El PSOE ha pedido al magistrado Manuel García Castellón, instructor de la Audiencia Nacional que investiga la llamada “policía patriótica”, una trama creada por altos cargos del ministerio del Interior de la época de Mariano Rajoy, que impute a sus dirigentes por haber “perseguido” ilegalmente a la familia de Pedro Sánchez. Pero la petición no parece tener visos de prosperar porque el juez no se ha pronunciado sobre una instrucción que hasta el 18 de abril mantuvo secreta y, además, hay otras piezas separadas abiertas en otros juzgados donde caben los hechos descritos por el Partido Socialista que ejerce la acusación particular en la llamada “operación Kitchen” en la que ya están procesados el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado para la Seguridad, Francisco Martínez, altos cargos policiales y el excomisario José Manuel Villarejo en uno de cuyos audios intervenidos hay una conversación con Martínez de la que se desprende que pensaban espiar a la familia del presidente del Gobierno para destruir su reputación. El magistrado abrió una pieza separada con el contenido de estas conversaciones, en septiembre de 2022. La unidad de asuntos internos de la policía le remitió un informe donde analiza las grabaciones de estas conversaciones entregadas por el empresario, Javier Pérez Dolset, una de las víctimas de Villarejo. El instructor no se ha pronunciado sobre este informe.
De las grabaciones se desprenden numerosas conversaciones en las cuales los responsables de Interior, y más concretamente el secretario de Estado, Francisco Martínez, encargaron al excomisario de policía trabajos de espionaje a independentistas catalanes, dirigentes de Podemos, así como la búsqueda de pruebas sobre la financiación irregular del Partido Popular con el fin de destruirlas. En las dos horas de conversaciones grabadas se han encontrado, también, encargos de investigación sobre las actividades empresariales del padre de Begoña Gómez, la esposa del presidente. En su escrito el PSOE denuncia que “la investigación desarrollada por funcionarios, y con dinero público del ministerio del Interior, tenía única y exclusivamente fines partidistas, sin guardar ningún tipo de relación con las funciones que legalmente tiene atribuido el ministerio del Interior, pues en nada afectaba a la seguridad del Estado”.
En el sumario se incluyen algunos de los hechos investigados en la llamada “operación Kitchen”, la que se llevó a cabo por orden del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para obtener ilícitamente la documentación en poder de Luis Bárcenas, entre otras su agenda personal, el libro de contabilidad del PP, notas sobre la financiación irregular de las campañas en Madrid, y apuntes relacionados con la tesorería nacional del partido.
También, pruebas sobre los encargos ya investigados en la llamada “operación Catalunya” donde se busca desprestigiar al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, a través de las denuncias presentadas por la exnovia de uno de sus hijos, la existencia de depósitos bancarios en Suiza a nombre de Convergencia i Unió, las cuentas que luego resultaron ser falsas del exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, y la extorsión a los gestores de la Banca Andorrana para obtener información sobre las cuentas de la familia Pujol.
También figuran conversaciones en las cuales se encargan trabajos a Villarejo para desprestigiar a los dirigentes de Podemos mediante acusaciones de financiación irregular, y la falsificación de cuentas con dinero procedente del régimen chavista. Algunos de esos trabajos fueron publicados por El Mundo y OK Diario. Esas informaciones sirvieron de base para la investigación que llevó a cabo el propio García Castellón contra Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero que la sala de Lo Penal ordenó su archivo calificando de “prospectiva” la investigación del juez.
Estos audios de las conversaciones de Villarejo con altos cargos policiales y del ministerio del Interior no suponen novedad alguna. Lo relevante es que las diligencias previas de García Castellón pueden acabar solapándose con otras piezas separadas del mismo sumario así como con las que investiga el juez número uno de Barcelona, Joaquín Aguirre. De ahí que exista la creencia del escaso recorrido judicial que tiene la instrucción. Y más después de que el magistrado haya rechazado imputar a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal, aunque ambas personas son citadas en esas conversaciones. La sección de instrucción especializada número 2 de Andorra investiga la operación la contra la Banca Privada Andorrana (BPA), entidad financiera que tuvo que cerrar después de las presiones que sufrió para que informara sobre fondos y cuentas que tenían líderes independentistas y la familia Pujol. Ha remitido una comisión rogatoria a España para poder interrogar a Rajoy, que ha sido rechazada por las autoridades judiciales por lo que es prácticamente imposible que García Castellón, que fue obligado a citar a Dolores de Cospedal “como testigo”, llame al expresidente del Gobierno.
Por todo esto se puede deducir que esta pieza separada del Caso Villarejo tiene escasas posibilidades de prosperar por lo que la acusación del PSOE tendrá que recurrir a otras instancias si quiere que se investiguen las actividades ilícitas del ministerio del Interior en lo que a la familia de su mujer se refiere.
La única probabilidad de conocer lo que realmente pasó en las dependencias de Interior sobre a una hipotética campaña de desprestigio contra los familiares de Begoña Gómez es lo que pueda aportar José Manuel Villarejo. Pero lo más probable es que el policía calle. Queda la posibilidad de que, en la comisión de investigación creada en el Congreso de los Diputados sobre las persecuciones al independentismo catalán, salga a relucir este asunto. Pero en lo que se refiere a la sede judicial es muy difícil que prospere la petición de los socialistas. Independientemente de la controvertida personalidad del juez responsable, Manuel García Castellón no es muy proclive a incluir nuevos asuntos en las investigaciones que lleva a cabo salgo que tengan significativa relevancia. Cosa que mucho nos tememos, para él no lo es.
La investigación judicial sobre la policía patriótica está siendo poco rigurosa. Esta red, creada por altos cargos de Interior en la época de Mariano Rajoy, no interesa a la judicatura. Y mucho menos se investigarán las infiltraciones de agentes policiales, entre mayo de 2020 y otoño de 2023, en los movimientos sociales Distrito 104 y Movimiento Antirrepresivo, anticapitalistas conocidos por su lucha en favor de una amnistía total, que acaban de ser denunciadas por los medios de comunicación. Y luego dicen que el desprestigio de la justicia sólo se debe a la situación del Consejo General del Poder Judicial. Son las decisiones de los propios jueces las que han generado esta percepción ciudadana.
¿Como va a investigar Monipodio a los que andan por su patio?. La historia reciente demuestra que las altas instituciones del Estado están copadas por delincuentes intocables y que el artículo 9 de la Constitución es papel mojado. Los jueces corruptos son una pieza fundamental de este sistema.
A este togado salva patrias sólo le dan credibilidad los medios afines al PP, o sea la inmensa mayoría de ellos.
Que se presente a unas elecciones y una vez elegido que se dedique a hacer política y no la haga desde un poder que está para otras cosas
Pero … es que alguien esperaba algo de este elemento??? Por qué le caen todos los pprocedimientos???? Alguien le investiga??? Solo Garzón y Liaño???