» hace que la generalización sea inmediata.
¿Todos los jueces y fiscales son corruptos? No, evidentemente, no, pero el contenido de miles de sentencias hace muy difícil pensar en lo contrario.
