¿Tiene España un problema con la ocupación ilegal de viviendas? No se puede negar que es un fenómeno que se está dando y que genera miedo en la población, sobre todo si desde la derecha populista y la extrema derecha se hace bandera política.
La realidad es que el gran problema de España no es la ocupación, sino que es el propio parque de viviendas, sobre todo cuando hay grandes tenedores (millonarios, grandes fortunas, bancos y fondos buitre) que acaparan un tercio del parque de viviendas registrada desde el año 2015. Además, una parte importante de esas casas permanecen cerradas para que sus dueños puedan especular en espera de que el mercado inmobiliario alcance valores que garanticen una rentabilidad.
Mientras esto ocurre, las víctimas de la crisis de 2008, las clases trabajadoras que tienen que subsistir con salarios más propios de un país del tercer mundo que de lo que se esperaría de la cuarta economía de la Unión Europea o los jóvenes que ni se pueden independizar ni crear un proyecto de vida no disponen de la posibilidad de disponer de una vivienda, ya sea en propiedad, ya sea a través del alquiler.
Muchas familias se han visto obligadas a ocupar viviendas, lo cual es ilegal e injustificable, pero no en los niveles que el populismo de líderes de la derecha, como Isabel Díaz Ayuso, o de la extrema derecha hayan lanzado una campaña para generar miedo en la ciudadanía y, sobre todo, para ideologizar un problema que nada tiene que ver con la política, sino con las medidas que deberían aprobar los organismos públicos para cumplir con el artículo 47 de la Constitución Española.
El último ejemplo de ello lo dio la Comunidad de Madrid que el pasado mes de julio puso en marcha un servicio telefónico dedicado en exclusiva para tratar el tema de la ocupación ilegal de viviendas.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Isabel Díaz Ayuso, Enrique López, subrayó que la Comunidad de Madrid antepone los legítimos intereses de todas las víctimas de la ocupación ilegal de viviendas frente a quienes las usurpan. «El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso pone a disposición de los ciudadanos todos los recursos que, dentro de sus competencias, nos permite luchar contra uno de los pilares del Estado de Derecho, como es la propiedad privada». Según el consejero, en apenas dos meses, ese servicio recibió 800 llamadas. Casualmente, el PP defiende la propiedad privada en este asunto pero no se opone a que la Abogacía del Estado afirme en los tribunales europeos que ese derecho no es absoluto cuando se trata de defender los intereses de los bancos.
Sin embargo, los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial desmienten, tanto la alarma derivada de la campaña de la derecha «ayusista» y los ultras. En el segundo trimestre de 2022 ingresaron en los órganos judiciales 779 procedimientos de este tipo, un 26,2 % menos que el año anterior, y se resolvieron 820. Cataluña fue la comunidad con un mayor número de demandas (178) que representan el 22,8 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 148; Comunidad Valenciana, con 114; y Madrid, con 59.
Poniendo en relación el número de procedimientos ingresados con la población, se obtienen los siguientes datos:
Por tanto, según los datos del CGPJ, Madrid es una de las comunidades autónomas donde hay un menor porcentaje de ocupaciones ilegales. En concreto, 0,9 por cada 100.000 habitantes.
Se trata de un problema que, precisamente, Ayuso y su gobierno tienen la capacidad de resolver con la ampliación del parque público de viviendas. No hay que olvidar que fue la propia Comunidad de Madrid la que vendió a Goldman Sachs 2.935 viviendas públicas por 201 millones de euros, operación que fue declarada nula por la Justicia cuando ya gobernaba Isabel Díaz Ayuso y el fondo ya había vendido 1.213 viviendas.
La creación de parques de vivienda pública es responsabilidad y competencia de las comunidades autónomas. Entonces, si el problema de España es la carencia de viviendas y la ocupación ilegal apenas supone una mínima parte, ¿por qué el gobierno de Ayuso no ataja el problema con inversiones en ofrecer a su ciudadanía la libertad de poder disponer de un techo para vivir? ¿Por qué Isabel Díaz Ayuso no lo hace? ¿No será que su preocupación por defender a las rentas altas y la reducción de recaudación por la bajada suicida de impuestos les deja sin recursos?
