En realidad, la llamada “Sala de Vacaciones” del Tribunal Constitucional no es una sala como tal sino una sección. La diferencia es simple. La sala la componen seis magistrados y la sección tres. La que ha sido utilizada torticeramente por “el Partido de la Justicia”, la tendencia judicial conservadora, para rechazar el recurso de amparo de Puigdemont y Comín no es una sala como tal sino una sección porque son tres los magistrados adscritos. Aún así, se ha permitido el lujo de poner obstáculos en un momento político delicado: cuando se está intentando negociar que Junts Per Catalunya, el partido del expresident, vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Sus siete diputados son fundamentales. Diputados que están muy cabreados por la decisión de los jueces. Unos jueces que, de esta manera, se han cargado todo el trabajo que ha llevado a cabo el presidente Cándido Conde-Pumpido para recuperar la credibilidad de una institución muy deteriorada por las polémicas decisiones adoptadas por el anterior titular, Pedro González-Trevijano.
La Corte de Garantías vuelve a ser cuestionada por los que piensan que debe desaparecer y ser sustituida por una nueva sala en el Tribunal Supremo. De ahí la reacción que se va a producir. Cuando los magistrados vuelvan de las vacaciones, en septiembre, Conde-Pumpido piensa modificar la estructura y el funcionamiento de la Sala de Vacaciones para que sean imposibles gestos como el que han tenido Espejel y Tolosa que no sólo han destruido todos los esfuerzos llevados a cabo en la primavera para recuperar la reputación del tribunal, sino que prácticamente se han cargado las competencias de la sala de vacaciones la han dado la puntilla a la sección, como así se debe de denominar en realidad.
Según la definición del diccionario panhispánico del español jurídico, la sala de vacaciones “se forma en los tribunales colegiados durante el período en que los tribunales interrumpen su actividad ordinaria y que asume las atribuciones de las salas de gobierno y de justicia, procurando que haya magistrados de las diversas salas”. Un acuerdo del 6 de julio de 2023 del pleno del TC establece que “durante los períodos de vacaciones quedará constituida una sección, compuesta por tres magistrados”. Dicha sección funciona como una sección ordinaria, y por tanto su función es la de decidir la admisibilidad o inadmisibilidad de los procesos constitucionales en función de si existen o no fallos de forma según argumentan fuentes del Constitucional.
Siendo así, la clave para adoptar la decisión de la inadmisión a trámite de los recursos de Puigdemont y Comín reside en que éstos pidieron medidas cautelarísimas por lo que la sección estaba en disposición de decidir. Esta es la justificación de Espejel y Tolosa para adoptar la resolución. “La petición de medidas cautelarísimas justificaba la urgencia para tomar la decisión sin esperar a la reanudación del periodo ordinario de actividad del Tribunal”, señalan las fuentes del TC consultadas por varios medios digitales.
Hasta ahí todo correcto desde el punto de vista formal. Pero la crítica viene por parte de la magistrada que emitió un voto particular. La interpretación de la urgencia al pedir medidas cautelarísimas es diferente para Laura Díez quien no ve necesario resolver la admisión a trámite pedida, aunque en la misma se incluyan medidas cautelarísimas. Hubiese sido admisible el rechazo a adoptar ese tipo de medidas que rara vez se suelen aceptar y haber dejado para el pleno el debate sobre el fondo del recurso.
La sospecha sobre de que a los magistrados Espejel y Tolosa les ha convenido dar carpetazo a la demanda por razones políticas es evidente. Y el descrédito provocado por tal decisión también. El Constitucional salió muy tocado de la resolución adoptada por el anterior presidente, Pedro González-Trevijano, cuando admitió a trámite el recurso presentado por el PP, con las dichosas medidas cautelarisimas incluidas, contra la decisión del gobierno de modificar el sistema de elección de miembros del TC tras el bloqueo que estaba llevado a cabo la derecha judicial. La modificación se estaba debatiendo en el Congreso y el Senado y fue anulada de plano lo que se interpretó como una injerencia en el trabajo parlamentario por parte de los jueces del Constitucional que estaban en funciones. Se llegó a hablar de un verdadero “golpe de mano” y, una vez más como ha sucedido a lo largo de la anterior legislatura, se generó una grave crisis institucional. El pánico que entró en el mundo judicial resolvió el asunto cuando los vocales del CGPJ que eran los que habían bloqueado el nombramiento de dos de los magistrados, pusieron fin a dicho bloqueo proponiendo dos nuevos candidatos.
Ahora viene a suceder algo parecido. La decisión de una sección, que no sala, del Constitucional tiene sus consecuencias políticas en el momento mas delicado del proceso de constitución del parlamento que comenzó cuando concluyeron las elecciones del 23 de julio pasado. Las instituciones vuelven a estar en entredicho y los miembros del TC no están dispuestos a tener que soportar un nuevo descrédito.
La solución pasará, primero, por admitir el recurso a la decisión de Espejel y Tolosa presentado por la fiscalía. Y anularla en un pleno. A partir de ahí toca replantearse la composición de esa sección, o sala de vacaciones, o como se quiera llamar, que volverá a entrar en funciones en el periodo navideño, del 24 de diciembre al 6 de enero. Habitualmente la “Sala de Vacaciones” la componen representantes de las salas ordinarias. No pueden decidir sobre el fondo de las cuestiones que se plantean sino sobre la forma de estas. Y lo que ahora se va a hacer es concretar más las competencias para evitar que, en lo sucesivo, vuelvan a ocurrir lamentables sucesos como este.
