La presunta estafa de 500 millones de la Ciudad Financiera del Santander

Tal y como hemos publicado en Diario 16, hay una guerra desatada por el Santander para tratar de anular la adjudicación de la Ciudad Financiera a los hermanos Reuben, empresarios británicos con una de las mayores fortunas del Reino Unido.

Sin embargo, los escándalos de la Ciudad Financiera del Santander no son nuevos, sino que se remontan al tiempo de la compra de los terrenos en Boadilla del Monte en Madrid sobre los que se levantó el complejo empresarial.

La Ciudad Financiera se levanta sobre 230 hectáreas que fueron compradas por el Santander a un precio medio de 24 euros el metro cuadrado, lo que hace un total de algo más de 55 millones de euros. Aunque la cifra pueda parecer astronómica, en realidad el precio pagado por el Santander fue solamente del 10% del verdadero valor, ya que fue calificado como terreno rústico.

No obstante, el verdadero valor de cada metro cuadrado era de 270€ euros, exactamente el que le correspondería como terreno edificable sin urbanizar de uso comercial y servicios. Ese valor es el que figuraba en los informes de los que disponía el Santander. Si el Santander hubiera pagado el precio real del mercado de los terrenos hubiese tenido que desembolsar 600 millones de euros.

Por tanto, el Santander se ahorró en la compra de los terrenos más de 550 millones de euros. ¿Cómo es posible que se compren por 55 millones unos terrenos que costaban más de 600 millones de euros?: induciendo a vender a precios bajos de suelo rústico haciendo creer a los propietarios que los terrenos no serían nunca recalificados y que se mantendrían siempre como rústicos.

Eso es lo que hizo el Santander con la ayuda del arquitecto Leopoldo Arnaiz Eguren que contrató el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para desarrollar su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Leopoldo Arnaiz convocó a los propietarios del suelo el día 23 de julio de 1997 y les hizo creer que sus terrenos rústicos no serían recalificados como urbanizables. De esta forma se les indujo a vender sus terrenos a un precio mucho más bajo que si fueran urbanizables de uso comercial y servicios.

Los propietarios, creyendo que sus terrenos no serían recalificados, empezaron a recibir las ofertas de los testaferros de Leopoldo Arnaiz para comprar los terrenos, propuestas que oscilaban entre los 6 y 24 euros el metro cuadrado, cuando, según informes del Santander el precio del metro cuadrado edificable sin urbanizar de uso comercial y servicios era de 270 euros.

A través de sociedades pantalla (Gamayalde, Gamavilla, Beltraex Nexo, Proar, Copae, Gamadortiz, Fersa Gestión, etc.) controladas por testaferros de Leopoldo Arnaiz (Constantino Díaz González, Carlos Serrano Altimiras o Félix Ruiz Salinas) se fueron comprando los 2,3 millones de metros cuadrados a precios de suelo rústico.

Después de la compra de los terrenos calificados como rústicos, el Santander y el Ayuntamiento de Boadilla, ambos con el asesoramiento del arquitecto Leopoldo Arnaiz y sus sociedades (Arnaiz Consultores, Arnaiz Desarrollos Inmobiliarios y Gestión 1950, Ingorma) en manifiesta incompatibilidad, firmaron el 4 de diciembre de 1998 un convenio urbanístico para la recalificación de los terrenos como urbanizables para que el Santander edificara su sede central. Más tarde, la recalificación recibiría el visto bueno de los órganos urbanísticos de la Comunidad de Madrid.

Esta presunta estafa y otras causas judiciales relacionadas con blanqueo de capitales, fraude fiscal, delitos societarios, tráfico de influencias, etc. fueron investigadas por los juzgados de instrucción de Móstoles y el 35 de Madrid, ante los que declararon Constantino Díaz y Rosa Llano y destaparon la trama para inducir a los vendedores de los terrenos para conseguir la venta a precio muy inferior al que hubieran exigido de haber conocido que los mismos serían recalificados para construir la Ciudad Financiera del Santander. El arquitecto fue absuelto.