Todos coinciden en que, al final, será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que decidirá sobre la legalidad de la proposición de ley de amnistía que el Congreso de los diputados ha tomado en consideración.
El Partido Popular es consciente de que la vía de la justicia europea es la única salida posible a la oposición activa que lleva a cabo contra la iniciativa socialista, una vez agotadas las posibilidades de que el Parlamento rechace la ley, incluso aun teniendo la potestad de vetarla en el Senado.
La derecha judicial, por su parte, maneja la cuestión prejudicial, que el Tribunal Supremo solicitará, consciente de que el Constitucional avalará la ley. Y la Comisión Europea, que el año que viene inicia su proceso de renovación que debe de concluir antes de junio, paralelamente a las elecciones al parlamento de Estrasburgo, no quiere pronunciarse sobre un asunto en el que el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dicho, en multitud de ocasiones, que es una cuestión interna de un “socio de los 27”.
El TJUE deberá tener en cuenta algunos puntos ajenos al procedimiento sobre el que sus jueces deberán sentenciar. Uno de ellos es la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEHD, que tiene sobre la mesa una demanda presentada por dos líderes del “procés” en la que se dilucida si las actuaciones policiales y resoluciones judiciales llevadas a cabo durante el procés fueron contrarias al artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos. En el supuesto, bastante probable, de que Estrasburgo falle a favor de los demandantes, El TJUE deberá tener en cuenta dicho fallo. Además, todavía se desconoce el sentido de las contestaciones de la abogacía del Estado al cuestionario remitido por el TEDH al gobierno en el que se pide al Estado que aclare si esas actuaciones judiciales se dictaron conforme a la legislación europea en materia de derechos humanos.
Todavía se desconoce el alcance que puede tener esa sentencia, pero lo cierto es que influirá en la del TJUE. El recurso ante la máxima institución judicial del Viejo Continente es seguro. La proposición de ley de amnistía faculta a los jueces para que ejecuten la medida de gracia. Bajo esa premisa, la sala segunda de Lo Penal del Tribunal Supremo demandará una cuestión prejudicial al tribunal con sede en Estrasburgo. Algún medio de comunicación cercano a la derecha ha adelantado que los abogados de Carles Puigdemont han elaborado los argumentos que expondrán ante la corte europea. Creen que el TJUE no debe admitir a trámite esta cuestión prejudicial porque ya se ha pronunciado sobre este tema en otras sentencias. La misma proposición que estudia el Congreso, en su exposición de motivos, hace referencia a sentencias anteriores en las que el TJUE se ha manifestado sobre otras leyes de amnistía y sus efectos. Es lo que se denominan “actos aclarados”. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia del 29 de abril de 2021, no solo reconoce la posibilidad de la existencia de amnistías, sino que, además, establece que la misma tiene por finalidad “despojar de su carácter delictivo a los hechos a los que se aplica, de tal modo que el delito ya no pueda dar lugar al ejercicio de acciones penales y, en el caso de que se haya impuesto una condena, poner fin a su ejecución”.
Pero para llegar a este punto, todavía se han de dar una serie de pasos tanto políticos como judiciales. Independientemente de que la derecha hará todo lo posible por aplazar la entrada en vigor de la ley utilizando, para ello, el Senado donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta, lo cierto es que todavía quedan pendientes algunos recursos. El más importante es el del Tribunal Constitucional. Los conservadores creen que hay pocas esperanzas de que, en esa instancia, prosperen sus iniciativas. El PP va a designar, con carácter de urgencia, al magistrado vacante que les corresponde. Y confían en que los miembros de la corte de garantías nombrados por el Gobierno, Juan Carlos Campo y Laura Díez, se abstengan. Uno porque fue miembro del ejecutivo socialista en calidad de ministro de Justicia, y Díez porque participó activamente en la administración catalana. Si ambos no se apartan de los debates, los populares pedirán la recusación. Sólo en el supuesto de que prosperase, los magistrados progresistas quedarían en minoría en el pleno. Y entonces sí podría tomarse en consideración la demanda de los populares quienes, de todas maneras, tienen pocas esperanzas de que la operación acabe por prosperar.
La derecha confía más en las acciones que llevan a cabo en Europa donde, en algunos sectores políticos, se ha asumido su argumento de que la amnistía implica acabar con la separación de poderes a la vez que supone el final del estado de derecho en este país. Pero una cosa es que haya sectores políticos conservadores, como por ejemplo el Partido Popular Europeo, que están ayudando a sus homólogos españoles en su lucha contra la medida de gracia y otra, bien diferente, es que la Comisión Europea acabe por apoyarla, incluso teniendo en cuenta la mayoría conservadora del colegio de comisarios.
A la CE le quedan seis meses de mandato, igual que al Parlamento Europeo. A la vuelta de la esquina están las elecciones, y no es momento para adoptar decisiones controvertidas. El comisario de justicia, Didier Reynders, un liberal próximo a los conservadores, anda con pies de plomo sobre este asunto. Ha dicho que los servicios jurídicos de la Comisión van a estudiar las implicaciones de la norma una vez sea aprobada “porque puede haber modificaciones y enmiendas parlamentarias”. Es consciente de que eso sucederá en la primavera, justo cuando su mandato está próximo a expirar. Además, ha insistido en que la amnistía “es un asunto interno” y que sólo pueden cuestionarla si se perdonan delitos de malversación que puedan estar relacionados con los fondos que la UE ha desembolsado a España.
Sólo queda, pues, la vía de la justicia europea. Pero incluso es muy probable que ésta desestime el recurso que presentarán los tribunales españoles por lo que se ha dicho: que es un asunto sobre el que ya se ha pronunciado favorablemente a las medidas de gracia que ya se adoptaron, en su día, en otros países del viejo continente.
