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La OCU desmiente las acusaciones vertidas por FACUA sobre su actuación corporativa

La Organización afirma que ha cumplido escrupulosamente con la legalidad vigente en todas sus actuaciones a lo largo de más de 47 años de trayectoria de trabajo en defensa de los consumidores y anuncia que llevará a cabo cuantas acciones legales estén en su mano para defender su imagen, su honor y el interés de sus socios

Juan Carlos Ruiz
Juan Carlos Ruiz
Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información
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análisis

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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha desmentido de forma rotunda «las informaciones tendenciosas vertidas por FACUA que han tenido reflejo en distintos medios de comunicación y redes sociales poniendo en entredicho el buen nombre y su trabajo en favor de los consumidores».

Desde el comienzo de su actividad, OCU mantiene que ha cumplido de forma escrupulosa «con todas las obligaciones impuestas que garantizan la independencia de sus actuaciones. En particular con las obligaciones que impone la Ley General de Defensa de los Consumidores (LGDCU) en materia de transparencia en el marco de colaboración con los operadores de mercado a través de acuerdos o convenios, que siempre han tenido como finalidad exclusiva la información de los consumidores y la mejora de su posición en el mercado y que se depositan en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores para garantizar los requisitos de independencia y transparencia que establece la Ley».   

Según la OCU, «todas las actividades llevadas a cabo de forma legítima tienen como objetivo mejorar la posición en el mercado de sus socios y de los consumidores en general facilitándoles el acceso a diferentes bienes y servicios en mejores condiciones de información y de mercado, garantizando la independencia de la organización». Se trata, afirma, de «actividades que son comunes y generalizadas en la actuación habitual que llevan a cabo organizaciones modernas de consumidores europeas con acreditada trayectoria en la defensa de los derechos de los consumidores y con sujeción a la legalidad de los distintos países europeos». En este sentido, recuerda que «la legislación española es bastante garantista y asegura que los acuerdos con empresas no merman la independencia de las asociaciones que los firman».

Asimismo, manifiesta que ha cumplido «con todas sus obligaciones y proporcionado al Ministerio de Consumo toda la información requerida sin que hasta el momento tenga conocimiento de ningún expediente sobre sus actuaciones que se ajustan a la legalidad».

«Pretenden imponer un modelo único»

OCU denuncia los «ataques injustificados» de organizaciones de consumidores «que pretenden imponer un modelo único de defensa de los consumidores, con una clara finalidad de utilización política del mismo, que atenta contra la pluralidad democrática y se aleja del principio de independencia política que establece la normativa española».

Al tiempo, dice defender «un modelo de organización fuerte e independiente basada en la financiación de sus socios frente a otras asociaciones que necesitan de las subvenciones públicas para su subsistencia y que son capaces de cualquier cosa a costa de mantener o aumentar su cuota de recurso públicos para garantizar su existencia».

OCU anuncia actuaciones legales para defender su honorabilidad

OCU ha reafirmado «su compromiso de más de 47 años de trabajo en defensa de los consumidores gracias a la confianza depositada por sus socios ha contribuido de manera decisiva a proteger de forma eficaz los derechos de los consumidores y el avance social a través de sus denuncias, demandas judiciales y modificaciones legales en favor de estos».

Desde la organización avanzan que «nada, ni nadie va a conseguir parar nuestro trabajo. Siempre desde el respeto de un movimiento consumerista plural y el diálogo con autoridades y empresas buscando cambiar el mercado en favor de los consumidores»

Por último, OCU anuncia que llevara a cabo cuantas actuaciones legales estén en su mano «para defender su honorabilidad y buen nombre y parar los mezquinos intentos de impedir el cumplimiento de su objetivo exclusivo que es la defensa y representación de los consumidores de este país».

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